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 | Acusación contra Moreno y Hurtado por 'chuzadas'
Casa de Nariño y DAS en cruzada contra políticos y magistrados
Por: Elespectador.com
La Fiscalía reveló cómo Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado habrían ideado la ‘guerra política’ que desataron las ‘chuzadas’.
Una verdadera cruzada contra magistrados, defensores de derechos humanos y políticos opositores al Gobierno habría emergido desde la Casa de Nariño y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, tras la concertación de una serie de delitos liderada por el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado, según lo denuncia la Fiscalía ante la Corte Suprema.
Para la jefe del ente de control penal, Viviane Morales Hoyos, fueron ambos exfuncionarios quienes lideraron el diseñado de un plan tendiente a la recopilación de información obtenida irregularmente en contra de sus víctimas, que luego sería utilizada como punta de lanza en contra de la honra de los perseguidos. Era esa la intención que al parecer se escondía tras la filtración de tales informes a medios de comunicación, hecho que en la mayoría de los casos derivó en señalamientos carentes de veracidad.
“Hurtado Afanador y Moreno Villegas organizaron, dirigieron y promovieron la concertación para cometer delitos en contra de las personas mencionadas, especialmente con el ánimo de obtener información ilegalmente a través de los organismos de inteligencia, para desprestigiarlos a través de la entrega de dicha información reservada a terceros y a los medios de comunicación”, dice el escrito de acusación radicado esta semana ante la Sala Penal.
Según el organismo acusador, hasta el primo del expresidente Álvaro Uribe, el condenado Mario Uribe Escobar, tuvo su parte en las actuaciones que se gestaban desde instancias del Ejecutivo en contra de magistrados y periodistas, aunque no se le atribuya precisamente a él responsabilidad penal en estos hechos.
Así lo demuestra el encuentro que, al parecer, sostuvo con la exsubdirectora de Operaciones del DAS Martha Inés Leal Llanos en Medellín, en una misión que tenía por objeto la obtención de información en contra del magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez, uno de los principales investigadores de la parapolítica que, principalmente, afectó a los congresistas pertenecientes a partidos que integraban la coalición de Gobierno.
Según la Fiscalía, la exdirectora del DAS le ordenó a Leal Llanos viajar a Medellín para reunirse con el senador Uribe y el abogado Diego Álvarez, defensor de José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, quien a la postre acusaría a Velásquez de ofrecerle beneficios procesales, a cambio de declarar en contra del entonces presidente Uribe; este desmovilizado sería el primero de otros tantos que reconoció haber sindicado falsamente al alto jurista de intentar comprar sus testimonios en contra de los procesados.
En el escrito presentado ante la Corte, el acusador da cuenta de un primer viaje de la exsubdirectora de Operaciones a la capital antioqueña, donde se le habría hecho entrega de un cúmulo de grabaciones tendientes a poder en la palestra pública al investigador y un segundo viaje para recoger un documento que le entregaría el entonces senador Mario Uribe y que luego sería enviado a recoger por parte de la Presidencia.
Con la presencia del exsecretario Moreno, el secretario de Prensa César Mauricio Velásquez, la exdirectora del DAS, entre otros altos mandos del Ejecutivo se habría producido la reunión de Casa de Nariño en la que estuvo presente el exparamilitar Severo López, alias ‘Job’, y su abogado Diego Álvarez; allí, dice la acusación, Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la administración Uribe, habría puesto de presente las grabaciones que pretendían incriminar a Velásquez en actuaciones irregulares que fueron filtradas a la prensa.
Desde ahí un primer indicio del intento por desprestigiar a los magistrados, en momentos en que ya se había desplegado el plan para adelantar acciones de inteligencia en contra de opositores como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, como aparentemente se los puso de presente Bernardo Moreno a María del Pilar Hurtado en una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2007 en el Metropolitan Club de Bogotá.
En momentos en que eran crecientes las desavenencias del Ejecutivo con el Judicial empezaron a acentuarse los seguimientos e interceptaciones. Así, dice la Fiscalía, se produjo la mentada reunión en Casa de Nariño en la que se discutió sobre la eventual vinculación de algunos magistrados con Ascencio Reyes, un hombre a quien se le atribuían nexos con un comerciante que en ese entonces había sido extraditado y rea investigado por narcotráfico.
Fue entonces, dice la Fiscalía, cuando surgió el denominado ‘Caso Paseo’, que fue como el DAS llamó el viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a Neiva en 2006, donde se le brindó un homenaje al entonces presidente de la corporación Yesid Ramírez, con la asistencia de varios de sus compañeros. Se presumía que Reyes había financiado gran parte del agasajo, por cuanto se impartieron directrices para determinar si había lazos económicos de éste con varios de los togados.
Bajo esta premisa, los imputados habrían tenido acceso a información ilegalmente entregada por la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, reportando transferencias financieras de magistrados a nivel internacional, a fin de encontrar algún nexo que comprometiese a los perseguidos con Reyes, de quien aún no se sabe a ciencia cierta si en realidad posee alguna vinculación con actividades ilegales.
“Los imputados ordenaron efectuar seguimientos patrimoniales y consultas en base de datos reservadas a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y otras personas, sin orden judicial ni motivo válido de inteligencia, al punto que convocaron reuniones para evaluar dicha información”, dice el escrito.
Desde ese momento, recuerda la fiscal Morales, empezó el seguimiento sistemático al ‘Caso Paseo’ y la cada vez más reiterada entrega de información a los medios de comunicación, que ponía en duda la trasparencia con la que actuaban algunos integrantes de las altas cortes, pese a que no existía certeza de sus actuaciones aparentemente irregulares.
En una de esas reuniones, en la que además de Moreno y Hurtado habrían estado presentes los exasesores José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman, al parecer se impartieron nuevas directrices específicas para que fuera la prensa la que pusiera en conocimiento del público los supuestos excesos de los magistrados, a quienes en ese momento y aún en la actualidad no se les había evidenciado indicio alguno de estar inmersos en actuaciones delincuenciales.
Tras el encuentro del 25 de abril de 2008, columnistas y reporteros habían empezado a reproducir estas historias, que eran el producto de los seguimientos ilegales a integrantes de las altas cortes, como Carlos Isaac Nader, Yesid Ramírez, Rafael Ostau de Lafont y José Alfredo Escobar, víctimas del denominado ‘Caso paseo’.
Y es que la Fiscalía sostiene a lo largo del escrito de acusación cómo ‘la guerra política’ a la que hacía referencia el investigador Misael Rodríguez consideraba a los medios como uno de su principales vehpiculos, toda vez que los datos irregularmente obtenidos acerca de los movimientos de sus perseguidos, en la mayoría de los casos, terminaba en las manos de periodistas que eran contactados por funcionarios del DAS, como Martha Leal, que tenían la encomienda de filtrar los resultados de sus procedimientos de inteligencia, por orden de la Dirección.
Aparentemente, el exsubdirector de Contrainteligencia también materializaba este tipo de tareas, que en algunas ocasiones, presumiblemente, también servirían de argumento contra los opositores en el Congreso de la República. Unas veces recurriendo a los propios congresistas y otros a periodistas, como al parecer lo demuestra una orden emergida desde el DAS “para filtrar a los medios de comunicación la información sobre financiación de la empresa Monómeros de Venezuela a la senadora Piedad Córdoba”.
“En marzo de 2008 Hurtado Afanador ordenó a Fernando Tabares y Martha Leal, que por instrucciones de la Casa de Nariño, se debía apoyar a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez en un debate que iba a realizar a Piedad Córdoba, para que toda la información disponible en el DAS sobre esta última se entregara a la entonces presidenta del Congreso”, señala el texto presentado esta semana en la Secretaría de la Sala penal de la Corte.
El mismo tipo de complot, insiste Viviane Morales, habría surgido frente a los seguimientos de los que también era objeto la exrepresentante Yidis Medina, quien había puesto en evidencia cómo a través de ofrecimientos a los congresistas se había abierto el paso el proyecto de la reelección presidencial, que si bien tenía un respaldo mayoritario en el legislativo, inicialmente no parecía tener el suficiente para salir airoso. El voto de la exlegisladora fue definitivo para evitar su hundimiento.
Así las cosas, reitera la acusación, la exdirectora del DAS habría promovido el poner de presente una falsa vinculación de la dirigente con el ELN, en medio de un complot que, adportas de ser descubierto, habría demandado de sí la necesidad de recurrir a un millonario soborno.
Al parecer, la sindicación en contra de la exrepresentante a la Cámara surgió a partir de la entrevista de un fotógrafo a una supuesta víctima de ese grupo insurgente que señaló ser testigo de la relación de la dirigente y los rebeldes; todo parece indicar que se trataba de una información falsa y que quien la promovió buscaba un beneficio económico para no poner en evidencia el origen irregular de la denuncia.
Según lo relató la fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, la exdirectora del DAS ordenó el pago de 20 millones de pesos a quien dio cuenta de estos falsos vínculos, a fin de que no revelara públicamente que se trataba de un plan para desprestigiar a la exparlamentaria, luego de confesar ante los medios de comunicación que había vendido su voto, para facilitar la aprobación de la reelección presidencial.
Al tener en consideración este ataque aparentemente sistemático a los perseguidos, la Fiscalía presentó cargos contra Bernardo Moreno por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, los mismos que cobijan a María del Pilar Hurtado, quien además será acusada de peculado por apropiacióny falsedad ideológica en documento público.
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Última edición por armando2007; 05-08-2011 a las 12:47:55 |