Efectivamente se les otorga el Indulto a más de 30.000 paramilitares, mediante la reglamentación de la Ley 1424, que fue aprobada el 29 de diciembre de 2010.


Después de muchos desmentidos y aclaraciones, finalmente el Vicepresidente le ganó la discusión al prepotente ministro del Interior, empeñado en esconder o disfrazar esta vergonzosa decisión judicial. Sí, era pato, aunque el ministro le ponga el nombre que quiera.


La oligarquía sigue cumpliendo los compromisos con el narco paramilitarismo. Esta herramienta del Terrorismo de Estado, ha sido la hermana siamés del Neoliberalismo que se ha aplicado en Colombia. Así
se logró descabezar y desarticular las organizaciones sociales y el movimiento político de oposición, para no tener obstáculos en la privatización del Estado y para que el capital transnacional lograra apropiarse de las tierras para sus megaproyectos de infraestructura, la industria extractiva minero-energética y los agronegocios.


Después de cerca de cuatro décadas de estar masacrando indiscriminadamente, cortando personas con motosierras, destripando gente para tirarlas a los ríos, botándole prisioneros a los caimanes, jugando fútbol con cabezas humanas o asesinando a destacados dirigentes populares; lograron asesinar a centenares de miles de colombianos, desaparecer a 250.000 personas, desterrar cerca de 6 millones de campesinos, expropiar más de 8 millones de hectáreas.


Para pagar todo este genocidio, ex presidente Uribe fue adecuando la legislación, para garantizarles la impunidad a todos estos mercenarios. Primero fue la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para favorecer a los capos y mandos medios de esos criminales, a quienes se les aplicaría penas entre 5 y 8 años, independientemente de los asesinatos y barbaridades que hubiesen cometido. El supuesto compromiso era contar la verdad y reparar a las víctimas.


A esa ley se acogieron cerca de tres mil asesinos, pero apenas se le ha imputado cargos a cuatrocientos y sólo se ha condenado a cuatro. Y como si fuera poca esta descarada burla a la justicia, próximamente, cerca de mil quinientos de estos criminales saldrán de la cárcel por vencimiento de términos.


A los principales jefes de esos criminales, los extraditaron a EEUU, para que sean juzgados por narcotráfico y negocien sus penas a cambio de entregar parte de sus riquezas mal habidas; mientras que se entierra las posibilidades para que se conozca los responsables del genocidio en Colombia.


Los victimarios no han contado la verdad, ni mucho menos, reparado a las millones de víctimas. Así se asegura la impunidad para los criminales de guerra, tanto los ejecutores materiales, como los ideólogos y autores intelectuales, que se siguen autodenominando “gente de bien”, y sientan cátedra en comportamientos morales y religiosos.


El presidente Santos, continúa con la obra del anterior presidente Uribe y ahora, con la nueva reglamentación de la ley 1424, se le da la impunidad a toda la tropa de los batallones de sicarios, que siguen desangrando al país.


El paramilitarismo fue concebido como una maquinaria para la muerte y la destrucción, estableciendo códigos de comportamientos degradados, en donde todo recluta es sometido a un “bautizo de sangre”, cometiendo crímenes despiadados con toda clase de sevicias, para probarle a su jefe y al grupo, su efectividad como asesino. Estas prácticas criminales son la razón de ser de estos grupos y su envilecimiento
llegó a tal punto, que para muchos se volvió una necesidad y un placer, hacer sufrir y matar gente todos los días, desangrando gota a gota a sus víctimas.


No hay paramilitar inocente, todos han cometido asesinatos atroces. Todos son criminales de guerra, comenzando por sus ideólogos, como el presidente Uribe y su otrora ministro de guerra Juan Manuel Santos.


Estos batallones de sicarios, ni siquiera serán encarcelados. Para quedar a paz y salvo con la ley, les bastará con llenar un formulario, en donde asumen “su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley”. A los 10 días de haber hecho este trámite, se les levantará la orden de captura.


El artículo cuarto de la ley 1424 dice: “Créase un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar.

La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo”.

Igualmente precisa la LEY de impunidad 1424 que ningún "tercero" citado en las declaraciones de paramilitares en el marco de dicho 'Acuerdo' podrá ser judicializado en base a esas informaciones: así se protegen los comanditarios del genocidio, los latifundistas, multinacionales y agentes del Gran capital... son los "terceros" por si llegara a nombrarlos algún empleado de su herramienta de asesinar.

Dice textualmente la LEY 1424: "La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. (Subrayado fuera de texto)


Ahora, el Alto Consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder, precisa el alcance de la ley: "La verdad contada por ellos (los paramilitares) será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado
por la Ley de Víctimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país". Cabe resaltar que el famoso "Centro de Memoria Histórica" depende directamente de la Presidencia, así está estipulado en la Ley: y uno se pregunta: ¿qué tipo de "memoria histórica" van a cocinar los principales dirigentes del genocidio?


Además, la ley establece: “Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad
económica de hacerlo.” Si los grandes capos, que acumularon decenas de miles de millones de dólares, no han reparado a nadie, mucho menos lo hará su maquinaria asesina, quienes han vendido su dignidad a cambio de un poco de dinero (sicarios).


La ley 975 absuelve a los capos del crimen, la ley 1424 perdona a los sicarios, la Ley de Víctimas, legaliza el despojo. Todas hacen parte del mismo paquete legislativo de la impunidad.



Así estén legalizando las anteriores generaciones de narco paramilitares, ellos siguen vivitos y masacrando, porque son la principal herramienta para el control social. El narco paramilitarismo es política de Estado, así le hayan cambiado el nombre por Bacrim.


¡Qué descaro! El mayor genocidio cometido en el continente no tendrá ningún castigo judicial. Sólo se recopilarán unas cuantas historietas. Las que quieran inventar los criminales, para guardarlas en los museos de historia. Así, los legisladores se arropan con la misma cobija de la impunidad.