A la cárcel exministro Andrés Felipe Arias En prisión permanecerá detenido el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias mientras se demuestra su responsabilidad o no en las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, AIS, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá lo cobijara con medida de aseguramiento.
El magistrado Orlando Fierro sostuvo que la plataforma estuvo cargada de irregularidades, al punto que antes de3 ser4 aprobada en el congreso, la cartera ya había celebrado el primer convenio con el Instituto de Cooperación Agropecuaria, IICA, por 3.000 millones de pesos, con la aquiescencia y responsabilidad directa del indiciado, toda vez que la Ley lo instaba a estar al frente de ese tipo de proceso.
Allí, sostuvo, se evidencia cómo desde la cartera se selló un primer convenio que comprometía recursos públicos sin que ni siquiera existiera certeza acerca de su eventual ejecución, por cuanto sobresale la precipitud y la manera aventurada con la que se actuó. El primero de los contratos se firmó el 11 de agosto9 de 2006, pero el legislativo solo dio su aval al desarrollo de AIS el 9 de abril de 2007.
El magistrado Fierro insistió en que aún cuando el ministro hubiese delegado la vigilancia del programa a varios funcionarios, no podía excusarse de su deber de controlarla, pues la Ley y la Constitución consagran en él toda responsabilidad contractual; de ahí que no hubiera lugar a aducir reparos basado en los principios de confianza y buena fe, que dejaran en sus subalternos la responsabilidad por los yerros.
Para el alto jurista, la actuación de Arias en el marco de la plataforma sí pudo darse en desmedro del patrimonio público, pues millonarios recursos del erario terminaron en manos de grandes productores agrícolas, pues se les otorgaron subsidios no reembolsales, sin siquiera llenar los requisitos para hacerse a los beneficios.
Frente a los argumentos de la Fiscalía, que documentaba cómo el dirigente pudo haber incurrido en la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, Fierro señaló que varias normas legales y la Constitución misma no cobijan la administración de recursos dentro de convenios de cooperación técnica y científica, que era el objeto que el Ministerio le atribuía al pacto contractual celebrado con el IICA.
Así las cosas, para el despacho es de recibo, como lo sugería la fiscal Vivianne Morales, que la naturaleza del pacto hubiese sido disfrazada para evitar la necesidad de convocar a licitación pública, pues la cartera escogió a dedo al contratista, alegando que el objeto de la concesión se lo permitía hacerlo y negando, de plano, que allí se le atribuiría al Instituto la responsabilidad de manejar recursos públicos.