La parte civil considera que su libertad podría ser contraproducente para el desarrollo de las investigaciones.
Víctimas de las ‘chuzadas’ insisten ante el Tribunal Superior de Bogotá que envíe a prisión al exsecretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, mientras se juzga su responsabilidad en esos hechos, por considerar que sus actuaciones podrían estar obstaculizando el desarrollo de las investigaciones.
El magistrado Luis Fernando Ramírez, en su momento, consideró que no ha habido muestras por parte del indiciado de que pueda evadir a la justicia dentro de este proceso y esto, sumado a la carencia de antecedentes penales en su contra, hacen innecesaria la imposición de una medida de aseguramiento en su contra, determinación que no fue objetada por la fiscal.
Al indiciado se le endilga su presunta incursión en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Al parecer, fue él quien presidió los encuentros de los cuales derivaron directivas para efectuar la persecusión irregular, que no solo pretendía estar al tanto de los movimientos de las víctimas sino envolverlos en actuaciones ilícitas que nunca cometieron.
En el curso de su intervención en la audiencia del pasado 24 de mayo, el defensor Jaime Granados sostuvo que Moreno no tenía mando sobre el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de ahí que no puedan atribuírsele los seguimientos ilegales que, se dice, se adelantaron desde el organismo de inteligencia, en sui propósito de controvertir la conducencia y pertinencia de imponer medida de aseguramiento contra el indiciado.
Dijo que en la reunión que sostuvo con la exdirectora de la entidad María del Pilar Hurtado, en la que también estuvieron presentes otros funcionarios al servicio de la Casa de Nariño, lo único que surgió fue la preocupación por la posibilidad de que narcotraficantes estuvieran infiltrando a la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto, dijo, no se trataba de sugerir que los magistrados mantenían nexos con la mafia sino de proteger al organismo, como a cualquier otro del Estado, de la posibilidad de que actores del crimen organizado se inmiscuyeran en sus labores.
Agregó que en el caso de la senadora Piedad Córdoba, los computadores del segundo al mando de las Farc Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, dejaban ver en su momento que la seguridad nacional podía estar en riesgo.
Así las cosas, el jurista precisó que no es conducente cobijar a su cliente con una medida de aseguramiento, porque no es factible su relación con los hechos materia de investigación y en nada se beneficia la justicia con mantenerlo privado de su libertad, entre otras cosas, porque no se trata de un delincuente peligroso que le huye a las autoridades sino de alguien que ha demostrado su decidida actitud de responder a las autoridades ante cualquier acusación.
Dijo que varias veces ha salido del país y no solo no ha pensado como una opción el refugiarse en el extranjero sino que rechazó una posibilidad de asilo, que se le presentaba por parte del Gobierno de Chile.