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 Denunciante Leyenda
 | Guerrilleros desmovilizados pidieron perdón por la toma de Mitú
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 |  Los ex insurgentes contaron cómo se planeó la toma que dejó casi 100 muertos en noviembre de 1998. Ex guerrilleros de las Farc, postulados a la ley de justicia y paz, pidieron perdón por la toma de Mitú (Vaupés), que dejó en noviembre de 1998 casi 100 muertos y 61 policías secuestrados. "Pido perdón a las víctimas y a sus familias", dijo Carlos Giovanny Sierra, quien hacía parte del cordón de seguridad del jefe guerrillero 'Romaña' (uno de los que dirigieron el ataque), y confesó que hizo parte de la incursión, pero que solo supo de su magnitud cuando vio sacar a decenas de muertos y heridos. "En un sitio después del Guayabero (Meta) nos reunieron con 'Jorge Briceño', 'Buendía' y 'Romaña'. Nos dicen que nos preparáramos para una acción militar. Nosotros estábamos lejos del pueblo. Sonó plomo dos días y nosotros solo veíamos que se sacaban heridos y muertos", aseguró el desmovilizado. Después de 13 años, a consecuencia de la toma, permanece secuestrado el sargento viceprimero de la Policía César Augusto Lasso y, aunque algunas versiones de liberados aseguran que fue asesinado, las Farc nunca han esclarecido la suerte que corrió el intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Además de la llamada 'operación Marquetalia', nombre con el que el 'Mono Jojoy' (abatido el año pasado en ataques del Ejército en el Meta) bautizó la acción, ex guerrilleros también confesaron una decena de tomas y una masacre, ocurrida en la vereda Mata de Plátano, en Caparrapí (Cundinamarca), en la que murieron 9 personas, el 13 de marzo de 1999. Para esta última, dijeron los desmovilizados, tenían una lista de nombres a los que se señalaba de ser colaboradores de paramilitares. Los postulados Norberto Benavídez, Luis Antonio Fierro, Édgar Linares Cifuentes y Orlando Casas aceptaron haber cometido también la toma de Uribe (Meta), que en agosto de 1998 dejó 8 militares secuestrados. Y la toma del municipio de Gutiérrez, también en Cundinamarca, que dejó 45 militares muertos el 8 de julio de 1999. Los ex guerrilleros también comenzaron a hablar de los nexos de la organización con políticos locales, y sus versiones fueron compulsadas por la Unidad de Justicia y Paz para que se investiguen. Según los desmovilizados, se convino con algunos políticos del municipio de Guayabal apoyos a cambio de otorgar contratos para la construcción de carreteras y arreglo de vías a quienes el grupo indicara.
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