Coronel (r.) Luis Fernando Borja Giraldo era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
Borja Giraldo se convirtió en el oficial de más alto rango condenado por el escándalo de los falsos positivos en Colombia.
Un juez de Sucre lo sentenció a 42 años de cárcel, que serán rebajados a la mitad porque el coronel se acogió a sentencia anticipada y aceptó su responsabilidad en la muerte de Fabio Alberto Sandoval Feria y Eleonais Manuel González Correa en noviembre del 2007. El oficial admitió que se trató de muertes premeditadas.
Se trata de una confesión clave, pues por primera vez un jefe de una unidad militar admite que las ejecuciones extrajudiciales una práctica común en al menos una región del país.
El primero de noviembre de 2007, tropas de la Fuerza de Tarea reportaron la muerte de dos guerrilleros en el corregimiento El Pantano, municipio de Galeras (Sucre). Allí, supuestamente, se incautaron un fusil AK-47 y una pistola calibre 9 milímetros.
Los dos muchachos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares. Como sucedió con decenas de víctimas más en la región, muchos de ellos antiguos desmovilizados de las Auc, los engancharon con falsas ofertas de trabajo en fincas´.
Borja admitió que historias similares se repitieron en otros 57 casos, en los que habrían muerto más de cien personas, y señaló en su declaración, el coronel Borja Giraldo salpicó a seis militares, entre oficiales, suboficiales y soldados.
Uno de ellos es el ex subcomandante de la Fuerza de Tarea de Sucre, mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona, quien fue llamado a juicio por la muerte de 11 jóvenes en Tolúviejo (Sucre). Las víctimas, entre las que hay un menor de edad, murieron entre julio y agosto del 2007 cuando fueron reclutadas para trabajar en una finca de la región. Después, fueron reportados como muertos en combate.
Por los crímenes coordinados con las tropas en la zona se acogió a sentencia anticipada el reclutador José Dionisio Ramos Castillo, alias 'Joselito Carnaval', quien fue condenado en el 2009 a 17 años de cárcel. Él confesó que les ofrecía 500 mil pesos por trabajar en fincas de la zona y que un soldado de la Fuerza de Tarea Conjunta le pagaba 100 mil pesos por cada víctima. Y Julio Enrique Chávez Corrales, otro de los supuestos reclutadores, tiene medida de aseguramiento.
También fueron mencionados por el ex oficial, los soldados Rafael Antonio Pérez Vargas e Iván Contreras, quienes serían los supuestos 'enlaces'.
fuente: ELTIEMPO.COM