Este mecanismo de justicia transicional fue evaluado por la Comisión de Paz del Congreso de la República, que este miércoles, sin profundizar en defectos y virtudes, consideró que la Ley de Justicia y Paz se debe “reformar de forma urgente” para convertirse en un marco legal para posibles procesos de paz. La principal preocupación que hace necesaria esta reforma consiste en que cerca de 1.500 desmovilizados de las Autodefensas, que se acogieron a esta ley, podrían salir de la cárcel por vencimiento de términos, sin recibir condena, sin que hayan contado toda la verdad sobre sus crímenes y, peor aún, sin reparar a sus víctimas, precisamente los propósitos iniciales de esta ley.
Así lo consideró el presidente de esta comisión, senador Roy Barreras (La U), al explicar que de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, “sólo hay un poco más de 400 que ya se les imputaron cargos y sólo hay cuatro condenados”.
Además explicó que las versiones libres pueden tardar tres años más y, para ese entonces, ya se habrán vencido todos los términos de la ley, que precisamente establecen penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión. “Sin reforma a la Ley de Justicia y Paz, saldrán a la calle todos los victimarios”.
No vence la acción penal, dice Gobierno
Otra posición tiene el actual presidente del Congreso, senador Armando Benedetti (La U), quien consideró que esta circunstancia no necesita reformar la Ley de Justicia y Paz, aunque admitió que habrá que estudiar los alcances del vencimiento de términos.
“Los procesos van de acuerdo con los procedimientos del Código Penal, en algunos casos, y toca ajustarse a eso”, dijo Benedetti.
El Gobierno controvirtió ese escenario al señalar que si los postulados a la Ley de Justicia y Paz no cumplen los propósitos de verdad y reparación, no pueden ser excarcelados porque se exponen a las penas de la justicia ordinaria, que para crímenes de lesa humanidad ascienden a 40 años de prisión.
Así lo explicó Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, al señalar que “la acción penal en este caso no vence con el término de la pena alternativa, que es entre 5 y 8 años, sino, por el contrario, vence con el término de prescripción de la pena por los delitos a que fue condenado (contemplados en el Código Penal vigente) y que establecen una pena bastante superior”.
Nuevas desmovilizaciones
Más allá de esta controversia, el senador Roy Barreras explicó otros dos inconvenientes de la Ley de Justicia y Paz que a su juicio ameritan una reforma de esta legislación.
La actual Ley, dice Barreras, no permite más desmovilizaciones de miembros de grupos armados ilegales. “Si queremos que se den nuevas desmovilizaciones masivas, también hay que reformar esta ley para que pueda recibir nuevos postulados”.
La tercera inquietud se concentra en la monetización de los bienes incautados a los victimarios, pues la legislación no establece mecanismos para que esos bienes se conviertan en dinero para el fondo de reparación a las víctimas.
La Comisión de Paz del Congreso tiene como propósito presentar esta reforma al Gobierno, en la mesa de Unidad nacional, para que se tramite en el Legislativo en la próxima legislatura.
Una discusión que podría ser más dilatada, si se considera la posibilidad de ampliar los beneficios de Justicia y Paz, por ejemplo, a miembros de bandas criminales, o hasta militares involucrados en procesos judiciales de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.