Rectores se oponen a esta disposición contenida en el proyecto de reforma a la educación superior.
La próxima semana estará listo el proyecto definitivo de articulado de reforma a la educación superior que el Gobierno presentará al Congreso el 20 de julio próximo, y que incorporará buena parte de las observaciones presentadas por los rectores de universidades públicas y privadas, además de otras propuestas recogidas en diferentes escenarios. El documento será compartido con los rectores el 14 de julio.
Así lo anunció la ministra de Educación, María Fernanda Campo, tras una reunión con representantes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y del Sistema Universitario Estatal (SUE), que se llevó a cabo en el Ministerio.
"Hemos acogido un porcentaje alto de las recomendaciones de los rectores y las vamos a incorporar al proyecto, que hemos venido construyendo desde hace cuatro meses... Hemos avanzado en la construcción de esta reforma", dijo la Ministra.
Sin embargo, el Gobierno se mantiene en su propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, como una forma de ampliar cobertura, pues "es necesario que ingresen más recursos a financiar la educación superior en el país; adoptaremos todas las medidas que impidan que se presenten aspectos no deseables producto de esta decisión", dijo Campo.
El Gobierno acogió propuestas de los rectores, como concebir la educación superior como un sistema (de hecho, el proyecto se va a denominar reforma al sistema de educación superior); varios artículos que desarrollan el concepto de autonomía universitaria, que estaban contemplados en el proyecto de Ley Estatutaria presentado por las universidades (la viabilidad jurídica de esta ley se está estudiando), y la doble instancia en inspección y vigilancia.
Un punto clave que aceptó incorporar el Gobierno en su proyecto fue el esquema de financiación propuesto por el SUE, en el sentido de hacer incrementos adicionales al IPC del 3 por ciento entre el 2012 y el 2022 (el Gobierno proponía este incremento de forma escalonada, es decir, un 1 por ciento en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento en el 2014 y hasta el 2019).
"Hubo un buen trabajo de concertación y reconocemos que se acogieron algunos puntos; sin embargo, insistimos en que la educación superior es un bien público y no debe ser mercantilizada. Nos mantenemos en que no debe existir el ánimo de lucro, pues este no aumenta la equidad ni la inclusión", dijo el presidente de Ascún, José Fernando Isaza.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional y vicepresidente de Ascún, reconoció el diálogo abierto del Gobierno y su decisión de acoger varias de las observaciones de la academia.
Agregó que si el proyecto de Ley sale como se los planteó el Gobierno esta tarde, "es un avance significativo".
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Personalmente mantengo mi posición GOBIERNO DE MIERDA quiere destruir las universidades publicas ¬¬