El Consejo de Estado, uno de los cuatro altos tribunales judiciales del país, informó sobre la condena a través de su oficina de prensa.
Un alto tribunal dictó una condena contra el Estado colombiano que lo obliga a pagar 962.000 dólares como resarcimiento a las familias de cinco personas que fueron asesinadas por la policía en 1994, se informó el miércoles.
El Consejo de Estado, uno de los cuatro altos tribunales judiciales del país, informó sobre la condena a través de su oficina de prensa.
De acuerdo con ese órgano, el hecho ocurrió "dentro de una de las mal llamadas 'operaciones de limpieza social", o asesinatos selectivos contra ladrones, prostitutas y drogadictos.
Agregó que diez hombres enmascarados ingresaron en abril de 1994 a una vivienda en el oriente de Cali, y se llevaron en una camioneta a siete personas a las que propinaron balazos.
Pero dos de las personas retenidas por el grupo de encapuchados lograron sobrevivir al ataque y reconocieron a uno de los agresores que no había cubierto su rostro y que resultó ser el policía Libardo Carlosama, según el Consejo.
Carlosama fue investigado y condenado a 50 años de prisión por las autoridades penales, agregó el Consejo, que es el encargado de dirimir las demandas administrativas de los particulares ante el Estado.
El magistrado Enrique Gil Botero, autor de la sentencia del Consejo, señaló que "de lo que dan cuenta los autos es de la ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas labores de 'limpieza social', que no pueden ser sino catalogadas como una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado".
De acuerdo con testigos de los hechos, "las víctimas fueron asesinadas porque se encontraban consumiendo droga en una vivienda que había sido identificada con anterioridad por agentes de la policía como el lugar donde se reunían personas catalogadas como viciosas" o drogadictas, dice el Consejo.
La Contaduría General de la Nación, encargada entre otras cosas de llevar los balances del país, indica que sólo en el año 2010 sobre el Estado colombiano pesaban demandas administrativas por 848.911 millones de pesos o unos 417 millones de dólares, en acciones que el gobierno ha lamentado por los perjuicios que causa a las arcas nacionales.