 Respuesta: EXTRA: Fiscalía pide CARCEL a Samuel Moreno por ‘carrusel de la contratación’
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Prevaricato por omisión y peculado son los cargos que la Fiscalía le imputa a Samuel Moreno. El alcalde suspendido iría a la cárcel.
NACIÓN
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, informó que imputará cargos al suspendido alcalde de Bogotá por las recientes irregularidades en la contratación de la capital de la República.
Martes 21 Junio 2011
El suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, tendrá que enfrentar un nuevo proceso por las irregularidades en la contratación de la capital de la República registradas durante su administración, esta vez, en el plano penal.
La noticia fue dada a conocer por la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, quien anunció que a Moreno le serán imputados cargos por los delitos de prevaricato por omisión, concusión, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación. La audiencia se realizará el próximo 29 de julio.
Pero este no es el único proceso que enfrenta Samuel Moreno. En el plano disciplinario, el pasado 3 de mayo, la Procuraduría General de la Nación lo suspendió por tres meses como medida cautelar mientras se adelanta un juicio disciplinario en su contra.
Son tres los cargos que hacen parte del pliego del Ministerio Público al alcalde Moreno: no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial y la presunta omisión en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del IDU.
En ese momento, el procurador general de la Nación, en una rueda de prensa, calificó las actuaciones de Samuel Moreno como “faltas graves a título de dolo”.
Pero Moreno también tiene que dar explicaciones en el ámbito fiscal. El pasado mes de diciembre, la Contraloría General de la República ordenó por las irregularidades en la contratación para la construcción de la Fase III de Transmilenio embargar los bienes de Samuel Moreno.
Según la contralora General, Sandra Morelli, durante el proceso de contratación se encontraron inconsistencias que habrían llevado a un detrimento patrimonial de 200 mil millones de pesos.
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