El ex-presidente Álvaro Uribe concibió en el año 2003 una política que se esperaba que pudiera poner fin a lo que él denominó siempre como una amenaza terrorista, en lo que se denominó la Política de Seguridad Democrática. Hasta el fin de su mandato ésta fue la política estrella de su gobierno. Esta nueva política se veía como la solución a medio siglo de conflicto interno y puede que haya arrojado ciertos resultados, pero es una política estéril si se pretende que debe mantenerse tal y como está. Colombia necesita una nueva política de seguridad.
La Seguridad Democrática ha tenido logros que inclusive los detractores del ex-presidente Uribe reconocen, puesto que logró recuperar el control del Estado sobre muchas zonas del país en donde antes mandaban los paramilitares o la guerrilla, además de que se recuperaron las carreteras, hoy transitadas sin el temor de caer en las pescas milagrosas. Otros triunfos de la Seguridad Democrática han sido los operativos que permitieron dar de baja o capturar a los más peligrosos integrantes del denominado "secretariado de las FARC" como sucedió con 'Raúl Reyes' en la controvertida Operación Fénix, así como también se logró el rescate de 15 rehenes de la guerrilla en la Operación Jaque.
La sensación de tranquilidad la sintieron muchos colombianos al poder realizar viajes que antes eran muy difíciles de pensar. Esto significó la reactivación de la industria turística y el nuevo ambiente permitió que llegara inversión extranjera, hasta entonces muy reducida. Pero si bien se ha generado un ambiente de seguridad que no se sentía en muchos años, la política de Seguridad Democrática se ha quedado corta a la hora de resolver otros aspectos del conflicto colombiano.
La Seguridad Democrática sólo se ha centrado en el aspecto militar, de acuerdo con el anterior mandatario el conflicto colombiano era una amenaza terrorista que sólo se podía vencer en el campo de batalla, comparando el caso colombiano con lo que sucedía en el Perú en los años 80 y 90. El afán de generar un ambiente de seguridad hizo que las políticas en esta materia ocuparan prácticamente toda la agenda del ejecutivo, dejando los asuntos económicos, sociales y de derechos humanos en un segundo plano.
Otro problema generado a partir de la seguridad democrática fue el trato al asunto de los grupos paramilitares, puesto que la acción no fue tan contundente hacia ellos como sí lo hay sido hacia las FARC y el ELN. Esto se debe, quizá, a las desmovilizaciones en el año 2003 posteriores al pacto de Ralito como aceptación de un acuerdo con el gobierno. No obstante, estos grupos han surgido de nuevo, aunque hoy en día se denominan de otra manera (Rastrojos, Águilas Negras, Bandas criminales...), esto obedece a una estrategia equívoca de estímulos económicos y pocas alternativas a la actividad criminal. Aún con la recuperación de espacios como las carreteras y las grandes ciudades, los grupos al margen de la ley se han visto obligados a replegarse hacia otras áreas más desprotegidas, como las zonas rurales, donde siguen operando constantemente.
Desde el inicio de la política de seguridad se afirma que la guerra era entre los grupos criminales (amenazas terroristas como dicen algunos) y el pueblo colombiano, lo cual involucra directamente a la población y la hace más vulnerable ante el conflicto. Esta dicotomía llevó a pensar a más de un partidario de Uribe que quien no estuviera de acuerdo con las políticas del entonces mandatario era porque estaba a favor de los terroristas, de ahí el que todavía una parte importante de la opinión pública esté polarizada.
Sin embargo, lo que más causa controversia es la anuencia ante el uso de mecanismos al margen de la ley para combatir estos grupos criminales. Un caso en particular fue la Operación Fénix en la que se dio de baja a alias 'Raúl Reyes', en la que se incurrió en violación a territorio extranjero, esto debido a que el campamento de los guerrilleros se encontraba en la frontera del lado de Ecuador. El hecho devino en dos años de relaciones tensas con el gobierno de Rafael Correa, aunque este hecho hizo que Ecuador se comprometiera a no permitir que estos grupos al margen de la ley operaran en su país. Pero el caso más estremecedor se relaciona con los denominados 'falsos positivos', actos en los cuales uniformados asesinaban personas inocentes y los hacían pasar como guerrilleros caídos en combate, en espera de jugosas recompensas y ascensos, estimulados por la política de recompensas en las cuales se ofrecían incentivos por bajas y no por resultados reales.
El caso es el siguiente: la Seguridad Democrática ha sido sobrevalorada, ha tenido sus avances pero es una política de seguridad que ya no es viable. Si las fuerzas del estado no son capaces de cambiar de estrategia no podrán vencer al enemigo. Es el momento de buscar una nueva política de seguridad que de verdad proteja a la población, que renueve la credibilidad en las fuerzas militares y que pueda arrojar resultados verdaderos.