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La @leylleras, un debate que se prendió al ritmo del ciberespacio





El martes de esta semana, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate -por siete votos contra tres- la llamada “Ley Lleras”, el proyecto de Ley que pretende regular los derechos de autor en internet. Tras la sesión, que casi se tiene que postergar por falta de quórum, varios grupos se declararon sorprendidos por la celeridad del trámite y el grupo Anonymous, que ya ha protestado varias veces contra esta ley, le declaró guerra frontal a la página del Senado.

Y aunque a la ley todavía le falta un debate en plenaria del Senado y dos en la Cámara de Representantes, ya han surgido varias fricciones por ella. Sobre todo entre quienes creen que no ha habido suficiente discusión previa y quienes consideran que todavía queda mucho tiempo para debatir.


El debate


Una ley de este tipo se había acordado desde hace varios años como un requisito para poder aprobar el TLC con Estados Unidos, es decir que es una prioridad del Gobierno. Por eso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó el proyecto inicialmente y ha venido promoviéndolo a través de varios medios, incluyendo su cuenta de twitter @German_Vargas.

Ese texto causó bastante polémica, en particular por el artículo segundo que responsabilizaba a los usuarios y que muchos temían que podría terminar con su encarcelación.

Ese artículo se eliminó de la ponencia y según el coordinador de ponentes, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, tras la discusión y el debate que se dio en varias reuniones con usuarios, se hicieron otras modificaciones al proyecto de ley.

De todas maneras, hubo posiciones encontradas frente al trámite de la ley. Tanto los senadores ponentes de la Comisión, encabezados por el Senador Barreras, como los senadores que se opusieron al proyecto, estuvieron de acuerdo en que es necesario implementar una reglamentación que vele por proteger los derechos de autor en la red y que cree mecanismos para que quienes sientan que sus derechos están siendo vulnerados puedan denunciarlo. Pero el proceso con el que fue aprobada la ponencia molestó a algunos.

Por ejemplo, el senador liberal Luis Fernando Velasco, que votó en contra de la ley, cree que el trámite fue demasiado apresurado, pues hubiera preferido aprovechar la vacancia legislativa para socializar la ley, hacerle los ajustes necesarios y debatirla en el Senado después del 20 de julio, cuando el Congreso vuelve a sesionar.

Velasco está de acuerdo con “el espíritu de la ley”, es decir, con buscar la manera de crear mecanismos expeditos que vayan a la velocidad de internet y que puedan proteger la propiedad intelectual, pero le preocupa que no se le ha respondido suficientemente a quienes tienen temores frente a la ley.

El senador liberal cree, por ejemplo, que no se ha creado el espacio para debatir las posiciones de algunos sectores que creen que la ley, de aprobarse, violaría ciertos principios de constitucionalidad, como el derecho a la libertad de expresión o al libre desarrollo de la personalidad. Según él, es necesario debatir públicamente si esto efectivamente es así o, de lo contrario, explicar por qué no es así.
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó el proyecto original para regular las sanciones a las infracciones contra el derecho de autor en internet.
Camilo Romero, senador del Polo que se opone al proyecto pues dice que no toma en cuenta los derechos de los usuarios.
Jorge Londoño, senador del Partido Verde, también votó en contra del proyecto de ley. Su argumento para hacerlo fue que el concepto de piratería no es claro en el texto y debería trabajarse más en la definición.
Roy Barreras, senador del Partido de la U, es el coordinador de ponentes del proyecto de ley y defiende su trámite y socialización.
El senador liberal Luis Fernando Velasco también se opuso al proyecto pues cree que debería haber existido más discusión antes de votarlo. Velasco también cree que ya aprobado el primer debate es más difícil lograr un proceso oportuno de socialización e insiste en que es mejor tomarse el tiempo para hacer la ley, que hacerla rápido pero mal.
Juan Manuel Galán, senador liberal, es otro de los ponentes del proyecto. Tras votar a favor, su página de internet fue atacada por el grupo Anonymous.

Por su parte otro senador que votó en contra de la ley, Luis Carlos Avellaneda del Polo, cree que el proyecto, como está planteado, no prevé un equilibrio justo entre los derechos de los autores y los derechos de los usuarios. Avellaneda dice que el proyecto frenaría la revolución cultural y global que ha generado internet a través de la creación de redes en las que se pueden compartir ideas que fomenten la educación y el desarrollo y opina que de esa manera se podría ir en contravía del artículo 67 de la Constitución que define los alcances de la educación en el país.

Al senador del Polo le molesta también que se puedan crear los mecanismos para patentar y restringir el conocimiento humano del cual se podrían apropiar grandes multinacionales, negándole el acceso al saber -que debería ser libre- a buena parte de la población y le preocupa que el lenguaje de la ley sea tan técnico y excluyente. El senador cree que esta es una ley que hay que revisar, pero que es de todas maneras necesaria y dice que “si no se comprende, no va a ser cumplida”.

También se queja de que no hubo suficiente discusión previa ni en la Comisión y se lamenta de que será difícil cambiar el proyecto ahora pues, según él, “ya casi no hay debate en las plenarias”.

Avellaneda además cree que es peligroso que se incluyan los mecanismos de control en los contratos con los proveedores de internet, pues teme que estos cometan arbitrariedades con los contenidos que decidan bajar amparados en la ley y cree que sólo se debería permitir sacar un contenido de la red después de una decisión judicial.

En la Dirección Nacional de Derechos de Autor dicen que, debido a la inmensidad de la red y la dificultad para monitorearla, se están creando los mecanismos para que sean los mismos productores de contenidos quienes puedan denunciar las infracciones a sus derechos de propiedad intelectual y que se está implementando un modelo semejante estadounidense que, por ejemplo, usa YouTube. De todas maneras recuerdan que, según lo que quedó planteado en el proyecto, los proveedores no tienen ninguna obligación legal de remover contenidos, a menos que haya una sentencia judicial.

Pero otro senador del Polo, Camilo Romero -que no participó en la votación pues pertenece a la Comisión Segunda, pero le ha hecho seguimiento a la ley desde su página- cree que de todas maneras esto es un problema. Romero dice que los contenidos podrían ser bajados de internet (por los proveedores de la plataforma) tras una simple queja y sin mediar un juez. Y, aunque el senador Barreras dice que sí mediará un juez en este tipo de decisiones, Romero recuerda que sólo lo hará en segunda instancia.

Romero dice que esto podría atentar contra el derecho a la información pues, si por ejemplo un político quiere hacer bajar un video, o una información que no le convenga, simplemente tiene que denunciarla como una infracción a sus derechos de autor.

Pero además cree que las facultades de vigilancia que se crearán con la ley atentan contra varios derechos fundamentales incluídos el derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que opina que esta ley tendrá un paso complicado por la Corte Constitucional.

Sin embargo, Barreras dice que para él los derechos constitucionales a la información y a la libertad de expresión están por encima de la propiedad intelectual y que por eso el proyecto contempla varias posibilidades en los que se pueden compartir contenidos sin permiso previo y sin ser penalizado, como los usos con fines investigativos, educativos, o informativos. Añade que en ningún caso se vulnerará ell derecho a la información. “Yo archivaría el proyecto si veo que hay censura” le dijo el senador a La Silla Vacía.

Según él, los únicos que deben preocuparse por esta ley son los piratas y quienes defiendan la piratería.

Por otra parte, a Romero también le molesta que la ley sea una arandela del TLC y que se centre en los derechos de autor. Él propone preparar un proyecto que también esté centrado en los derechos de los usuarios y que refleje las pautas de neutralidad en la red que organismos internacionales como la ONU han delineado.

Romero cree que hay que atacar la piratería, pero cree que el trámite de esta ley ha sido una pantomima pues dice que, si bien el Gobierno se comprometió a recorrer el país haciendo mesas de concertación sobre el proyecto, sólo hubo algunas reuniones en Bogotá, y que se está tratando como una ley ordinaria, cuando se debería estar tratando como una ley estatutaria.



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