Una camioneta Dodge, de color azul y con publicidad política, usó la mandataria local para transportar las ayudas humanitarias el pasado 26 de abril.


Bogotá (Colprensa) | 17 de junio de 2011


Al comprobar su responsabilidad en el manejo con fines políticos de las ayudas destinadas a los damnificados por el invierno, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó, por 10 años, a la alcaldesa del municipio de Sardinata, Norte de Santander, Yamile Rangel Calderón.

Según la decisión del Ministerio Público el día 26 de abril, en la parte externa del camión que transportaba las ayudas humanitarias con destino a los damnificados, se llevaba publicidad alusiva a una candidata a la alcaldía de este municipio y quien era apoyada por Yamile Rangel.

Al respecto el Ministerio Público consideró que utilizó su cargo para intervenir en actividades y controversias políticas. Así mismo, por ejercer las potestades del cargo, como la de recibir a nombre del municipio las ayudas que el Estado entrega con destino a los damnificados por la ola invernal, para fines distintos a las previstos.

En la decisión también se reprochó la actitud de la alcaldesa de haber dado un manejo electoral a las ayudas humanitarias destinadas, “con lo cual se omitió el deber de atender las instrucciones de los órganos de control en el sentido de que manejaran, con la mayor pulcritud y transparencia, los recursos destinados a atender la grave crisis social y económica como consecuencia de la ola invernal”.

La alcaldesa interpuso un recurso de apelación que se resolverá en segunda instancia.

Esta es la primera decisión disciplinaria que se toma por los malos manejos en las ayudas de la crisis invernal que golpeó al país en la mayor parte de este año.

El pasado 15 de junio, La Opinión informó que en dos o tres meses se conocería si el fallo en primera instancia proferido el miércoles por la Procuraduría Provincial de Cúcuta, que destituye e inhabilita por 10 años a la Alcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel Calderón, se mantiene o se modifica.

De mantenerse la sanción disciplinaria del Ministerio Público, la mandataria local deberá dejar de inmediato el puesto y no podrá ejercer cargos públicos por el periodo señalado en la Resolución No. 7 del 15 de junio del 2011.

La Procuraduría Provincial calificó de falta grave utilización irregular que hizo la funcionaria de las ayudas humanitarias para los damnificados de ese municipio, para promover la candidatura de la aspirante a la Alcaldía Ramona Delia Peñaranda Torres.

La actuación de la servidora pública fue considerada por el despacho como una conducta a título de dolo, ya que Yamile Rangel Calderón tomó la decisión de transportar las ayudas en un vehículo con publicidad electoral.

Según la denuncia del Personero de Sardinata, el pasado 26 de abril la Alcaldesa transportaba las ayudas humanitarias para los damnificados del corregimiento de San Martín de Loba en un camión con publicidad de la precandidata Ramona Peñaranda, en la vía Cúcuta-Sardinata.

En su momento la mandataria local reconoció haber utilizado ese vehículo, sin antes advertir que se trataba de una urgencia porque el carro en el que se transportaban inicialmente las ayudas se varó a mitad de camino y tuvo que hacer uso del camión de la precandidata.

La situación que obligó al despacho a acudir al principio de in dubio pro disciplinado para otorgarle a la Alcaldesa plena fe a la versión presentada por los testigos en los descargos, sin antes preguntarse por qué la funcionaria optó por usar el vehículo más inconveniente y perjudicial para llevar las ayudas.

El Ministerio Público no consideró lógica la actuación de Yamile Rangel Calderón porque tenía los medios de comunicación para llamar a las autoridades de Cúcuta, El Zulia y Sardinata para que la auxiliaran, y solo los usó para ocultar la publicidad política en un vehículo reconocido en la zona como de propiedad de precandidata Ramona Peñaranda.

Luego de leído el fallo en primera instancia, la defensora de la Alcaldesa, Judith Magaly Carvajal Contreras, interpuso un recurso de apelación que sustentará por escrito en los próximos dos días, según la ley 734 de 2002.

Una vez surtido este trámite, el proceso será enviado a la Procuraduría General para que decida en un periodo de 10 días si asume el caso o lo traslada a la Procuraduría Regional para que profiera el fallo en segunda instancia.



http://www.laopinion.com.co/noticias...5436&Itemid=31