Las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que afirma que en Colombia existe un conflicto armado han generado controversia. No era para menos, si durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe la posición histórica del ejecutivo cambió ante la situación de violencia, al considerar que en Colombia lo que realmente hay es una amenaza terrorista.
Hay argumentos que podrían validar la tesis uribista, puesto que desde los años 80 las FARC pasaron de ser una organización subversiva a un grupo criminal dedicado al narcotráfico, y desde entonces sus acciones han tenido el único objetivo de sembrar el pánico entre la población. Hasta ese punto la tesis de Uribe tendría validez, sin embargo hay otras situaciones que no se tienen en cuenta y son las que permiten afirmar que en Colombia existe un conflicto armado.
Estas situaciones son producto de la violencia derivada del conflicto, como el desplazamiento forzoso, las tierras y el hecho de que los actores del conflicto son múltiples (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes).
De acuerdo al derecho internacional humanitario, se define el conflicto armado como "aquel que se lleva a cabo entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente", lo cual es totalmente aplicable al caso colombiano, puesto que el conflicto no ha sido únicamente entre las fuerzas del estado y las guerrillas, sino también contra los paramilitares y entre paras y guerrillas en su momento.
Teniendo en cuenta que no se trata de un único grupo al margen de la ley involucrado y que además hay asuntos como el desplazamiento y la propiedad de las tierras involucrados, la tesis que retoma el presidente Santos cobra validez y nos damos cuenta de que en realidad existe un conflicto armado.
El reconocimiento de un conflicto armado puede ser chocante y tal vez contradictorio para muchos uribistas que veían en Santos una retórica similar, sin embargo es un reconocimiento de una realidad que ha agobiado a Colombia durante los últimos 60 años y que tiene factores que impiden asumir que la realidad actual es similar a la que vivió el Perú en los años 80 y 90, donde en realidad existía una amenaza terrorista realizada por el MRTA y Sendero Luminoso.
Sin embargo, dicho reconocimiento no debe llevar a pensar que ahora el gobierno y la comunidad internacional deban dar el estatus de beligerancia a las FARC o al ELN ni mucho menos que el Estado colombiano se vea obligado a dejar de combatirlos, ya que esta condición no es obligatoria al reconocer una situación del conflicto armado
El reconocimiento del conflicto armado es admitir una verdad histórica que ha afectado a Colombia durante las últimas décadas. Es llamar a las cosas por su nombre.