En versiones ante Justicia y Paz, han contado detalles sobre el caso Drummond.
Las confesiones de desmovilizados de las autodefensas a la Fiscalía empezaron a develar los crímenes de dirigentes sindicales en todo el país, acciones que han generado reproches y cuestionamientos de la comunidad internacional.
Este año ya van 11 condenas contra 13 ex integrantes de las Auc, entre ellos el ex jefe 'para' Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', por ordenar la ejecución de trabajadores señalados, en algunos casos de manera injustificada, de auxiliadores de la guerrilla.
Las condenas de entre 16 y 21 años de cárcel ya tienen la rebaja por aceptación de cargos; sin embargo, por hacer parte de Justicia y Paz, los desmovilizados apenas pagarán 8 años de prisión.
La Justicia compulsó copias para investigar a sus cómplices. En uno de los casos más sonados, los paramilitares asesinaron a los sindicalistas de la Drummond Válmore Locarno y Víctor Orcasita, porque "llevaron a una huelga su exigencia para que mejorara la alimentación del casino de los trabajadores".
El desmovilizado Jairo de Jesús Charris, empleado del contratista Jaime Blanco Maya, le dijo a la Fiscalía: "Lo pretendido por la Drummond era acabar con el sindicato. En una reunión se habló del tema de los alimentos, de volar trenes, presión sindical y homicidios".
'Jorge 40' fue condenado a 30 años por el crimen. En esa decisión el juez ordena que se investigue por falso testimonio a los ex 'paras' Óscar José Ospino, alias 'Tolemaida', y a Óscar Pérez Vertel.
'Jorge 40' ya tenía una condena de 26 años y 8 meses por el homicidio, en septiembre del 2004, del profesor universitario Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis y su escolta. El juzgado encontró que el educador fue asesinado luego de que el DAS hizo un montaje para hacer creer que se trataba de un ideólogo de la guerrilla. En la sentencia se ordena investigar al detective Javier Alfredo Valle, quien habría aceptado la propuesta del entonces director del DAS Jorge Noguera para entregar información del organismo a los 'paras'.
En otro de los casos, que tiene un capítulo especial en la Fiscalía y que está bajo observación internacional, la justicia condenó a 16 años de cárcel a Juan Galán Trespalacios, alias 'Moncholo', por el crimen del dirigente de la USO Felipe Mendoza, asesinado porque un paramilitar "había escuchado que era auxiliador de la guerrilla".
'Nos metimos a Ecopetrol'
El desmovilizado Edilfredo Esquivel, alias 'Osito', relató que cuando las Auc ingresaron a Tibú (Norte de Santander) a cometer el crimen, estuvieron ocho días dentro de la sede de Ecopetrol. Y agregó que al sindicalista lo asesinaron fuera de Tibú, porque "la Policía les pedía que no mataran en el casco urbano".
En la sentencia se ordenó investigar a Jorge Armando Montaño, quien habría facilitado el ingreso de los paramilitares a Ecopetrol. "Las acciones eran desarrolladas con cobardía, buscaban a los más indefensos para difundir su política de exterminio, sembrando terror", dijo el juez.
El presidente de la CUT, Tarsicio Mora, dijo que no quedan conformes con esas condenas. Sostuvo que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para los sindicalistas y que no se ha reconocido que existió una política de exterminio contra los voceros de los trabajadores, que llevó a la alianza de integrantes de algunas empresas y 'paras'.
Las otras condenas
Los desmovilizados están en Justicia y Paz
Orden de un alcalde
Jader Cuesta, alias 'Medellín', confesó que en octubre del 2002 torturaron y asesinaron al profesor Julio Ceballos, al parecer, por orden de un alcalde en Antioquia. Dijo que el político les daba 30 millones de pesos mensuales y les ayudaba con la Policía.
Crimen en Guaviare
Édilson Cifuentes, alias 'Ríchard', del bloque Centauros, fue condenado a 16 años de cárcel por asesinar al educador José H. Arcila. Lo señalaban de ser militante de la Unión Patriótica y le habían prohibido repartir el periódico 'Voz Proletaria'.
Fingieron un atraco
Víctor Chantri, alias 'Gorgopeye', fue sentenciado a 21 años de cárcel por la muerte del sindicalista Orlando Fernández. Se compulsaron copias contra 4 personas que serían cómplices y estarían pagando para que no las mencionen.