Si el juez quería dar una sanción ejemplarizante al mandar a la cárcel a un puñado de tecnócratas por el caso de Agro Ingreso Seguro, no era por ahí.
Cuando el fiscal Martín Moreno habló de una pena de hasta cincuenta años y el juez Mario Narváez mandó a la cárcel a los primeros cuatro funcionarios por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (Ais), hasta los más recalcitrantes críticos de ese programa quedaron estupefactos. "Eso es un linchamiento", dijeron varios de los invitados al debate radial de Hora 20. "Es justicia mediática", sentenció El Espectador en su editorial.
Tal vez nunca antes en Colombia se había desatado tal controversia porque se considera exagerado el monto de una eventual condena. Por el contrario, lo que suele ocurrir es que la opinión pública se queja porque grandes criminales terminan pagando cinco u ocho años de prisión, como es el caso de los hermanos Rodríguez Orejuela o el de paramilitares que masacraron a más de mil personas.
Y que el fiscal hablara de cincuenta años de cárcel para un puñado de funcionarios de AIS suena, por decir lo menos, desproporcionado, justo cuando se está resolviendo el caso paradigma de la corrupción en el país, el del clan de los Nule, y los jóvenes costeños aspiran a tener que pagar solo tres años de prisión.
Es claro que gran parte de la política de Agro Ingreso Seguro fue un desastre, pero eso no es suficiente para que tengan que mandar a la cárcel a unos tecnócratas con el argumento de que son "un peligro público".
En el escándalo de Agro Ingreso Seguro hay preguntas fundamentales pendientes de resolver: ¿está el país ante uno de los peores ejemplos de corrupción en la historia del país, como dijo el juez? ¿O es la deformación de una política pública, de por sí ya polémica? ¿Por ese caso tienen que responder las cabezas que diseñaron la política o los funcionarios de segundo nivel que estructuraron contratos o hicieron estudios técnicos y que son por ahora los únicos encarcelados?
Lo que pasó
Un mes después de tomar posesión como nueva fiscal general, Viviane Morales anunció su primera gran decisión en el cargo: llamó a 22 personas para imputarles cargos por el caso de Agro Ingreso Seguro. Más allá de lo jurídico, era una medida oportuna porque sacaba a la Fiscalía del letargo en el que había estado durante casi un año de interinidad y de paso le daba a la fiscal Morales un aire de independencia frente al gobierno anterior.
Los afectados con el anuncio, en su mayoría, eran miembros de las familias Vives Lacouture y Dávila Abondano, que fragmentaron los predios para tener acceso a mayor número de subsidios de Agro Ingreso Seguro. Todos ellos ya devolvieron el dinero, están en un proceso de conciliación y el Tribunal de Cundinamarca los investiga por fraude procesal.
Los siete restantes eran exfuncionarios del Ministerio de Agricultura: a los primeros cuatro les dictaron medida de aseguramiento el lunes pasado y a los otros tres les deben resolver su situación jurídica esta semana.
Sin embargo, en la lista no figuran los dos principales protagonistas del escándalo: los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias -padre de la polémica criatura- y Andrés Fernández. No están entre los imputados, por dos razones. La primera es que, por tener fuero, la fiscal general debe llevar sus casos, y en el despacho de Morales hay trancón de expedientes: tiene la absurda cifra de 1.150 casos a la espera. La segunda razón es que por diseño estratégico de la investigación lo que suele ocurrir es que se investiga primero a los eslabones más bajos, los menos comprometidos, para llegar con más argumentos y evidencias para enfrentar a la cúpula de la organización.
Las explicaciones, no obstante, no son suficientes para despejar las dudas de que la justicia en este caso parece estar siendo selectiva, y hay temores fundados en algunos sectores de que se pueda estar desviando la investigación a los mandos medios para diluir la responsabilidad de los altos.
En la audiencia, el fiscal del caso, Martín Moreno, pidió condenar a los cuatro exfuncionarios por cinco delitos y habló de hasta cincuenta años. Sin embargo, el juez lo redujo a sus justas proporciones, le hizo un llamado de atención al fiscal por la mala sustentación del delito de peculado y solo aceptó que los enjuiciaran por celebración indebida de contratos, un delito que da de cuatro a doce años de prisión y que a los funcionarios investigados, en el peor de los casos para ellos, les daría seis años.
El hecho de que el fiscal Moreno les haya tratado de imputar el delito de peculado no es de poca monta. Si se tratara de peculado en favor de terceros, por 302.000 millones, ¿eso querría decir que los cerca de 15.000 beneficiarios de dicho peculado también tendrían que comparecer?
Al exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, además, el juez le sumó el interés indebido en la celebración de contratos por haber trabajado antes con el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), la organización con la que se firmó el polémico convenio.
De los cuatro funcionarios, Salazar es sin duda el más cuestionado, pues como viceministro participaba en las juntas en las que se decidía la entrega de subsidios, algunos al parecer de manera irregular, e incluso se investiga si es cierto que se le entregó a su suegro uno de esos subsidios.
Los otros tres son tecnócratas cuya honestidad es defendida por la élite de técnicos del país. Eugenia Méndez y Oskar Schroeder, exsecretarios jurídicos, y Camila Reyes, exdirectora de Comercio y Financiamiento, en el caso AIS no ordenaron gasto, sino que siguieron los lineamientos de la política trazada desde arriba.
Les queda entonces solo el delito de celebración indebida de contratos, porque el Ministerio contrató al IICA para que, con su experiencia técnica, les ayudara a escoger a los beneficiarios de los subsidios. En ese punto, el fiscal alega que no se podía hacer contratación directa y que la ley solo lo permite para convenios de ciencia y tecnología, que no es el caso de Agro Ingreso Seguro. La defensa argumenta que tan real es la ciencia y la tecnología que el Ministerio ha contratado con el IICA desde 1999 y que la administración actual, la del ministro Juan Camilo Restrepo, acaba de iniciar un convenio similar, por contratación directa, con la Universidad Nacional.
El tema sin duda es discutible desde el punto de vista jurídico. Pero lo que rebosó la copa de muchos es que la medida de aseguramiento haya consistido en mandar a la cárcel -Buen Pastor y La Picota- a estos cuatro funcionarios. Mucho más cuando la detención, en el nuevo Sistema Penal, es una medida excepcional mientras se adelanta el proceso.
Tanto el juez como el fiscal habrían ido en contra de dos directrices claras de la Corte Constitucional. La primera es que solo van a la cárcel quienes estén en riesgo de fuga, o puedan cambiar las evidencias, o sean un peligro para la sociedad. La segunda es que quien sea padre o madre cabeza de familia tiene derecho a casa por cárcel. Y tres de los detenidos tienen esa condición: Camila Reyes es divorciada y tiene una niña de 2 años y medio, de la cual se están haciendo cargo sus abuelos; Eugenia Méndez es también divorciada y tiene un hijo de 6 años que, tras su detención, están cuidando sus padres, y en el caso de Oskar Schroeder, su hijo de 2 años tendrá que irse a otro municipio, en donde viven sus abuelos.
Pero lo más importante o lo más curioso de todo esto es que no es la firma del contrato con el IICA el motivo del escándalo ni son estos funcionarios de segundo nivel -con excepción del exviceministro Salazar, que tiene algunos asuntos pendientes- los responsables del mismo.
Por momentos más parecen ser los chivos expiatorios de una justicia que necesita mostrar resultados sobre un caso sin tocar a los verdaderos responsables.
Cuando el juez Mario Narváez anunció que mandaba a la cárcel a los exfuncionarios, dijo: "Colombia se encuentra azotada por la corrupción; la comunidad clama con urgencia acciones y medidas que detengan esta arremetida". Si el juez quería dar un ejemplo contra la corrupción mandando a la cárcel a este puñado de tecnócratas, escogió el camino equivocado y el eslabón más débil.