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 |  Fiscalía pidió medida de aseguramiento a funcionarios vinculados a AIS
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Fiscalía pidió medida de aseguramiento a funcionarios vinculados a AIS 
Los subsidios fueron para riego. Según el fiscal Martín Moreno, estas cuatro personas representan un peligro para la comunidad. Se trata de Camila Reyes del Toro, directora de Comercio y Financiamiento; Tulia Eugenia Méndez Reyes, jefa de la Oficina Jurídica; Juan Camilo Salazar, ex viceministro de Agricultura y Oskar August Shroeder Muller. La Fiscalía argumenta que la detención es necesaria porque la conducta que desplegaron los funcionarios al suscribir esos contratos irregulares vulnera bienes públicos y la confianza que la comunidad ha depositado en sus servidores. También le pidió al juez que tenga en cuenta la responsabilidad y el deber que tenían estas personas en el manejo de los recursos del Estado y también el interes social y el daño que causaron en un conglomerado que esperaba total decoro en el manejo de los recursos, refiríendose a los agricultores a los cuales estaba dirigido el programa. En el caso de Reyes del Toro, el Fiscal dijo que la funcionaria incurrió en contradicciones cuando firmó un memorando previo y los términos de referencia del convenio 03 de Agro Ingreso Seguro. El fiscal Moreno dijo que esta ex funcionaria incurrió en peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. También se excedió en el cumplimiento de sus funciones. Reyes podría tener una pena de entre 8 y 51 años de prisión. En cuanto a Tulia Eugenia Méndez, ex jefa de la Oficina Jurídica del Ministerio, el Fiscal dijo que no advirtió las irregularidades que se presentaron en los convenios 03 del 2007 y 055 del 2008. Estos dos convenios suman 187.428 millones de pesos. Para el Fiscal, Méndez incurrió en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y la firma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. También podría ser castigada con una pena que estaría entre los 8 y los 51 años. Juan Camilo Salazar, viceministro de Agricultura y quien antes de llegar a ese cargo fue contratista del Lica (la entidad que manejó la contratación de Agro Ingreso Seguro), debía coordinar el diseño y la puesta en marcha del programa. En su caso, el fiscal Moreno dijo que no cumplió con los principios que rigen la contratación administrativa: equilibrio, transparencia e imparcialidad. Su antecedente, como trabajador del Iica, debieron llevarlo a apartarse de cualquier tema relacionado con Agro Ingreso Seguro. La Fiscalía le encontró responsabilidad en interés ilícito en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Además, habría permitido un detrimento patrimonial por 241.000 millones de pesos. Podría ser condenado con una pena entre 8 y 61 años. Finalmente, Oskar August Shroeder Muller, también ex jefe de la Oficina Jurídica, no habría exigido los requisitos de ley en la suscripción de contratos, particularmente en los convenios 055 y 052 y habría permitido peculado por apropiación a favor de terceros. Su pena también estaría entre 8 y 51 años. Sin embargo, ninguno de los implicados en el escándalo aceptó los cargos que se les imputan. Por ahora, le corresponderá al juez del caso establecer si acoge la tesis de la Fiscalía. Si el juez que investiga el caso del escándalo de Agro Ingreso Seguro, en el que están involucrados siete ex funcionarios y 15 beneficiarios, acepta los argumentos de la Fiscalía, los ex empleados del Ministerio de Agricultura pagarían una pena que estaría entre los 8 los y 61 años.
El escándalo de Agro Ingreso Seguro es la investigación por la posible entrega irregular a dos influyentes familias: los Vives Lacouture y los Dávila de recursos que estaban destinados para que los agricultores pudieran enfrentar los retos de un posible Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Peor escándalo El fiscal Moreno advirtió que esta iniciativa no cumplió con el objetivo de apoyar a los pequeños productores agrícolas y terminó convertido en uno de los peores escándalos de corrupción del país.
Moreno aseguró que se entregaron 288.265 millones de pesos en este programa, pero mediante contratación directa, lo que representaría una violación de las normas legales.
Además, adujo que se presentaron falsedades, pues se presentaron contratos en la modalidad de cooperación científica y tecnológica y lo que realmente se hizo fue conseguir una entidad para que administrara esos recursos y los asignara.
El programa de Agro Ingreso Seguro se puso en marcha mediante convenios con el Iica y en este, dice el Fiscal, se identificaron hechos de corrupción y graves conductas de los ex funcionarios.
Además, los convenios con el Iica fueron tres y se hicieron sin estudios previos que le permitieran al Ministerio de Agricultura identificar quiénes, realmente, necesitaban los recursos de Agro Ingreso y cuáles contratos se podían hacer de manera directa.
El fiscal le pedirá al Juez 33 Penal Municipal la imputación de siete delitos contra el ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, el ex secretario de esa cartera Juan David Ortega, la ex directora de Comercio y Financiamiamiento Camila Reyes del Toro, el ex director de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero, los ex asesores jurídicos Tulia Eugenia Mendez y Oscar Schoeder y el ex gerente del Incoder Rodolfo Campo Soto. Tres de los citados, sin embargo, presentaron excusa y no asistieron: Juan David Ortega, el Rodolfo Campo Soto y Javier Enrique Romero.
Según la Fiscalía, todos los citados incurrieron en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, prevaricato por apropiación, por acción y omisión, violación al régimen legal y falsedad en documento publico.
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