Denunciante Bronce
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Política .|27 Mar 2011 - 9:48 pm A propósito de las facultades extraordinarias al presidente Antecedente de reforma Por: Redacción Política La transformación que impulsó el gobierno Uribe costó US$20 billones e implicó suprimir más de 40 mil empleos.  Telecom fue una de las entidades eliminadas por el gobierno Uribe.
El argumento de ayer fue el mismo que hoy se promueve: modernizar el Estado y luchar contra la corrupción. La Ley de Facultades Extraordinarias —aprobada hace dos semanas por el Congreso de la República— le da vía libre al presidente Juan Manuel Santos para crear, intervenir o eliminar las instituciones o entidades que considere pertinente, motivado no sólo por los escándalos de corrupción que persisten en algunas de ellas, sino también por el argumento de la modernización del Estado. El Gobierno ha sido persistente en afirmar que no habrá una masacre laboral ni mayores costos fiscales, y que no se sabe aún el costo de la reforma administrativa. Son las mismas justificaciones que esgrimiera en 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe en su “Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP): Hacia un Estado Comunitario”, puesto en marcha después de que el Legislativo le otorgara facultades especiales. La idea era “dotar al Estado con una autoridad legítima y sin poder para los violentos, al servicio de la ciudadanía y libre de los flagelos de la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Un Estado que concentrara sus esfuerzos en la erradicación de la miseria y en la búsqueda de equidad social, así como de condiciones de seguridad”. Un informe de la Red de Veedurías Ciudadanas, conocido por El Espectador, revela que la reforma de Uribe tuvo un costo de US$20 millones en el período 2003-2008; que 50 entidades fueron afectadas en su organización interna y planta de personal; que 43 fueron intervenidas en su planta de empleos; que a tres se les modificó la estructura; que se suprimieron 44 y se fusionaron siete y que fueron creadas otras 14, entre ellas Colombia Telecomunicaciones, el Incoder, la Sociedad Promotora de Energía de Colombia y el INCO. Entre las entidades suprimidas o liquidadas sobresalen el Incora, Inravisión, Audiovisuales y Telecom. En su momento, el expresidente Uribe habló de que no habría despidos masivos. Sin embargo, el balance del revolcón en materia laboral advierte que hubo una supresión de 40.350 empleos, según datos de Planeación Nacional. Un tema que hoy tiene las alarmas encendidas en las diferentes entidades que, se sabe, serán tocadas por el gobierno Santos. Hasta ahora se ha dicho que no serán abiertos nuevos cargos y que incluso se está pensando en acoger la figura de “servicios compartidos”, que implica que varias entidades compartirían las oficinas de recursos humanos, contaduría, tesorería y servicios generales. El documento de la Red de Veedurías indica también que en el período 2002-2010 y a pesar de la reforma de Uribe —que buscaba frenar el crecimiento del gasto y sus presiones en la estabilidad fiscal—, el saldo de la deuda externa, en vez de disminuir, aumentó: En 2002 se encontraba en US$22.838 millones y a noviembre de 2010 llegaba al orden de los US$62.114 millones. Asimismo, el llamado ‘hueco fiscal’ también se incrementó: al término de la vigencia 2009 se ubicaba en los $9 billones. Y un dato más: el PRAP buscaba también fortalecer la Dirección de Defensa Jurídica de la Nación a cargo del Ministerio del Interior —lo cual busca hoy implementar la reforma Santos—, algo que tampoco se cumplió. “En síntesis, los ahorros que se pretendían con las diferentes reformas producidas bajo el PRAP no se han visto por ninguna parte, como tampoco la eficacia de las nuevas entidades (…). Es plenamente dable aseverar que el PRAP adoleció de estudios previos que sustentaran las diferentes reformas. Lo que se dio fueron unas improvisaciones que fomentaron la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos de responsabilidad del Estado, en vez de disminuir las cifras de desempleo las aumentó y la corrupción hizo lo propio a falta de un Ministerio de la Justicia”, concluye Libardo Espitia, director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías Ciudadanas. Ese es el antecedente que preocupa. Sobre todo a los miles de funcionarios de entidades como el DAS, el Inpec, la Superintendencia de Notariado, la Dirección de Estupefacientes, el Inco, entre otras, en el ojo del huracán por malos manejos. Más aún cuando, según denuncia del Polo, el literal que buscaba la protección de los derechos laborales de los empleados afectados con esta reforma fue modificado, excluyendo la obligatoriedad del Gobierno para garantizar una reubicación efectiva de los empleados públicos afectados, que quedó condicionada a las leyes vigentes que obligan a acreditar requisitos y superar procesos de selección. Por ahora, el gobierno Santos sigue insistiendo en que no habrá masacre laboral y que realizará foros para socializar y alimentar la reforma. En lo que tiene que ver con el Programa de Renovación de la Administración Pública, adelantado por la administración Uribe, todavía no ha sido auditado por la Contraloría General de la República, algo que ya solicitó la Red de Veedurías desde octubre pasado. En síntesis, de no tomarse las prevenciones del caso, se podría repetir lo sucedido con la reforma Uribe. Enlace: http://www.elespectador.com/impreso/...nte-de-reforma
Última edición por armando2007; 28-03-2011 a las 21:19:31 |