Ad portas de lanzar su propio movimiento político, Gustavo Petro, excandidato presidencial del Polo Democrático, vuelve a la carga y en entrevista con El Espectador analiza algunos de los temas candentes de la agenda nacional, como la misma crisis de su Partido, el carrusel de la contratación en Bogotá, el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras que cursa en el Congreso y lo que llama ‘neoparamilitarismo’, para otros ‘bacrim’. Y se atreve a proponer una instancia diferente al Congreso –que no una nueva Constituyente– para adelantar las grandes reformas que requiere el país.
¿Al fin, en qué quedó lo de su movimiento político?
Hemos adelantado mucho. No será un partido porque las normas no lo permiten, pero los criterios con que se va a implementar tienen que ver con el concepto de red y organización de ciudadanos por causas democráticas. Hemos centrado nuestros esfuerzos en que no se trate de un ‘petrismo’. No vamos a reconstruir las relaciones que me acompañaron en la campaña presidencial sino que será un proyecto nuevo, con una conducción plural desde el punto de vista ideológico, regional y de géneros. Yo hago parte del proyecto pero no se organiza en torno a mí.
¿Pero que se busca? ¿Quiénes lo van a acompañar?
Buscamos llenar un vacío político que abandonan el Polo, por su crisis ética, y los verdes, por la toma uribista de su agenda. Hemos hablado con decenas de dirigentes políticos, sociales y regionales, buscando dos grandes parámetros: cero corrupciones, que es lo que abandona el Polo, y justicia social, que es lo que deja el Verde. Hemos hablado con infinidad de dirigentes de diversos partidos y es aquí donde tenemos una ventaja porque el movimiento no provoca doble militancias ya que no es un partido. Esperamos que el 23 de este mes se pueda lanzar este nuevo proyecto.
¿Van a buscar la Alcaldía de Bogotá?
Ese es un paso posterior y por eso he evadido la discusión sobre candidaturas. La decisión debe ser colectiva y sólo hasta después del lanzamiento de nuestro movimiento habrá una estrategia electoral. Lo que sí le puedo asegurar es que habrá presencia electoral.
¿Es verdad que Jaime Dussán dijo que el Polo no le daría aval a quienes simpatizan con usted?
Lo dijo en la última reunión del Comité Ejecutivo del Partido y no nos asusta. Fue una reunión dura porque la Comisión de Ética había suspendido a Iván Moreno y colocaron en el banquillo de los acusados no a Moreno sino a la Comisión. ¿Cómo entiende uno que en un partido de izquierda, que se distinguió por ser la oposición, la presidenta trate de que la sanción no se haga pública hasta que el sancionado emita su comunicado? Eso fue lo que hizo Uribe cuando las instancias judiciales tomaban decisiones sobre cosas que no le gustaban. Es lo que el filosofo Antonio Negri llama la homología del poder y es que las oposiciones, legales o ilegales, llegan a tal punto que se parecen a quien se oponen. Un calco del poder. Incluso hubo posturas que quedarán para la historia: Aurelio Suarez, jefe del Partido Comunista, acusando a la Comisión de ultraderechista porque se atrevió a sancionar a Iván Moreno. Eso no es sólo un calco del poder sino una expresión del viejo estalinismo.
Hay quienes dicen que usted acabó con el Polo Democrático...
Es lo mismo que me sucedió en los debates de la parapolítica. Muchos ciudadanos pensaban que yo destruía al país con ellos, incluso Uribe habló de traición a la patria. Siempre respondí: ¿quién destruye al país, el que denuncia o el que comete el delito? Porque entonces hay una inversión de valores. Si el que destruye es el que denuncia y no el que comete el delito, el país queda en manos de los delincuentes. Es lo que Garay llama la configuración mafiosa del Estado.
¿Pero acaso no recibió usted en la campaña presidencial el respaldo del sector de la Anapo? Y hasta dicen que fue usted quien metió a Iván Moreno al Polo...
Eso es una calumnia. No es si no revisar los años pasados y la evidencia corre al contrario. Quien mete a Samuel Moreno al Polo como miembro fundador fue Jaime Dussán. En 2002 yo era representante a la Cámara y ellos senadores. Y el que lleva a Iván Moreno al Polo, en 2006, se llama Jaime Dussán, y lo hace como una reacción a mi propuesta de meter a Jorge Robledo y a Carlos Gaviria. Yo fui el responsable de que ellos entraran. Y como reacción porque el grupo de Dussán se iba quedando relegado, deciden meter a Iván Moreno. Ahora, en la campaña presidencial competí con Gaviria y la actitud de los Moreno fue apoyarlo a él. Pero ellos no esperaban que les ganara. Las reglas del Partido decían que el que ganaba recibía el apoyo de todos, pero revisen a ver si hubo un solo afiche de la campaña de Iván Moreno que tenga el nombre de Petro.
¿Qué de lo del carrusel de las contrataciones no se sabe todavía?
Las investigaciones de la Procuraduría y la Corte Suprema se centran en el IDU y la malla vial porque es donde estaban los Nule y las grabaciones, pero nuestro informe demuestra que los mismos procedimientos que ocurrieron allí están en el conjunto de la Administración Distrital, por lo menos en las entidades con mayor presupuesto: Acueducto, Hábitat y Secretaría de Integración Social. La investigación no ha avanzado en estas. Otro de los vacíos es el seguimiento de las cuentas. Las empresas que hacen parte del cartel de la contratación tienen una red de empresas, no sólo de contratistas de la Nación sino fuera del país, fundamentalmente en la Florida, estados Unidos. Los periodistas han detectado a personas que no habíamos identificado como Fernando Marín Valencia, exembajador, socio de Guillermo Fino y Emilio Tapia.
¿Y cuál fue el papel de Marín?
La hipótesis de esas investigaciones muestran que Marín, constructor de condominios en la Florida, atacado por la crisis económica, termina vendiendo apartamentos por cuantías cercanas a US S50 millones. Allí está el vacío. Esta red internacional no tiene una investigación de la justicia y debería implicar a expertos en transacciones internacionales. Un país que está atacado por organizaciones narcotraficantes, que capturan al Estado y han llegado al nivel que ya todos conocemos, si sus órganos investigadores no tienen el personal experto y la capacidad de explorar las cuentas y transacciones fuera del país, estamos muy abajo. Si el cartel de la contratación pagó comisiones que suman decenas de millones de dólares, seguramente implica transacciones internacionales.
Usted ha hablado también de que falta investigar los carruseles a nivel nacional...
Es que los miembros más grandes del cartel de la contratación no vienen del Distrito sino de la nación. Si uno extrapola, supongo que el método que utilizaron en el Distrito ya se había utilizado en el país, y no me refiero a un sólo grupo. Así que el monto que uno podría calcular de los huecos en los anticipos o los sobrecostos en las obras pueden ser billonario. ¿Dónde está la entidad que está investigando esta otra faceta de los hechos que estamos viviendo en Bogotá? Sólo la Contraloría ha intentado hacer un recuento y ya ha dicho cosas, como ejemplo que lo mismo de la 26 está en el túnel de La Línea. Hoy, las concesiones tienen diez veces más su valor que cuando fueron contratadas. Lo que detectamos en el Distrito fue que el método para llegar a los recursos públicos no fue la licitación sino las adiciones a los contratos. La Contraloría ha denunciado cosas pero la Fiscalía brilla por su ausencia. Si es necesario utilizar el principio de oportunidad para saber esta verdad, yo lo usaría si fuera fiscal.
Todos los escándalos de corrupción han impulsado la creación del estatuto anti corrupción ¿será que sirve para algo?
El Congreso tiene un núcleo de parlamentarios que es fundamental para aprobar o hundir leyes, y está ligado a los carteles. En esa medida, lo que tiene que pensar el país es sí no se necesita una instancia diferente de reformas que el Congreso, como lo fue el Congresito en la Constituyente del 91. No creo que Colombia necesite una nueva Constitución sino aplicar la que tiene. Y hay una serie de reformas que, se ha demostrado, no se pueden hacer en el Congreso, dada la estructura política que los elige. Hay que pensar en una instancia constituyente y legislativa, que salga del alcance de las mafias que están en el Legislativo y permita hacer reformas fundamentales: tierras, aguas, ordenamiento territorial, reforma política, contratación pública. El Congreso tiene intereses creados que no permiten las reformas. Santos tiene que decidir si es un presidente reformador, que lo llevaría a ser el presidente de la paz, o es si el presidente del estatus quo, que lo llevaría a ser el de la guerra.
¿Cómo ve el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, que enfrenta su último tramo en el Congreso?
La sociedad colombiana no va a salir de su degradación violenta y mafiosa sin solucionar el tema de la tierra. Cuando se planteó la restitución de tierras a víctimas de la violencia teníamos que entender que es una parte del problema, esencial, pero una parte. El proyecto que está en discusión tiene dos artículos que llaman la atención: uno, es el que dice que en esas tierras usurpadas, donde existan empresas de buena fe que hayan desarrollado proyectos productivos no podrán ser sacadas de la tierra. Uno entiende que allí se abre el campo para deshacer la ley, porque todos van a decir que es de buena fe, y este es un tema específico de los palmicultores, porque todos sabemos que sobre la tierra usurpada se construyeron empresas de palma. De aprobarse ese artículo, a quienes les corresponde la tierra no podrá pedirla y tendrán que conformarse con que les paguen un arriendo. Hay otro artículo que me preocupa aún más, y tiene que ver con los títulos mineros, porque plantea que la devolución de tierras a quienes se la usurparon no extingue la sesión del título minero.
Continúa...