Un juez español determinó que Javier López Peña y Miker Carrera Sarobe coordinaron con el etarra deportado a Venezuela Arturo Cubillas la formación e instrucción en el manejo de armamento y explosivos de miembros de ETA en la selva venezolana.
Cubillas ya estaba procesado por tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Según el juez, Cubillas -cuya extradición ya había reclamado a Venezuela, donde reside actualmente- mantuvo al menos entre los años 2004 y 2008 "contacto constante, permanente y directo con la cabeza de la organización terrorista ETA y los distintos dirigentes de los comandos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas".
Acusa además a Cubillas -que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del gobierno de Hugo Chávez- de haber facilitado la infraestructura necesaria, que, "lejos de ser episódica, trasciende la mera colaboración", lo que para el juez le sitúa como dirigente de ETA "en el continente americano desde tierra venezolana".
En su providencia, Velasco también procesa a los terroristas José Lorenzo Ayestarán y José Ignacio Olaskoaga por un delito de tenencia explosivos en colaboración con organización terrorista, así como a Iraitz Guesalaga, responsable de informática de ETA, y a Iurgi Mendinueta por colaboración terrorista.
Sobre Guesalaga, detenido en Francia el pasado 11 de enero, el juez señala que López Peña fue quien acordó que éste viajara en septiembre de 2007 a Venezuela para enseñar y hacer cambios en el "programa de encriptado pgp" que Cubillas usaba para comunicarse con la dirección etarra.
Un año después, el responsable informático de ETA se desplazó al país suramericano desde París por orden de López Peña, donde permaneció un mes.
Algunos de esos días estuvo en una zona de la selva a la que acudió desde Chichiriviche "a ayudar a los 'amigos de la selva' (en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC) instruyéndoles en sistemas de radio, bajo la tutela organizativa" de Cubillas, que le ayudó con los gastos y desplazamientos.
A Olaskoaga -que informaciones policiales le sitúan en Venezuela, según el auto- y Ayestarán -arrestado el 28 de febrero de 2010 en Cahan-, el magistrado indica que instruyeron en el uso de armamento a miembros de la guerrilla colombiana en campamentos instalados en la selva venezolana "ante los fallos que las FARC habían tenido en el manejo de sus explosivos en acciones cercanas en el tiempo".
En concreto, detalla el juez, Olaskoaga impartía cursos "con especial incidencia" en espoletas de explosivos, iniciadores, bombas proyectadas, bombas-lapa y coches y motos-bomba, aunque también dio un segundo cursillo de técnicas de secuestro de personas.
"Alegando que en Francia era prácticamente imposible realizar prácticas de tiro", añade Velasco, Carrera Sarobe envió a Venezuela en julio de 2008 a los miembros del "comando Imanol" Xabier Atristain y Juan Carlso Besance, a quienes dio unos 2.800 dólares e instrucciones y contactos para recibir un curso de explosivos y armas.
A esos etarras les recogió Mendinueta, arrestado después en Francia, en octubre de 2009, y les puso en contacto con Cubillas y Ayestarán.
En su providencia, Velasco dicta órdenes internacionales de detención y decreta el ingreso en prisión contra los siete procesados a efectos de solicitar su extradición próximamente.
Además, el magistrado deja sin efecto el procesamiento dictado contra Remedios García Albert y Omar Arturo Zabala Padilla, alias "Lucas Gualdrón" -delegado para Europa de las FARC- quienes serán investigados en la causa que tiene abierta el juez Pablo Ruz, y a los que Velasco atribuye adiestramiento en labores de uso de telecomunicaciones a miembros de la guerrilla colombiana.
Madrid