Denunciante Bronce
 |  Los Alvarado, en la quiebra por la DNE
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 | Denuncian irregularidades de la DNE al elegir depositario Los Alvarado, en la quiebra por la DNE Por: Alexánder Marín Correa Les embargaron bienes en un frágil proceso de extinción de dominio y quedó en manos de una empresa de forma poco clara. Las pérdidas son multimillonarias. Aún no les devuelven sus bienes. 
Foto: Cortesía Esta es una de las estaciones de los Alvarado Parra. Por irregulaidades en la administración, la desmantelaron.
El proceso de extinción que inició el Fiscal 34 de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía contra la familia Alvarado Parra en el Tolima fue un paso en falso que hoy tiene en la quiebra a estos comerciantes, al fiscal del caso en investigación disciplinaria y a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) enredada en otro escándalo por posibles irregularidades en la administración de bienes. Basados en un incipiente informe de inteligencia militar elaborado en el 2006, en el que el guerrillero ‘Olivo Saldaña’ señaló a la familia Alvarado de lavar dinero para las Farc, el ente acusador puso en marcha el proceso en marzo del año pasado y embargó sus bienes. 12 gasolineras y establecimientos comerciales quedaron a cargo de la DNE, a los que se sumarían otras propiedades que supuestamente Estupefacientes ocupó sin orden de la Fiscalía, según indicaron sus propietarios. Casi un año después, la justicia reconoció que detrás de esto hubo un grave error y que en el informe de inteligencia del que se desprendió el proceso sólo existían conjeturas. Esto dejó sin piso el proceso de extinción de dominio, con lo que la Fiscalía no tuvo otro remedio que reconocer que se equivocó y el pasado 27 de enero ordenó a la DNE devolver las propiedades, pero la celeridad con la que la justicia les arrebató los bienes a los Alvarado Parra, no ha sido la misma para devolvérselos y hasta la fecha no lo ha hecho. Según Gerardo Alvarado Parra, propietario de las estaciones de servicio, dice que hasta el error de la Fiscalía lo podría disculpar, pero no la forma como la DNE ha administrado los bienes. Dice que detrás de la administración de sus propiedades existe un posible caso de corrupción, que se agrava al no tener la certeza cuándo le devolverán sus propiedades, ya que encontró que Estupefacientes autorizó que las arrendaran por cinco años, en un contrato que parece difícil de romper. “Es sumamente delicado. La Fiscalía ya dio la orden de entregarnos las propiedades y hasta la fecha no lo han hecho. Las pérdidas de estos meses serían cercanas a los $10 mil millones. En la DNE sigue la corrupción rampante. Que bien que la van a liquidar”, agregó Alvarado. Desde que la Fiscalía ordenó ocupar los prósperos negocios de esta familia, con ganancias cercanas a los $800 millones mensuales, pasaron por varias manos hasta ser arrendadas a Casamotor S.A., competencia directa de los empresarios tolimenses. Al comienzo, en marzo del 2010, los bienes los tuvieron particulares y en abril, “buscando una mejor administración”, la DNE se los entregó por primera vez a la empresa Casamotor S.A. Ante los reclamos de los propietarios, al considerar un riesgo que fueran sus competidores los que administraran sus empresas, la DNE hizo invitación pública para elegir nuevo depositario, trámite que aparentemente estuvo plagado de inconsistencias. Tras el proceso de selección, Estupefacientes eligió a Petroquality S.A.S., empresa que operaba en Jumbo (Valle). Los Alvarado empezaron a escudriñar detrás del nuevo depositario y encontraron que pese a no cumplir varios requisitos de la invitación, la DNE lo seleccionó como nuevo administrador. Uno de ellos, tener tres años de experiencia y solo los cumplía semanas después de la apertura del proceso. Además, encontraron que justo dos días antes de la apertura de la invitación, la empresa radicó ante Cámara de Comercio el cambio de sociedad (de Ltda a SAS), de objeto social (pasando de mantenimiento de jardines a actividades con hidrocarburos) y de capital (de $20 millones a $100 millones). El 29 de junio firmaron la resolución con la que nombraron a Petroquality como nuevo depositario. En una maniobra poco clara, casi de manera inmediata y sin tomar posesión sobre los bienes (que seguían bajo la administración de Casamotor S.A.), el nuevo depositario pidió autorización a la DNE para entregarlos en arrendamiento “dada la complejidad comercial de los negocios”. El visto bueno lo recibió en 10 días y en 15 días hizo el trámite. Para elegir arrendatario debían estudiar tres cotizaciones, de empresas con sede en los municipios donde estaban los bienes. Petroquality evaluó sólo dos propuestas: Casamotor, con sede en Ibagué, y Copec & cia Ltda, de Bogotá. Antes de definirse el nuevo arrendatario, Casamotor ya pagaba a la empresa Bienco S.A. de Cali el avalúo de las estaciones de servicio, para establecer el canon de arrendamiento. El 27 de julio se firmó el contrato por cinco años, para continuar administrando los negocios de la familia Alvarado Parra. A pesar de que el grupo de gasolineras generaban ganancias por casi $800 millones, el canon de arrendamiento se tasó en casi $90 millones. De este dinero, Petroquality se quedaba con el 8% por ser el depositario. Total, a la DNE sólo llegaban casi $84 millones, en promedio $7 millones por estación. En medio de todo este proceso desmantelaron una de las estaciones de servicio, por mala administración. De igual forma, los Alvarado denunciaron que los depositarios de las estaciones cancelaron varias cuentas bancarias para sacar el dinero. Aunque Gerardo Alvarado ha tenido paciencia durante este mes, esperando a que le devuelvan sus propiedades, ahora encuentra un inconveniente. Pese a que casi todos los contratos de arrendamiento de bienes incautados incluyen una clausula de liquidación en caso de que la justicia ordene la devolución a sus propietarios, en el caso de las estaciones de servicio de los Alvarado esta no se incluyó. “Ahora pretenden devolverme mis bienes arrendados a la competencia a cinco años. Cualquier acción que emprenda se demora entre tres y cinco años, en los que mis pérdidas serían cercanas a los $35 mil millones”, dice el propietario. A un año de haber sido víctimas de una decisión apresurada del fiscal y a más de un mes de tener la orden para recibir sus propiedades, siguen luchando contra el desorden administrativo de la DNE, para recuperar sus bienes y salir de la bancarrota en la quedaron sumidos los Alvarado Parra por un error judicial. Enlace: http://www.elespectador.com/impreso/...do-quiebra-dne
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