Tras casi nueve horas de forcejeos a puertas cerradas, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución de condena contra la violencia en Libia y sanciones contra ese país árabe y sus dirigentes.
El texto fue negociado a partir de un borrador presentado el viernes por Francia y el Reino Unido.
En su parte introductoria, el texto invoca el capítulo VII, artículo 41 de la Carta de la ONU, que establece la autoridad del Consejo para adoptar "medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada" para hacer efectivas sus decisiones.
La letra de ese punto dice que esas acciones "podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas".
Sobre esa base, la resolución aprobada exige el fin inmediato de la violencia en Libia y pide la adopción de medidas "para cumplir las legítimas peticiones de la población".
Insta a las autoridades libias a "actuar con la máxima mesura, respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y autorizar el acceso inmediato de los observadores internacionales de derechos humanos".
También a garantizar la seguridad de todos los extranjeros y sus bienes y facilitar la salida de los que deseen salir del país, así como asegurar la entrada segura a Libia de los suministros humanitarios y médicos y de los organismos y trabajadores de esa esfera.
La resolución remite la situación en Libia desde el 15 de febrero de 2011 al fiscal de la Corte Penal Internacional para que estudie las acusaciones contra autoridades de ese país por presuntos abusos desde el inicio de las protestas antigubernamentales.
Igualmente, decreta un embargo del suministro, venta o transferencia a Libia de armas, municiones, vehículos, asistencia técnica, adiestramiento, ayuda financiera o de otro tipo relacionado con actividades militares.
El documento dispone la inspección de todas las cargas procedentes o con destino a Libia y prohíbe viajar y congela los bienes del líder libio Muamar Gadafi y de un grupo de personas familiares o vinculadas al gobernante.
Finalmente, establece un comité del Consejo de Seguridad encargado de vigilar la aplicación de las sanciones.