UN INQUIETANTE ARTÍCULO periodístico publicado el domingo que pasó en El Espectador ha vuelto a desempolvar un tema del que poco se habla pero del cual hay indicios suficientes como para, cuando menos, activar una investigación seria.
Basada en el reporte que en su momento envió la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a Washington y que se ha filtrado en los cables de Wikileaks que ha venido revelando este diario, pero también en los testimonios entregados a la justicia por algunos de los jefes paramilitares y en algunas fuentes que han preferido mantener la reserva, la nota periodística pone en contexto el viejo rumor del posible pago de $5.000 millones por parte del paramilitarismo para promover la elección del anterior Fiscal General de la Nación, detallando quiénes supuestamente hicieron el pago y hasta cómo viajó el dinero de Chivolo a Barranquilla y, de ahí, a Bogotá.
El propio exfiscal Mario Iguarán salió ayer al paso de las revelaciones para insistir en que se trata de un simple rumor y para insinuar que esa información se activa cada vez que hay decisiones incómodas para alguien; en concreto, se refirió a la “llamémosla coincidencia” de que la primera vez que se habló del tema fue cuando se ordenó la captura del exsenador Mario Uribe. A la vez, recordó algunas investigaciones que contra el paramilitarismo siguió la Fiscalía mientras estuvo a su cargo y, en general, desechó como absurda la versión de que pudo haber un pago para garantizar su elección.
Cierto es que un artículo periodístico no cumple propósitos judiciales, no es su pretensión tampoco. Cierto es también que los paramilitares en sus declaraciones pueden acomodar la realidad con la intención de manchar nombres gratuitamente con dobles intenciones. De hecho, quien primero habló del tema y, según las versiones, habría organizado el pago, es Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, precisamente el capo que, como se supo hace algunos días, estaba orquestando con el abogado Ramón Ballesteros un nuevo complot contra el investigador principal de la parapolítica, Iván Velásquez, ofreciendo pagos para ello. Bien puede ser que, como lo ha defendido ayer Iguarán, todo sea apenas un rumor o un complot.
Pero también puede ser que no. Y lo que resulta preocupante, acaso sospechoso, es que ninguno de los indicios que involucran la posible penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en la justicia merezca el inicio de una investigación seria. El proceso de la parapolítica está cimentado, básicamente, en las declaraciones de estos mismos paramilitares y muchos de los procesos se echaron a andar por simples rumores. Igual ha venido sucediendo con los nexos de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares y hasta en los vínculos de empresarios en muchas regiones se ha comenzado a esculcar. En cambio, cuando de la justicia se trata, nadie se atreve a halar los hilos.
Se atrevió, sí, el pasado gobierno, pero no tanto en busca de justicia —que por lo demás no es su función—, sino aprovechando algunos indicios para montar una degradante persecución a quienes investigaban la parapolítica, que dejaba mal parados a muchos de sus aliados. Quisiéramos pensar que fue esta persecución, precisamente, la que terminó provocando que las requeridas investigaciones durmieran el sueño de los justos. Pero hoy, cuando esa nociva disputa entre las ramas ha cedido, vale preguntarse, ya que de credibilidad de los rumores se está hablando, qué tan creíble es que la justicia haya estado ajena a la penetración paramilitar cuando hemos presenciado su incursión en tantos y tan importantes escenarios. La parajusticia merece ser investigada, incluso para demostrar, y ojalá, que ese es un fenómeno inexistente. Mientras no se investigue, siempre estará viva la duda