 Respuesta: Intolerancia ¿que nos pasa?
Qué hacer
Que la ilegalidad y la violencia hayan calado hasta el tuétano a la sociedad colombiana no significa que el país esté condenado al destino de 'mataos los unos a los otros'. El aumento de la violencia cotidiana tiene una estrecha relación con la falta de políticas públicas complejas y sostenidas para enfrentarla.
Todos los analistas consultados por SEMANA, desde distintas disciplinas, coinciden en que urge una política que apunte a reconstruir el tejido social, la ética pública y los valores humanitarios. Es decir, que ahora que la seguridad ciudadana está en el ojo del huracán no basta con que se multipliquen los recursos de Policía y Fiscalía, ni que se endurezcan las leyes. Aunque suene muy abstracto, el ejemplo de Bogotá de finales de los noventa es un caso paradigmático. Lo que hizo una secuencia de varios alcaldes de la capital fue asumir la inseguridad como un problema de toda la administración y la seguridad como un bien público, con implicaciones para la educación, la salud pública y la movilidad, y no solo como un asunto criminal.
Por otra parte, hay que entender que el urbanismo y el mobiliario también inciden en el comportamiento de la gente. "Nos dimos cuenta de que la mayor intolerancia se producía en zonas muy deterioradas o de nuevo poblamiento donde había mucha precariedad", dice Álvaro Camacho Guisado, investigador social que trabajó en aquella época en la estrategia de convivencia de la ciudad. Estas zonas suelen ser también de baja presencia institucional. "Lo estético incide. Cuando la gente ve orden en lo público, ese orden es una especie de disuasión para conductas que violan las normas", dice Mauricio García, poniendo como ejemplo los cambios en ese campo que introdujo el alcalde Giuliani, de Nueva York, que se acompañaron de una baja notable en la criminalidad.
Otro gran componente es la cultura ciudadana, construida no solo desde campañas pedagógicas, sino desde una funcionalidad de las instituciones que permita reducir los incentivos perversos para cometer delitos y aumentar la sensación de que habrá sanciones a los que rompan lo que Mockus llamó "el tabú de la muerte". Por último, Bogotá se dotó de una sofisticada información sobre los delitos que se cometen, dónde, cuándo, cómo y por qué, y estos datos han sido definitivos para enfrentar el problema.
La reconciliación, en su sentido más amplio, debe ser un tema central de la política. Acompañada de medidas prácticas, como drásticas restricciones al amparo y porte de armas y el fortalecimiento de la justicia, mecanismos ágiles de conciliación en conflictos de pequeña envergadura, que son la mayoría de los que sufren los ciudadanos del común, pueden ser, a la vez, educativos y preventivos. La actitud de la gente frente a la violencia es determinante no solo para evitar que muchos carguen una pistola en el bolsillo y que la usen en el primer arrebato de rabia, sino que puede quitar al menos parte del piso que hoy tienen los grupos de delincuencia organizada o bandas criminales. Como dice García, la solución pasa por combinar la solución moralista, la cual procura enseñar al ciudadano nociones morales de respeto a la vida y a la ley, con la solución represiva, que garantiza un castigo para la infracción y reduce la impunidad.
Si algo está claro es que en lo profundo del inconsciente colectivo de los colombianos, cada crimen por aislado que parezca, tiene nexos profundos con una historia de cinco décadas de degradación, mafias y guerra. El problema está a la vista y las soluciones, sobre el tapete. La cuestión es que las autoridades se decidan a dar el timonazo. Mientras eso no suceda, la ley de la selva seguirá imperando en la vida cotidiana de los colombianos.
__________________ las mentes brillantes tienen los demonios mas persuasivos |