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freeyon · 27-02-2011 , 00:15:07

Cada día más, el colombiano soluciona sus conflictos a bala, a puñal y a pico de botella. ¿Qué nos pasa?

Un hombre coge a balazos una buseta porque obstruye su paso cuando para a dejar un pasajero. Los hijos de un exmilitar y de un expolicía tienen un altercado después de una fiesta, que termina con la muerte a puñaladas de uno de ellos. Un estudiante acuchilla a otro hasta la muerte porque le dio un cigarrillo a su novia. Lo que empieza como una pelea por una toalla termina con un hombre muerto de cuatro tiros en un sauna. Este es apenas un puñado del sinnúmero de episodios que han ocupado los titulares de los medios en Colombia en las últimas semanas, que empiezan a generar la sensación de que la intolerancia y la violencia reactiva o fortuita están creciendo en el país.

No se trata de una sensación. Las cifras son dramáticas. Hace siete años, un 10 por ciento de los homicidios registrados por el Observatorio del Delito de la Dijín de la Policía eran atribuidos a riñas; hoy son casi el 40 por ciento del total. En un lustro, entre 2004 y 2009, la tasa de lesiones por violencia, que compila Medicina Legal, pasó de 200 a más de 300 por 100.000 habitantes. Nueve de cada diez lesiones personales el año pasado fueron por riñas (en 2003, eran seis de cada diez) y los casos de homicidios por "intolerancia social" -una categoría introducida por el Observatorio del Delito de la Dijín hace unos años- vienen subiendo geométricamente desde 2007. Crecen la violencia entre parejas y entre familiares, el maltrato infantil y contra adultos mayores: entre 2004 y 2009, los casos de violencia intrafamiliar saltaron de 60.000, una cifra ya muy elevada, a cerca de 95.000.

A pesar de que, según el general Óscar Naranjo, director de la Policía, el año pasado el país tuvo la tasa de homicidios más baja de las últimas dos décadas, con 15.459 casos, esa medida sigue siendo una de las más altas del continente, con 34 por 100.000 habitantes. Aunque es lugar común decir que esto se debe a la guerra prolongada y sangrienta -cada vez más rural- que ha vivido el país, en términos reales los asesinatos atribuibles directamente al conflicto armado rondan el 5 por ciento del total (832 en 2010). El resto se atribuye al crimen organizado, desbordado en las ciudades y en amplias regiones del país, y, de manera creciente, a un fenómeno que, a riesgo de cierta imprecisión, se puede nombrar con una palabra: intolerancia.

Los ciudadanos de a pie tienden a resolver hasta los más nimios conflictos a bala, a puñal o a punta de pico de botella. Aun sin conflicto o razón aparente, reacciones brutales estallan y terminan con muertos y heridos. Aunque es difícil establecer cuántos homicidios y lesiones severas se cometen por este tipo de reacción instintiva (Medicina Legal tiene información sobre las circunstancias de los primeros solo en dos de cada diez casos), la Policía dice que, en los últimos años, en promedio, 37 por ciento de los asesinatos son producto de venganzas personales, riñas o hechos ocasionales que terminan en violencia.

¿Por qué?

Una pregunta que siempre ha gravitado entre los especialistas es si, además de que los grupos armados y el narcotráfico han tenido por décadas a medio país en jaque, Colombia está inmersa en una cultura de la violencia que permea la vida de toda la sociedad.

Las respuestas no son alentadoras. Si bien el crimen organizado es una realidad en el mundo y crece exponencialmente en América Latina, hay muestras de que en Colombia esa cultura que genera reacciones brutales en la vida diaria es más generalizada. Carlos Mario Perea, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, comparó el caso de ciudades colombianas con México y Centroamérica, y encontró que mientras en estos países el crimen organizado es responsable hasta de un 92 por ciento de las muertes, en Colombia hay mayor participación de la sociedad en los actos de violencia, y prácticas macabras como las limpiezas sociales han convertido en rutinario cierto tipo de muertes, como las de consumidores de drogas o ladronzuelos. La frase "si lo mataron fue por algo" es un reflejo de cómo la normalidad del homicidio y la atribución de la culpa a la víctima -no al asesino- son peculiaridades de esta sociedad.

"La violencia urbana no se ha estudiado a fondo en el país", dice Perea. Hay literalmente una batalla de cifras y un sinnúmero de estudios de percepciones de seguridad, pero se desconocen muchos detalles sobre la manera como matan, mueren y se agreden los colombianos. Según el Observatorio del Delito, por ejemplo, en 2009 hubo 55.000 lesiones personales; según Medicina Legal, serían 138.000. Distintas metodologías; diferencias gigantescas. Se sabe por Medicina Legal que un 81 por ciento de los crímenes se cometen con armas de fuego, pero no es posible establecer si se trata de armas amparadas o ilegales, pues en un 73 por ciento de los casos se tiene un cadáver pero no se sabe nada del hecho.

Así, la idea de que una cultura violenta se ha arraigado entre los colombianos es compartida por muchos. El sacerdote jesuita Horacio Arango, que estudia desde hace años la violencia en Antioquia, dice que en Colombia no se logró construir una ética pública fuerte, de respeto al otro, en medio de un proceso de modernización y urbanización acelerado, y que terminaron imponiéndose los valores del narcotráfico, "del dinero y el poder por encima de la vida humana".

La antropóloga María Victoria Uribe atribuye el problema a "un conflicto prolongado con ingredientes como el narcotráfico y el sicariato. Se ha devaluado la vida humana". Casi todos los analistas consultados por SEMANA ven conexiones entre la violencia organizada y especialmente la que se ejerce con complicidad de políticos y miembros del Estado, y la que impera entre los ciudadanos. El mal ejemplo viene desde la cúspide: "Qué se puede esperar del ciudadano común cuando hemos visto un proyecto político triunfante montado sobre el ejercicio sistemático de la muerte", señala Perea refiriéndose a la parapolítica. El mismo análisis cabría para los 'falsos positivos', que es tal vez el más emblemático y brutal ejemplo de desprecio por la vida de parte de una autoridad uniformada. "El que puede instaurar una ética de la vida es el Estado, pero si navega en la corrupción, es muy complicado", dice el sacerdote Arango.

El semiólogo Armando Silva añade a este quiebre social y moral el caos de la vida urbana. "Estamos apiñados, no hay aire, el tráfico es complicado, eso genera rabias. Son agentes estresantes de la acción violenta", dice. Tan estresada vive la gente que hay actos de violencia cotidiana que muestran que cada uno vive a su manera sus "días de furia", como en la película protagonizada por Michael Douglas en la que un veterano de la guerra de Vietnam, ofuscado en un trancón, decide convertirse en asesino sin freno por un día. Silva pone como ejemplo a un motociclista en Barranquilla que se enojó tanto porque un policía le pidió papeles que prefirió quemar la moto a pagar la multa. Más que hogares, decenas de miles de familias en Colombia parecen más bien teatros de guerra, en los que las víctimas son los niños y las mujeres.

El historiador Jorge Orlando Melo cree, en la línea conceptual de la cultura ciudadana, que la explicación reside en una combinación de factores: una sociedad mata (o se agrede) más o menos dependiendo de las condiciones sociales, que determinan qué tan favorable es el entorno para el delito; de las oportunidades de beneficio que perciben los criminales y de la fuerza de las barreras éticas, culturales y legales frente al crimen. "La aceptación de la violación de la ley en casos menores facilita la aceptación de la violación más grave", dice.

En esto coincide con Mauricio García, quien ha investigado la transgresión a las normas y ve una línea común entre dejar caer un papel en la calle y resolver una disputa a bala. "Hay una relación entre la facilidad con la que se violan normas de espacio público y las infracciones más graves. Uno de los problemas de Colombia es que hay mucha impunidad legal, pero sobre todo, mucha impunidad social: cuando uno critica al que incumple la norma, le caen encima. Es tan peligrosa la impunidad social como la penal. Hay una relación entre ambas, entre delitos menores que nadie sanciona y que la gente deja pasar y delitos mayores", sostiene.

Hay que incluir también en el análisis la combinación de altos costos de acceso a la justicia y bajos costos de cometer una agresión. Por un lado, la burocracia, la corrupción y la lentitud en investigaciones y procesos judiciales desaniman al ciudadano, y el temor a retaliaciones inhibe la denuncia; por el otro, la alta probabilidad de salir impune anima al infractor a pegar, matar o cometer un crimen. Desempeña un papel también la ausencia del Estado o su falta de eficacia, especialmente la falta de acceso a la justicia. Muchos conflictos terminan en violencia porque no hay quien medie o sancione a tiempo a las partes enfrentadas. Eso favorece la justicia por mano propia. Según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, un 35 por ciento de los crímenes son por venganza, lo cual apunta a un fracaso de las políticas de convivencia y de la justicia para pequeñas causas.

Todos a las armas

Pero si Colombia tiene el infortunio de vivir en perpetuos ciclos de violencias que se mezclan y crean un explosivo coctel molotov y que son difíciles de separar en el análisis, hay otros factores que facilitan que cualquier malentendido pequeño termine en un homicidio o una agresión salvaje. Uno, clave, es la proliferación de armas de fuego. Una cosa es que una persona se salga de casillas con otra por algo nimio como un incidente de tránsito; otra, muy diferente, es que tenga un arma en la guantera y, en un arranque de rabia, decida dispararla, como ocurrió recientemente en Bogotá cuando un escolta levantó a tiros una buseta llena de pasajeros que le obstruía el paso.