La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 17 miembros del Ejército Nacional quienes intervinieron en el asesinato de un grupo de 10 Policías y un civil en jurisdicción del municipio de Jamundí (Valle del Cauca).
Los hechos materia de investigación se registraron el 22 de mayo de 2006 en el sector de Potrerito municipio de Jamundí (Valle del Cauca), donde el Ejército Nacional se desplazó para intervenir ante un supuesto secuestro que se iba a llevar a cabo en la zona, al parecer por integrantes de las Farc o el ELN.
De acuerdo con las pruebas recaudadas el Teniente Coronel Byron Carvajal, en su condición de comandante del batallón de Alta Montaña nro.3 “Rodrigo Lloreda Caicedo” expidió la Misión Táctica “Ballesta III” para de esta forma atender el supuesto secuestro.
Tras poner en conocimiento de su superior el propósito de la misión, obtuvo el respectivo visto bueno, violentando con esta conducta el principio de confianza de su superior, quien desconocía el verdadero propósito de la operación.
Los militares adelantaron una operación táctica que concluyó con el asesinato de los 10 policías que se encontraban en el área y un civil quien, al parecer, estaba guiando al grupo de policías detrás de la ubicación de una caleta en la que posiblemente había 100 kilos de un alcaloide.
Quedó comprobado, entre otras cosas, en la decisión que “los militares habían tomado el campo en donde se desarrollaron los acontecimientos, copando el flanco derecho e izquierdo y la parte central del terreno, acorralando así a los Policías y al civil por cuanto ellos a sus espaldas tenían cercas y muros que impedían su movilidad hacia una posible ruta de escape (…)”.
Además que el Teniente Coronel Byron Carvajal “coordinó todo lo necesario llamando reiteradamente al Teniente Castro Aponte, al sargento Mahecha Hernández durante los sucesos, y a otros componentes claves de la tropa después de lo sucedido para impartirle órdenes para construir su coartada para evitar la intervención de la autoridad en pos de desviar la atención de esta simulando un escenario de fuego enemigo y tratando de desnaturalizar su responsabilidad argumentando un yerro por parte de los Policías al no coordinar con el Ejército su operativo”.
Frente a los uniformados que si dispararon sus armas de dotación, el Ministerio Público concluyó que no resulta aceptable manifestar que estaban cumpliendo una orden legítima “cuando, jamás, después de advertir que su supuesto enemigo era la Policía, decidieron dejar de disparar por considerar que se estaba violando injustamente un derecho fundamental de éstos sino que continuaron con su acción sin importarles nada”.