Estados Unidos presionó en 2009 al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para que hiciera una limpieza a fondo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de espionaje que depende directamente del presidente del país. Los cables del departamento de Estado filtrados por Wikileaks revelan cómo el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William R. Brownfield, amenazó al entonces vicepresidente Francisco Santos con endurecer las relaciones de su país con los servicios secretos colombianos. Santos reconoció que Uribe no comprendía a fondo la gravedad de la crisis y pidió al embajador que hablara directamente con Uribe para convencerle de la necesidad de tomar medidas efectivas respecto al DAS.
Tras el escándalo de las escuchas se encontraba otro de igual o mayor gravedad, como era el de la parapolítica: los supuestos vínculos entre el dinero de los paramilitares y los políticos en el poder. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia que investigaban la relación entre los paramilitares y el Gobierno habían sido objeto en 2008 y 2009 de escuchas ilegales (chuzadas en el argot colombiano) por parte del DAS. El escándalo saltó en febrero de 2009 cuando el contenido de algunos de esos pinchazos de teléfono fueron filtrados a un semanario. Álvaro Uribe, negó en un comunicado cualquier vínculo con el caso: "Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa".
Una de las víctimas más evidentes de aquellas maniobras del DAS fue el magistrado de la Corte Suprema Iván Velázquez. Aquel mismo febrero, El PAÍS publicó una entrevista donde Velázquez confesaba que temía por su vida. Había unas 2000 horas grabadas con sus conversaciones telefónicas, se habían registrado todos sus movimientos, desde las visitas que efectuó a jefes paramilitares internados en cárceles hasta sus propios almuerzos familiares. Los diplomáticos estadounidenses enviaron a Washington un cable en el que mencionaban la entrevista de El PAÍS y recordaban que Velázquez había sido criticado de forma frecuente por Uribe.
La actitud de la embajada estadounidense, en principio, parecía limitarse a observar, anotar y comunicar a Washington el devenir de los hechos. Pero después se supo que entre las grabaciones ilegales se encontraba la de un funcionario de la embajada de Estados Unidos que conversó por teléfono con uno de los jueces. Y el 15 de septiembre de 2009 el embajador estadounidense William R. Brownfield optó por reunirse con el entonces vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y tomar cartas en el asunto. Le advirtió que Estados Unidos estaba a punto de endurecer sus relaciones con el servicio secreto colombiano y le conminó a emprender una investigación "exhaustiva, transparente y pública". Santos le dijo que estaba completamente de acuerdo y que incluso contemplaba la opción de disolver la agencia de espionaje, según un cable despachado desde Bogotá al día siguiente del encuentro.
"El embajador dijo que más le valía al Gobierno de Colombia tener un plan B en caso de que surgiera otro escándalo del servicio de espionaje", indicaba el despacho. Y si no, se aplicaría el plan B de Estados Unidos: "terminar nuestra asociación con el DAS. Inmediatamente".
Respecto a la escucha ilegal sobre el funcionario de la embajada, Santos informó de que esa llamada probablemente no había sido efectuada por el DAS. El embajador indicó que las investigaciones hechas por su propia embajada también llegaban a esa conclusión. Pero eso no le restaba gravedad al asunto. Estados Unidos quería un interlocutor fiable con el que intercambiar información. Y el DAS no parecía el socio idóneo.
Santos se mostró plenamente de acuerdo con el embajador, pero hizo notar que su presidente, Álvaro Uribe, "no comprendía de lleno la profundidad de la crisis". Y recomendó al embajador que hablase directamente con Uribe. Seis días después, Uribe se reunió con el embajador, le dijo que había empezado a desmantelar el DAS y a reasignar sus funciones a otros organismos. Durante el encuentro, "un extraordinariamente animado y agitado Uribe telefoneó al fiscal general Guillermo Mendoza" para preguntarle cómo iba la investigación del escándalo de las escuchas y activó el manos libres en el teléfono para que el embajador escuchase la conversación.
Uribe le confesó después al embajador que los últimos seis meses habían sido un suplicio para él, con tanta gente cuestionando su honestidad. Hasta el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, le había expresado su preocupación por los servicios secretos colombianos. Uribe dijo que había decidido desmantelar el DAS. Tres días antes de su reunión con el embajador Uribe había ordenado al director del organismo, Felipe Muñoz, que informara de todos los detalles del desmantelamiento a Brownfield. Y este le informó de que de sus 6.500 empleados, 2.000 serían retirados y 4.500 enviados a otras agencias. Pero "la mayoría de los empleados de la nueva agencia de espionaje serían nuevos profesionales sin conexión con el DAS", dijo Muñoz. El embajador le hizo ver a Muñoz, que además de todo eso, había que efectuar una investigación completa sobre lo que había pasado y castigar a los responsables.
En su telegrama del 16 de septiembre de 2009 el embajador terminaba diciendo que para restaurar la credibilidad pública de los servicios secretos el Gobierno colombiano tendría que afrontar "un precio más alto del que tal vez esté preparado para pagar". Un año y medio después, Felipe Muñoz continúa como director del DAS, el organismo no ha sido desmantelado y la fiscalía continúa investigando el caso de las escuchas ilegales.