Con este carrusel de magistrados se confirma que esta Sala Disciplinaria de la Judicatura, con un par de excepciones, está escribiendo una de las páginas más tristes de las altas cortes en la historia del país. Desde cuando se estaba conformando, a mediados de 2008, se dispararon las alarmas.

“Pónganle atención a lo que está pasando en el Congreso: están diciendo que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”, le dijeron en ese entonces a esta revista.

El Congreso hacía la elección a partir de ternas enviadas por el gobierno Uribe. Y cuando los eligieron, los nombres no cayeron bien, pues, con excepción de Otálora y María Mercedes López, e incluso Julia Emma Garzón, que tenían trayectoria en la rama judicial, los otros cuatro venían de las entrañas de la política tradicional. Además, tenían serios reparos en sus hojas de vida. Ovidio Claros tenía a cuestas un caso de no pago de cuota de alimentos y antecedentes en la Procuraduría, porque como gerente seccional del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.

Pedro Alonso Sanabria venía salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta ‘pirámide’ hablaban de haberle dado millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Angelino Lizcano venía del grupo político del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por la parapolítica y la farcpolítica, y estuvo más de 15 años en la Secretaría General del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá. Y Henry Villarraga, quien venía de ser consultor jurídico de la Gobernación de Casanare, terminó salpicado en una denuncia de una registraduría paralela, hecha por El Espectador.

Este mismo Villarraga fue quien hace dos semanas amenazó con denunciar al ministro Germán Vargas Lleras porque “gran parte de las más de 11.000 quejas contra los jueces de la República han terminado siendo infundadas”.

En el grupo de pensionados o posibles pensionados sin duda hay personas que le han servido por décadas al país desde la justicia, pero eso, a los ojos del ciudadano del común, no es suficiente para que aspiren a pensiones que no financiaron en su vida laboral y que pueden afectar la salud fiscal del Estado.

Algunos de los magistrados también han dado explicaciones. En la última sala plena de la corporación, Henry Villarraga se defendió diciendo que él les exige mucho a sus auxiliares y que por eso solo le duran unos meses. En el despacho del magistrado Claros dan explicaciones para cada uno de los casos: algunos, dicen, fueron nombrados por el magistrado anterior, y otros duraron poco porque fueron nombrados en despachos de descongestión.

Sin embargo, en el Palacio de Justicia todos saben que algo se está pudriendo por dentro. Varios funcionarios de la rama le dijeron a esta revista que la situación es crítica y que hay algo muy preocupante detrás de este carrusel de ‘palomitas’.

Fuente: Semana