Iniciado por freeyon 
¿estamos tratando de lidiar con las consecuencias de un problema o con los agentes asociados, pero no con el problema mismo?
Contrario a lo que suponía dejarnos la 'seguridad democrática', lo que más siente hoy la ciudadanía es una falta de seguridad en relación a nuestras instituciones y en especial en relación al delito.
Nos encontramos ante un escenario que desconcierta por la cantidad de facetas que parecen fuera de control.
lo prueban los coroneles que trafican con droga; los soldados bachilleres que violan a quienes suponen proteger; los robos de niños, las balas perdidas; las Bacrim; los estudiantes asesinados o la revelación de que estos son apenas la punta del iceberg de lo que pasa en Córdoba; en fin…
Y se sabe y escandaliza que se presentan toda suerte de complicidades e ineficiencias que permiten y propician estas situaciones; estructuras que permanecen, aunque el Estado se niega a reconocer que existen y se fortalecen debido a los entronques en la legalidad -servidores públicos, policías, fiscales, jueces, vigilantes, gobernantes- pero también en el sector privado -empresas, sistema financiero, fundaciones, etc.-.
La idea de que los delincuentes existen por generación espontánea o porque Colombia se especializa en producir 'corruptos' y 'bandidos' y que hay que ver cómo se les persigue y no cómo se evita el delito se ha mostrado, más que inapropiada, ineficiente.
El modelo uribista no se salió de la óptica de coger los problemas por las ramas: o botar el sofá o matar al amante; donde había problemas, acabar con la institución, o con el culpable; pero sin estudiar o corregir la razón del mal.
Si algo desatendió la seguridad democrática fue justamente la política ante el delito.
Un cuerpo de administración de justicia acorde al tamaño del problema. Cuando la Fiscalía informa que para tramitar solo los juicios de Justicia y Paz se demoraría 30 años ¿cuándo habría cumplida justicia; si casi el 50% de los reos están en 'preventiva' sin que exista sentencia ¿cómo hablar de 'presunción de inocencia'; si cada juez tiene 2.000 procesos en promedio y si las tutelas desplazan todo otro proceso y se multiplican exponencialmente (370.000 el año pasado), ¿es posible pensar en 'pronta y cumplida' justicia?
Una política de prisiones. La capacidad carcelaria es del orden de algo más de 120.000 reos y en todas las instalaciones se presenta hacinamiento; se oye de la captura de 100 y hasta más de 1.000 delincuentes cuando la policía hace 'barridas', pero no se sabe qué hacen con ellos; o con las 220.000 capturas que se afirma hubo en el año 2010.
Ante este panorama de la justicia y de las prisiones ¿qué lógica puede tener crear más de dos millones de nuevos delincuentes al hacer una reforma constitucional para criminalizar la dosis personal de marihuana? ¿Qué sentido tiene aumentar las penas y simultáneamente los beneficios por comportamiento, las posibilidades de la casa por cárcel, o los casos de libertad provisional?
Una atención a la resocialización del delincuente: la población carcelaria no es una mayoría de 'cuello blanco'. Tanto o más escándalo deberían producir los privilegios (no parece que sean abusos) de quienes tienen acceso a los titulares de los medios como la indiferencia y maltrato que reciben los que no llaman la atención de los 'comunicadores', y que son sin educación primaria el 43% o sin bachillerato el 48%, y solo la tercera parte reciben opciones de trabajo o de estudio.
Una política de capacitación de la fuerza pública: si se aumenta en dos años el pie de fuerza policial en un 50% (60.000 hombres) con cursos de dos meses de formación ¿cómo esperar que no aprovechen su nueva situación para hacer lo mismo que ven en otros -extorsionar, violar, traficar, etc.- pero desde una situación privilegiada; si se les asignan toda clase de funciones adicionales (escoltas, funciones investigativas, aduanas, etc.) ¿cómo lograr que sean especializados y eficientes en su campo?
¿Dónde -fuera de Colombia- se renuncia a cualquier labor preventiva, educativa y de inteligencia para reemplazarla por 'recompensas' con las que se responde al escándalo de los medios?
Los resultados muestran lo ineficiente de la herencia del anterior gobierno. Aumentar sin capacitación el pie de fuerza, reemplazar el deber ciudadano de denunciar a los delincuentes por el negocio de ofrecer recompensas (para el Estado, al delegar sus funciones, y para el particular como forma de obtener riqueza), y hacer 'Consejos de Seguridad' que confirman que solo hay reacción a posteriori e improvisación ante el delito, son medidas que no subsanan el vacío de una política integral de lucha contra el crimen.
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