Los afectados del Atlántico piden 3.000 millones de pesos por daños causados por canal del dique.

El inverno pasado le podría salir mucho más caro de los prespuestado al Estado, pues un grupo de abogados barranquilleros instauraron una demanda por 3.000 millones de pesos, por los daños causados a los habitantes del sur del Atlántico, que resultaron damnificados en diciembre por la ruptura del Canal del Dique.
Esta cifra es el doble de la donada (1.500 millones), a través de celulares, por los colombianos a la cuenta de Colombia Humanitaria, para las víctimas del invierno.
Se trata de una de acción de grupo presentada por el pool de abogados de Fernando Prada Ortega, Fernando Borda Castilla y Roberto Tapia Ahumada, quienes aseguran representar a unos 1.700 damnificados y que reclaman ser indemnizados por la Nación, a través de diferentes entidades, como el Ministerio del Transporte, el Invías y la Gobernación del Atlántico.
A estas entidades o sus representantes legales se les responsabiliza de no haber tomado las medidas preventivas para evitar la tragedia, que se desató el 30 de noviembre cuando por un boquete del canal se desbordó el río Magdalena en el sur del departamento. Y, por los mismo hechos, los abogados también presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía, en Bogotá.
"Tenían la obligación de velar porque el Dique se conservara en perfecto estado, que no hubiera ocurrido la desgracia que ocurrió que el propio presidente Santos, cuando hizo una reunión allá en el Salón de Crisis en Bogotá, dijo que eso nunca debió ocurrir, que eso pudo evitarse", subrayó Prada.
En la demanda indican que el Ideam fue insistente en advertir que este iba a ser el invierno más fuerte, largo y crudo, lo que obligaba a los funcionarios a tomar medidas.
Por su parte, la Gobernación del Atlántico, a través de los asesores jurídicos, dijo que no ha sido notificada de la demanda y por consiguiente no se puede pronunciar.
El proceso se encuentra en estos momentos siendo analizado por el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla y, según los demandantes, está sustentado en 3.000 folios con pruebas documentales, testimoniales y periciales, que según ellos el juez deberá admitir o denegar esta semana.

"Tenemos todas las evidencias", asegura el penalista Prada, al señalar que cuentan con copias de cartas que se enviaron a las autoridades en donde la comunidad les notificaba lo que podía ocurrir.
Sobre el monto de la demanda, los abogados explicaron que fue estimado con base en lista de todas las personas perjudicadas: dueños de fincas que perdieron el ganado, agricultores que perdieron la siembra, y personas normales que perdieron sus casas y negocios.
Explicaron que una vez, bien sea que se concilie o que el Estado sea condenado al pago, se debe constituir un fondo el cual será manejado por la Defensoría del Pueblo que hará un inventario de todas estas personas que les han dado los poderes y con ese inventario se les pagará.
"Nosotros no vamos a recibir ni a manejar un solo peso de eso", aseguró Prada.
'Lo que necesitamos son ayudas'
Algunos damnificados y gremios no ven con buenos ojos la demanda. "Esas demandas demoran mucho y nosotros lo que necesitamos es que las ayudas lleguen pronto", dijo Cesario Marenco, de Manatí.

Eduardo Majul, presidente de Agrosur, que agrupa a ganaderos y agricultores, sostiene que no es el momento para entrar a demandar al Estado, pues asegura que lo que lo están haciendo "no pueden tener moral después para pedir ayudas".

Pero los abogados insisten en que fueron los mismos damnificados los que los buscaron en sus oficinas porque no habían recibido nada del Gobierno.

"Si el Gobierno no nos paga a las buena, será a las malas", dice Juan Fragoso, un damnificado de Campo de la Cruz, quien asegura que en dos meses solo ha recibido dos mercados y que el Icetex le negó un crédito para su hijo, que va la universidad en calidad de asistente mientras consigue la plata.
800 mil millones de pesos costaría recuperación
Este es el costo que estimó el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al Gobierno Nacional, para la recuperación de los municipios inundados en el sur del departamento.