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Denunciante Platino
 |  Bienes de Samuel Moreno y Lucho Garzón serán embargados
Calificación: de
5,00
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Las irregularidades que se habrían cometido dentro del proceso de contratación para las obras en la calle, permitirán que en los próximos días, por orden de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, se embarguen los bienes del alcalde mayor de la Capital, Samuel Moreno Rojas. 26, en Bogotá Una decisión similar se adoptará frente al exalcalde Luis Eduardo Garzón, a los ex director del IDU Néstor Eugenio Ramírez, Liliana Pardo. Con una decisión similar serán cobijadas las firmas Transvial, Conalvias y al Grupo Nule. La información fue dada a conocer por el RCN Noticias en su emisión del 20 de diciembre a las 7 de la noche. La determinación está consignada en un auto emitido por la Contraloría en el que además se menciona a Luis Eduardo Montenegro Quinterio y Carmén Helena Lopera Fiesco ex sub directores generales de infraestructura del IDU, como cubiertos por decisiones iguales, tanto como Nicolás José Giraldo como coordinador del contrato. Pero la medida no para allí, otros de los afectados el Grupo Nule, la empresa Conalvias, Intercol, Incosa, Vías y Ambiente Ltda, Obras y Proyectos RPI compañía Ltda y Gestión de Proyectos de Ingeniería GPI Ltda. En el documento el ente de control afirma que al intervenir en el proceso no se debió aceptar la cesión del contrato. Y es que para Morelli es claro que la adjudicación se hizo sin diseños finales y hubo graves fallas con el anticipo. En ese sentido se habla de un desfase en el cronográma previsto inicialmente y la ejecución de la obra, sumado al problema de anticipo que no fue sustentado. "Hoy se reveló que esos anticipos no fueron aplicados a la compra de materiales, maquinaria, etc por lo que tuvo que hacerse efectiva la póliza. Finalmente, Segurexpo seguramente será quien termine pagando este dinero de más de 69 mil millones de pesos (valor del anticipo del contrato)", dijo Morelli y añadió que lo que se va a hacer por parte de la Contraloría es un juicio de responsabilidad fiscal para establecer si realmente lo que sucedió allí fue una sesión y si esa era la figura jurídica que debió adoptarse". Hasta el momento se calcula que el detrimento patrimonial es cercano a los 200 mil millones de pesos.
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