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 | El pleito histórico vuelve a ser noticia en EE.UU. Demandan en EE.UU. a Colombia por US$17 mil millones Por: Nelson Fredy Padilla  El edificio de los tribunales del Distrito de Columbia en la capital de Estados Unidos, a donde el gobierno de Colombia deberá enviar a un apoderado.
La empresa norteamericana Sea Search Armada denuncia el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que le reconoció la mitad del tesoro del galeón San José. Ante un tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, fue instaurado el pasado 7 de diciembre un caso contra la República de Colombia por no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que desde 2007 concedió a la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) derechos sobre el 50 por ciento del tesoro del galeón San José, hundido por los ingleses en 1708 en cercanías de las Islas del Rosario y considerado el más valioso de la Colonia. Según la demanda de 41 páginas conocida por El Espectador, el abogado de SSA en Estados Unidos, James S. DelSordo, solicitó a la justicia norteamericana una indemnización de 17 mil millones de dólares “por concepto de daños, costos para promover esta demanda, honorarios de abogados y cualquier otro tipo de desagravio que juzgue apropiado el Tribunal”. SSA se presentó ante la Corte Federal como “una corporación de Delaware que se dedica al negocio de salvamento oceánico por todo el mundo” en litigio “con un estado extranjero sin inmunidad”. El abogado de la firma en Colombia, Danilo Devis, le dijo a este diario que la acción judicial es consecuencia de tres años de negativas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a realizar conjuntamente el rescate del famoso galeón, a pesar de que la Corte Suprema, en fallo de julio de 2007, decidió que aunque el naufragio puede ser patrimonio cultural de Colombia, los bienes que sean considerados como tesoro deben ser repartidos por partes iguales entre el Gobierno y SSA. También se apoya en lo establecido por la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, zona en la que estaría la nave a mil pies de profundidad. Como lo ha revelado este diario desde hace dos años, la norteamericana es una de las multinacionales cazatesoros (junto a Plioenician Exploration Limited y Odyssey Marine Explorations) interesadas en cerca de 1.100 naufragios coloniales ocurridos en el mar Caribe colombiano, y desde finales de los años años 80 es reconocida por los tribunales colombianos como la descubridora de la localización del San José. Entonces, durante los primeros debates sobre el tema en el Congreso, se aseguró: “el valor del tesoro es de 10.000 millones de dólares, tal la conclusión de los investigadores: el más grande tesoro en la historia de la humanidad”. SSA basa sus aspiraciones en estos cálculos, en los manifiestos de carga, en los costos de exploraciones y demandas a lo largo de 20 años y en el posible saqueo del tesoro. Alega que debido a que Colombia reveló las coordenadas del hundimiento, sus pérdidas se han incrementado. La demanda dice: “El Gobierno de Colombia reveló imprudente y públicamente la ubicación de las propiedades de SSA, que se le habían divulgado confidencialmente, exponiendo así la propiedad al saqueo…. Se calcula que más de 100 entidades de todo el mundo tienen tanto el motivo como los medios de saquear el sitio utilizando submarinos de gran profundidad, equipo de búsqueda, etc., con la tecnología más moderna que se encuentra disponible siempre que cuenten con la ubicación aproximada”. Uno de los investigadores de naufragios más reconocidos del mundo, el italiano Claudio Bonifacio, y el ex congresista Jairo Clopatofsky denunciaron a El Espectador que la versión del saqueo es posible porque se trata de una riqueza codiciada por demasiadas manos desde hace décadas. Bonifacio cree que “el San José transportaba unas 215-240 toneladas de metales preciosos, destacando la plata”. El historiador náutico Daniel de Narváez ratifica que es “el hundimiento más rico del hemisferio occidental, porque llevaba la acumulación de seis años de oro y plata, en los años pico de producción de las minas de Potosí y, adicionalmente, de los tres galeones que lo acompañaron entre Panamá y Cartagena uno comenzó a hacer agua, le sacaron su tesoro y se lo pasaron al San José”. Santos ya fue notificado Hubo cruces de cartas entre SSA y el gobierno de Álvaro Uribe hasta el punto que los exploradores anunciaron a comienzos de 2010 el diseño de un plan de búsqueda del tesoro por cuenta propia. La respuesta oficial fue que el fallo de la Corte Suprema no le ordena al Gobierno la recuperación del tesoro ni lo obliga a autorizar su búsqueda ni a respaldarla logísticamente y que, por el contrario, en caso de que los norteamericanos intenten un rescate en aguas colombianas, serán repelidos militarmente por unidades de la Armada Nacional. En otra de las cartas SSA ofreció financiar la totalidad del rescate, con un presupuesto calculado en 40 millones de dólares, y pidió a cambio luz verde de las autoridades y el respaldo de la Armada. Ahora el pleito quedó en manos del gobierno de Juan Manuel Santos, quien recibió notificación de la multimillonaria demanda el pasado 9 de diciembre a través de una carta del abogado Danilo Devis. Insistió en que SSA no cesará en sus reclamaciones y hace otro llamado al diálogo “con miras a una solución conjunta”. Lo que sigue es la notificación de parte de la justicia estadounidense al gobierno colombiano a través del Departamento de Estado. Según las fuentes diplomáticas y culturales consultadas, sólo en ese momento habrá un pronunciamiento oficial del presidente Santos a través de la Cancillería, previa consulta a la Comisión de Antigüedades Náufragas y el estudio de la demanda. De esta comisión también hacen parte el Ministerio de Cultura, la Dirección Marítima de la Armada, que tiene suspendidos los permisos de exploración subacuática a las firmas cazatesoros, y un grupo de expertos designados por el propio Jefe de Estado. En dicha Comisión, a cuyas actas tuvo acceso El Espectador, se ha hablado de la urgencia de hacer un diagnóstico oficial de naufragios y decidir qué se hará con los tesoros. Un allegado al tema habló de proponerle al gobierno de Juan Manuel Santos que se ordene el rescate de tales riquezas, su monetización y que el dinero sea destinado a atender la tragedia del invierno. Juan Manuel Prieto, ex miembro de la Comisión y hoy embajador de Colombia en Italia, advirtió en una sesión que “los recursos de la explotación podrían invertirse en proyectos sociales”. El ex asesor de Álvaro Uribe y empresario Fabio Echeverri Correa habló de “hacer alianzas con privados y vender las especies y con el resultado de su venta se podrían realizar inversiones importantes”. En el mismo sentido se pronunció el ex procurador y ex candidato a fiscal general Carlos Gustavo Arrieta, también experto de la Comisión y quien ha trabajado en el proyecto de reglamentación para la protección del patrimonio sumergido. 
CONTINÚA............
Última edición por armando2007; 20-12-2010 a las 07:41:50 |