Sólo el 8% de las entidades públicas evaluadas se ubican en bajo riesgo de corrupción. La Superintendencia Financiera de Colombia, Banco de la República, el Ministerio de Educación, Ecopetrol y Bancoldex, salen bien libradas.
El Índice de Transparencia Nacional 2008 – 2009, desarrollado por la Corporación Transparencia por Colombia, evaluó las entidades más importantes en la gestión del desarrollo nacional. Las 158 entidades fueron seleccionadas, por ser las que concentran la mayor parte del presupuesto nacional. De igual forma, este Índice evaluó 21 empresas de naturaleza y régimen especial del Estado.
Dentro de la rama Legislativa, la peor calificación es la del Senado de la República, entre otras cosas porque no entregó información a Transparencia por Colombia. En la rama Judicial, el puntaje se vio afectado por el bajo desempeño del Consejo Nacional de la Judicatura. En la rama Ejecutiva, el Ministerio de Educación se mantuvo entre los cinco primeros lugares. Por otra parte, es notoria la mejoría en universidades por el trabajo de fortalecimiento institucional apalancado desde el Ministerio de Educación.
También se vio un descenso importante en ministerios como el de Transporte, Agricultura, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Comunicaciones.
Sólo el 8% de las entidades tradicionales estén en riesgo bajo de corrupción. Es decir, sólo 11 entidades. El 8.7% de las entidades muestran riesgo Alto de corrupción, lo que corresponde a 12 entidades evaluadas. El 26.2% de las entidades están en riesgo Medio de corrupción. El 56.2% de las entidades se encuentran en riesgo Moderado de corrupción, lo que corresponde a 77 entidades evaluadas.
En los temas que más preocupan a Transparencia por Colombia, están que el 52% de las entidades, contratan más del 20% de su personal sin formalidades plenas. “Si bien la contratación directa es permitida por la ley, preocupa la recurrencia de esta modalidad”, reseña el informe divulgado este jueves.
De los 151.310 contratos suscritos por las entidades sólo se realizaron 813 licitaciones públicas. Aunque no todas las contrataciones se deben realizar por licitación pública, llama la atención la baja utilización de esta modalidad de contratación.
El 19% de las entidades no cuentan con metodologías internas para asignar riesgos en la contratación. El 73% entidades no cuentan con metodologías o instrumentos que permitan identificar y proteger a la entidad en los riesgos que se presenten al momento de contratar.
El 46% de las entidades no tienen procedimientos para establecer responsables de asignar riesgos en los procesos contractuales.
Con respecto a la contratación pública, 43 entidades no seleccionan a los funcionarios de libre nombramiento y remoción a través de sistemas que garanticen el ingreso meritocrático a la función pública. Por lo menos 49 entidades no evalúan a los funcionarios de libre nombramiento y remoción y 113 no publican en sus sitios web información sobre los perfiles y las asignaciones salariales de los funcionarios.