Explicó que por la mediación adelantada por Córdoba ante la guerrilla se justificaban estas labores. De colofón negó saber si el esquema de protección de Córdoba fue usado para espiarla. En el expediente está claro que sí, pero ella declaró vehemente que jamás dio órdenes en ese sentido y que además combatió esas actividades, pues “se presentaban quejas de que en el pasado era una conducta común en el DAS”. Ni ‘chuzadas’ telefónicas ni correos electrónicos ni averiguaciones ilegales, según ella, ordenó en su administración.

Lo dicho en su interrogatorio, conocido en exclusiva por El Espectador, es controvertido una y otra vez por sus ex funcionarios de confianza, unos ya condenados, otros en proceso de sometimiento a la justicia y algunos más en busca de beneficios procesales. Sin embargo, a las puertas de una imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por parte del fiscal Guillermo Mendoza Diago, encontró asilo en Panamá. El país político está conmocionado por su salida del país y critica la demora de Mendoza para resolver el caso Hurtado. Con todo, queda claro que la ex directora descree de la justicia colombiana. La misma que le respira en la nuca.