Banco Agrario
¿Préstamos a cambio de aportes a la campaña?

El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien.

Los problemas comenzaron hace unas semanas, cuando El Espectador denunció que el paquete de préstamos a los floricultores (230.000 millones de pesos) era una cartera de difícil cobro –ya hay 32.000 millones vencidos– y La W y el columnista de SEMANA Daniel Coronell revelaron que los dueños de algunas de las empresas beneficiadas con los créditos aportaron plata a la campaña a la Presidencia del ex ministro Andrés Felipe Arias. De los 117 donantes, 43 pertenecían al gremio y dieron aportes por 114 millones de pesos. Sin embargo, la hoy ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña de Arias, precisó la semana pasada en el Congreso que el aporte de personas vinculadas con dicho gremio solo ascendió al 4 por ciento del total.

Aún más escandaloso es que los préstamos quedaron en pocas manos. Según denunció El Espectador, en una misma oficina de la calle 93, en el norte de Bogotá, funcionan 14 empresas conocidas como del grupo Nanneti, y el Banco Agrario les giró cerca de 75.000 millones de pesos.

¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas.

Como si eso fuera poco, el ministro Restrepo también dejó sin piso un decreto que les daba 50.000 millones de pesos más en subsidios a los floricultores y que había sido firmado siete días antes de terminar el gobierno anterior.

Inpec
Los parapolíticos son los que mandan

El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho repetidamente que nadie quiere aceptar ser director del Inpec. Y no es para menos. El instituto, que no ha brillado por su buena fama, hace unas semanas fue protagonista de un nuevo escándalo: los otrora pesos pesados de la política, que ahora están presos, se pasean como Pedro por su casa por las calles de Bogotá. El nuevo portal kienyke.com publicó un video en el que aparece el ex senador Humberto Gómez Gallo paseando en el norte de Bogotá.

La estrategia es fácil: el preso pide permiso para salir a una cita médica u odontológica y de inmediato la obtiene. El propio Ministro fue quien denunció esta anomalía y luego El Tiempo publicó en detalle los campeones de esos permisos. William Pérez, el ex gobernador de Casanare, ha salido de la cárcel 55 veces, para unas supuestas citas de arreglo de sonrisa; el ex senador Vicente Blel consiguió 54 permisos; el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, 40, y los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, no menos de 25. Pero en la práctica, más que al médico o al odontólogo, cumplen citas con amigos y socios políticos.

Pero eso no es todo. El ministro Vargas Lleras también denunció que hay irregularidades con las manillas electrónicas para quienes gozan de detención domiciliaria. “Se ha detectado que el recluso sale de su casa y no tenemos manera de capturarlo ni de revocarle la detención domiciliaria, porque regresa antes de 72 horas”. La semana pasada, por ejemplo, una mujer que tenía esta manilla fue detenida en Pereira vendiendo droga.

Dian
Feria de puestos y de contratos

En la Dian, según el reporte de su nuevo director, Juan Ricardo Ortega, hicieron fiesta con la contratación. Cuando asumió el cargo se dio cuenta de que el gobierno anterior vinculó en los últimos meses a 379 supernumerarios más de los presupuestados y a otros les aumentó el sueldo, con lo cual se le abrió un hueco en el presupuesto de 84.000 millones de pesos. El desbarajuste en materia de personal es tal que hay más de 100 demandas que reclaman el derecho a la igualdad salarial.

Por otra parte, también ha salido a relucir un contrato, por cerca de 55.000 millones de pesos, entre la Dian y un consorcio cuya mayoría pertenece al hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El contrato se firmó en 2006 –por 11 meses y luego tuvo dos adiciones– para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. En él, según un informe de lasillavacia.com, brillan las irregularidades. La firma interventora, por ejemplo, está relacionada con la familia Nule, que también hacía parte del consorcio contratista; plata que debía utilizarse en un laboratorio de químicos incautados se le entregó al consorcio para la construcción de unos ascensores que hoy están en una bodega; la sede central se entregó dos años después de lo prometido y en otras sedes del país el Estado tuvo que gastar en arriendos por los incumplimientos de los contratistas.

DAS
La verdadera mano negra

A*unque el escándalo del DAS se destapó hace más de dos años, cuando SEMANA reveló las ‘chuzadas’ ilegales, el gobierno de Álvaro Uribe no logró remediar el problema y le dejó esta terrible herencia a Santos. En sus 50 años de existencia, ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia nunca había atravesado una crisis tan profunda. Desde el inicio del gobierno anterior, el DAS entró en un proceso de descomposición que nunca se detuvo. Con Jorge Noguera, el primer director nombrado por Uribe, estallaron escándalos sobre la infiltración paramilitar, denuncias sobre la participación del DAS en el asesinato de sindicalistas y el descubrimiento de redes de esa entidad que trabajaban para narcotraficantes. El segundo director, Andrés Peñate, anunció una reestructuración que nunca se cumplió, así como tampoco logró neutralizar las mafias internas. Peñate y los dos directores que lo reemplazaron, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, terminaron investigados por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. En total, 52 funcionarios del DAS son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, 18 de ellos están privados de la libertad y seis funcionarios de alto nivel ya confesaron.

Ingeominas
Se dieron títulos mineros a diestra y siniestra

Por la fiebre del oro que se ha tomado al mundo, en los últimos años en Colombia, de manera muy silenciosa, se empezaron a disparar las solicitudes de títulos mineros. Hasta hoy se han otorgado 8.828 de estos títulos, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera.

El ministro de Minas, Carlos Rodado, desde que llegó advirtió sobre el número tan alto de estos títulos, así como el pobre desempeño en la fiscalización de las minas del país, que ha permitido el desarrollo de toda una industria ilegal vinculada con los más sangrientos grupos armados. “La verdad, ni el Ingeominas ni los seis departamentos cumplen de manera eficiente esta función, por eso tiene que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, dijo Rodado hace unos días.

La ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, le puso colofón a la queja de Rodado y concluyó que “la minería ilegal nos está envenenando”. Por esa razón, desde agosto hasta ahora, el gobierno se puso en la tarea de ordenar el sector y ha cerrado 48 minas ilegales.

Pero ese no es el único problema. Según la ministra Uribe, 571 títulos mineros de los que se han dado de manera legal, que abarcan 203.000 hectáreas, están ubicados en áreas “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros”.

Inco
Daban concesiones sin estudios previos

Los problemas con el Inco, el instituto encargado de adjudicar las concesiones para construir carreteras, se empezaron a destapar antes de terminar el gobierno de Álvaro Uribe. Semanas antes de entregar el poder, y cuando Juan Manuel Santos ya había designado como ministro de Transporte a Germán Cardona, este le sugirió a su antecesor Andrés Uriel Gallego que no adjudicara la Transversal de las Américas, una vía que conecta a Venezuela con Panamá. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos, entregó la concesión y se sometió a que la Procuraduría dijera que no era posible que el contrato se llevara a cabo como estaba planteado. Pero ese es apenas uno de los casos críticos.

El ministro Cardona ha dicho que el Inco está en “cuidados intensivos”, que están analizando “juiciosamente concesión por concesión, para saber dónde estamos parados” y que le darán “un vuelco de 180 grados al Inco”, porque esa entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos.

Enlace: http://www.semana.com/noticias-nacio...jo/147265.aspx