Admitió demanda de inconstitucionalidad de la norma por supuesta vulneración de garantías del electorado.
La llamada norma de la ‘silla vacía’ podría empezar a tambalear en los próximos días, luego de que la Corte Constitucional aceptara la demanda de inexequibilidad de la norma consagrada en la reforma política, presentada por el abogado Wilson Ruiz.
El jurista sostiene que la disposición es violatoria de los intereses del electorado que, dice, ve cómo su decisión en las urnas es controvertida por una decisión que solo debería efctuar individualmente a quien haya incurrido en actuaciones relacionadas con la conformación o apoyo a estructuras armas ilegales y no a la colectividad a la que las mayorías consagraron la responsabilidad de asumir su representación política en el Congreso.
Para el demandante, el legislador terminó sustituyendo la Constitución, al castigar a la colectividad que había ganado la curul en la contienda, por cuanto, dice, debe seguirse avalando la posibilidad de reemplazar al dirigente que esté siendo objeto de investigaciones penales relacionadas con el ilícito en mención.
“Se desconoce el mandato popular y el principio de representación efectiva. Con la imposibilidad del reemplazo y con la perdida de la curul para el partido político, se anula por una decisión desproporcionada e irrazonable contendida en el acto legislativo, la voluntad popular del elector y su confianza, no sólo en el elegido, sino en el partido o movimiento político, que en su sentir, recoge, canaliza y puede realizar sus ideales”, dijo el abogado.
Incluso, asegura en la demanda, se pone en riesgo el derecho de minorías étnicas y políticas, que son la base angular de la perspectiva desde la cual se trazó la Carta Política de 1991.
“Se pone en peligro real e inminente el ejercicio de la soberanía popular y el de la representación efectiva de las minorías étnicas y políticas, así como al partido político que haga oposición al Gobierno de turno, los cuales pueden verse diezmados, inclusive, corren suerte de desaparecer con la aplicación de la institución incorporada en la Constitución por la norma demandada”, dice el texto.