Desde el año pasado, la élite de los organismos de control del país a través de diferentes declaraciones ha dejado claro que la corrupción está desmadrada, y que por su cuenta se comprometen unos tres billones de pesos del erario al año. Mientras tanto, la ciudadanía cada día despierta con un nuevo escándalo e impotente ve cómo parece que no se toma ninguna medida de fondo, que las denuncias no se aclaran, que la justicia no actúa y que no se identifica y sanciona a los responsables. Por eso no se entiende que ahora que el nuevo gobierno presentó un proyecto de ley para que se adopte un Estatuto Anticorrupción que busca darles más dientes a las autoridades para que puedan actuar con celeridad, este vaya a paso de tortuga en el Congreso.
El gobierno concertó con la Contra-loría, la Procuraduría y la Fiscalía, y radicó el proyecto en el Congreso a comienzos de septiembre, pero aún no se ha presentado la ponencia. El responsable, el senador nariñense Manuel Enríquez Rosero, del Partido de la U, asegura que ha trabajado en la propuesta pero que su Comisión se ha concentrado en apoyar otras iniciativas igual de importantes, que tuvo que viajar al exterior una semana por razones de trabajo y que le han hecho múltiples observaciones que él ha tenido que atender. "Es una infamia que siquiera sugieran que estamos torpedeando el proceso"
En plata blanca, eso quiere decir que los tiempos del Congreso pueden hacer naufragar un instrumento que de salir adelante sería revolucionario y líder en el continente. "Ya pasó la hora de la retórica y llegó la de la acción", dijo el ministro del Interior, Germán Vargas, la semana pasada en un foro donde se discutió cómo convertir la lucha contra la corrupción en una política sostenida de Estado.
El estatuto ataca varios problemas de raíz. Entre unas 40 medidas, cierra una de las principales fuentes de pago de favores, al inhabilitar a los contratistas que financien campañas políticas; establece un régimen más drástico en materia penal para los delitos relacionados con la corrupción, al impedir que alguien sancionado pueda volver a contratar con el Estado y al determinar que las penas no sean excarcelables; regula la actividad de lobby ante el Congreso y cualquier entidad, lo que funciona desde hace mucho en otros países, para dar transparencia sobre las gestiones que se hacen ante autoridades.
También establece normas más severas sobre el uso de los anticipos de los proyectos, para evitar que estos se desvíen hacia actividades diferentes; controla la denominada "puerta giratoria", que es la que ha permitido que ex funcionarios se especialicen en gestiones y contratos en entidades en las que antes eran servidores públicos; permite la infiltración de agentes encubiertos para identificar la vulnerabilidad de funcionarios ante el ofrecimiento de sobornos; aumenta las responsabilidades de los interventores y levanta barreras para poner la lupa con mayor detalle ante cualquier cambio en el patrimonio de los funcionarios y su entorno.
Esta iniciativa hace parte del paquete de medidas estructurales que el gobierno está interesado en sacar adelante. Y es claro que no la va a tener fácil. Más allá de los tiempos, hay muchos sectores representados en el Congreso que sienten que una iniciativa de estas los mete demasiado en cintura. Además, el Legislativo tiene una agenda de temas urgentes, como el de regalías y salud, que apuntan a lograr tranquilidad fiscal, o el de tierras, que se ha convertido en una suerte de bandera de los cambios que quiere liderar la actual administración.
Es cierto que las medidas planteadas son muy ambiciosas, que se mete con reformas penales, fiscales, disciplinarias y hasta financieras complejas de concertar, y que enfrenta un camino con muchos enemigos. Pero también lo es que la ciudadanía siente que la corrupción está desbordada, y este puede ser un momento clave para acabar con ese flagelo de la sociedad colombiana.