El meollo es el siguiente: según el derecho constitucional moderno, corresponde al Presidente o Jefe del Poder Ejecutivo la orientación y aplicación de la política criminal, por lo que le corresponde a él designar al Fiscal (y así ocurre en EE.UU, eso es a dedo, y sale) pero aquí, para equilibrar el asunto de los poderes, se inventaron lo de la terna que pasa por la Rama Judicial.

Cualquier otra alternativa va a ser obviamente inconstitucional, en tanto no se modifique el artículo que regula la elección, lo que implica un Acto Legislativo, que es una mamera porque requiere de un desgaste político horrible, y ningún gobierno quiere ponerse en esas.

La Corte Suprema está celosa de la Constitucional, porque le empezó a ganar espacio político, luego han aprovechado este espacio para ejercer su presión, y hay está que les está dando resultados con todo el asunto de la Reforma a la Justicia; en tanto Santos no los deje contentos con ese asunto, no van a soltar su única carta de juego.

El Gobierno tiene entonces dos salidas: o Acto Legislativo o negociar la Reforma a la Justicia como la CSJ quiere.