Gobierno aún no descarta tramitar en Congreso acuerdo militar con EE.UU.
La canciller María Ángela Holguín dijo que la decisión sobre el acuerdo aún "no está tomada", en respuesta a una afirmación de la vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno, quien aseguró la semana pasada que el presidente, Juan Manuel Santos, va a "dejar quieto" el polémico convenio y no lo va a tramitar ante el Congreso.
El Gobierno aún no ha descartado tramitar ante el Congreso el acuerdo que permite a militares estadounidenses usar bases en el país y que la Corte Constitucional dejó sin vigencia en agosto pasado, dijo este lunes la canciller María Ángela Holguín.
"Nosotros tenemos la misma posición que el día siguiente que salió el fallo de la corte. Vamos a esperar el fallo (en detalle), vamos a estudiarlo y ahí se tomará una decisión", sostuvo Holguín a Caracol Radio.
La ministra insistió en que la decisión sobre el acuerdo aún "no está tomada", en respuesta a una afirmación de la vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno, quien aseguró la semana pasada que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, va a "dejar quieto" el polémico convenio y no lo va a tramitar ante el Congreso.
Según Holguín, Moreno fue malinterpretada, ya que el Gobierno no va a tomar ninguna decisión hasta no conocer en detalle el fallo de la Corte Constitucional sobre el acuerdo con Estados Unidos.
Ese tribunal, en un fallo emitido en agosto pasado, dejó sin vigencia al acuerdo firmado entre Colombia y EE.UU. en octubre de 2009 al argumentar que no se siguieron los trámites propios de un tratado internacional, por los cuales debía ser aprobado por el Congreso Nacional.
El "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América" permitía que tropas y contratistas norteamericanos tuvieran acceso a por lo menos siete bases del país andino y a aeropuertos civiles.
El eje era la base aérea de Palanquero, considerada estratégica por su ubicación en el centro de Colombia y para cuya ampliación Washington había asignado un total de 46 millones de dólares.
El tratado había sido defendido por el Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe como complementario de uno en vigor desde 1974, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional, que consideró que se trata de un instrumento nuevo e integral.