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Lo que se oculta tras el debate de las regalías
Juan Pablo Fernández M., Bogotá, 14 de octubre de 2010
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El debate sobre las regalías es mucho más complejo de como lo ha querido mostrar el gobierno nacional. Tres son los argumentos centrales para justificar la centralización del manejo de las regalías: la corrupción; garantizar la equidad intergeneracional e interregional y la creación de un fondo de ahorro en el exterior que evite presiones sobre la tasa de cambio (enfermedad holandesa) y que promueva el carácter contracíclico de la política económica. Se añade además que existe una bonanza petrolera en boga, cosa que el Ministro de Minas y Energía aún no logra certificar.
Sí se quiere cambiar la forma en que se distribuye la regalía entre unas y otras entidades territoriales, bastaría reformar la Ley 141 de 1994, no la Constitución. El gobierno anterior, ya en su epílogo, intentó también crear un fondo de ahorro de regalías y modificar la distribución entre municipios y departamentos. No lo logró por sus embelecos reeleccionistas. Entonces, ¿por qué cambiar la Constitución? Las circunscripciones donde hoy se ubican los pozos o las minas, constitucionalmente, tienen derechos sobre las regalías. El resto de entidades, también. Para eso se creó el Fondo Nacional de Regalías, de donde no fluyen los recursos (hoy tiene 4,3 billones de pesos) porque el gobierno se los gasta. Entre 2009 y 2011, el Ministerio de Hacienda comprometió 3,3 billones de pesos del FNR, luego les queda un billón de pesos a quienes deberían beneficiarse de estos, dineros que con reforma o sin ella se los terminará de embolsillar el gobierno central.
Lo de la corrupción no pasa de ser un argumento para cazar incautos. Todo “nuevo” gobierno hace de la lucha contra la corrupción una de sus banderas, aunque no más que para saludarla. El pasado lo hizo, este también. La tal “lucha contra la corrupción” parece un eterno retorno donde hay mucha mímica y poca o ninguna política seria. Ojalá la hubiera, pero lamentablemente no. Y si en departamentos y municipios roban, cosa que se debe demostrar con imputaciones personales –como manda la ley–, el gobierno nacional no es ejemplo de delicadeza. El jefe de la lucha contra la corrupción del pasado cuatrienio, señaló que en “contratación (nacional), los hechos de corrupción son muy notorios” (El Tiempo, Ene.10.10). En la entrevista, el funcionario dijo que de cada cien pesos del presupuesto de inversión nacional, se pierden 14. Luego, entre 2002-2009, se esfumaron 17 billones de pesos, de ellos, 4 billones en 2009. La pulcritud es un don del que al parecer también se carece en los círculos presidenciales. Aquí no está el quid del debate.
El fondo ahorro. Después de declarada la comercialidad de Cusiana, en Colombia se “armó” un debate sobre qué hacer con los miles de millones de dólares de la bonanza petrolera, que de paso, nunca llegó. Por esas calendas (1990-1994) también se habló de un fondo (el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera), creado en 1995, para contrarrestar los efectos sobre la tasa de cambio, que entre 1995 y el 2000, estuvo revaluada, hecho que se contó entre las fuentes de la ruina del agro y la industria de finales del siglo XX. Los fondos de ahorro pueden servir, pero también pueden no hacerlo, pues por sí solos no contrarrestan los efectos macroeconómicos de una entrada masiva de divisas. La enfermedad holandesa se combate con diversificación de exportaciones, políticas industriales activas, apoyos a productores nacionales del campo y la ciudad, fondos de ahorro o estabilización y, por sobre todo, con control de capitales. De lo último, en el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda no dicen nada, así agricultores e industriales estén reventados, porque como expresó Stiglitz, tenemos una tasa de cambio que nos va a matar, pues no se persiguen los dólares de especuladores y del narcotráfico.
Se habla de la equidad entre las regiones. Dice Planeación Nacional que de las regalías directas entregadas entre 1991-2009, 80 por ciento se quedaron en ocho departamentos. La afirmación esconde un truco, la palabra directas. La Constitución habla de regalías directas e indirectas. Estas últimas se distribuyen a través del Fondo Nacional de Regalías, administrado por el gobierno, el que, además, se viene gastando la plata allí guardada. En este punto se evaden dos aspectos: lo baja de la regalía y quién concentra la renta petrolera. Las multinacionales mineras y petroleras son parte de los usufructuarios de la Confianza Inversionista. Impuestos que los ciudadanos de a pie pagan, ellas no. La regalía que se paga actualmente oscila, en promedio, entre 8 y 11 por ciento, mientras que el promedio internacional es 17 por ciento. Una persona del estrato uno, al hacer una llamada telefónica, paga un IVA del 16 por ciento.
Según cálculos de Óscar Vanegas, director del Centro de Altos Estudios Minero-energéticos de la UIS, de cada cien pesos de renta petrolera, hoy los municipios y departamentos productores de hidrocarburos se quedan con 7,54 pesos, el gobierno central con 34,46 y el inversionista (privado o Ecopetrol) con 58. El gobierno además recibe parte de las utilidades de Ecopetrol, que en 2009 le transfirió 5,21 billones. Dónde está, entonces, la porción más grande de la torta. Las boronas se las quitarán a unos para dárselas a otros, pero el Estado debería, mediante el aumento de impuestos a las trasnacionales, agarrar una mayor tajada de la renta de nuestros recursos naturales no renovables y distribuirlos entre las entidades territoriales, sin afectar los ingresos de las productoras. Para que la sábana de la renta petrolera arrope a todos, debe aumentarse. Lo contrario es arropar a unos, descobijando a otros. Así no se logra equidad regional.
La reforma a las regalías hace parte de un paquete más amplio: el de la Regla Fiscal, la sostenibilidad fiscal como derecho constitucional, la reforma a la salud –que revive la Emergencia Social–, en fin, está integrada a un plan de gobierno que busca profundizar la Confianza Inversionista. Tiene además otro elemento. Este año el déficit fiscal del gobierno podría llegar a 24 billones de pesos, lo que sumado a la creciente participación del servicio de la deuda y el gasto militar en el gasto público, a las imposiciones del FMI y a la obtención del grado de inversión, obliga al gobierno a apoderarse de los ingresos de las entidades territoriales. A los departamentos y municipios a los que les “tumba” la plata del Fondo Nacional de Regalías, el gobierno les ofrece ahora transferirles los dineros que les quite a los que por derecho participan en ellas. Esos pajaritos de oro me hacen recordar el refrán: “Temo a los griegos, sobre todo cuando traen regalos”.

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