Su intermediación a favor de los intereses de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la CEOE han marcado su labor como máximo representante del Estado en el exterior .
Con inmunidad penal ante cualquier delito y sobreprotegido como una delicada planta de invernadero, se han publicado muy pocas cosas con un mínimo de objetividad sobre el monarca y sobre sus actuaciones políticas.
En el artículo 490.3 del Código Penal se puede leer: “el que calumniare o injuriare al Rey (…), será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”.
Esto generó procesos por injurias al rey en varias ocasiones. Los artículos y un dibujo de Jesús Zulets llevaron a la revista El Cocodrilo al banquillo en 1987.
También Javier Madrazo tuvo que vérselas con la justicia por decir: “ya que le pagamos policías, yates, viajes a esquiar y a montar a caballo, no habría estado de más que, por una vez abandonase sus ocupaciones y compartiese con la sociedad su preocupación por la guerra de Iraq”; o Arnaldo Otegi, por referirse al rey como el “jefe de los torturadores”, así como Soziedad Alkohólica, Eskorbuto o Manolo Kabezabolo por el contenido de sus canciones.
A pesar del silencio mediático, la figura del rey dista mucho de ser incuestionable: desde su falta de legitimidad democrática a la construcción de su importante fortuna personal, pasando por una nunca bien aclarada actuación en el 23-F, el rey nunca ha tenido que rendir cuentas de sus acciones.
La intermediación del rey en los intereses de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la CEOE han marcado su labor como máximo representante del Estado en el exterior.
Numerosos medios latinoamericanos no han dejado de denunciar sus actuaciones en beneficio del Santander Central Hispano o de Repsol en Argentina, ante la ofensiva española por hacerse con YPF.
Al mismo tiempo que la popularidad de la monarquía desciende en los sondeos, un nuevo movimiento republicano emerge con fuerza al cumplirse los 75 años de la proclamación de la II República.
Juan Carlos I, un as de los negocios.
Las tramas financieras del monarca y el rico prosperar de su familia y de toda una subcorte que utiliza la imagen real para optimizar sus inversiones, señala a uno de los asuntos más oscuros de la Casa Real.
Se suele decir que la corte española es “una corte sin cortesanos”, y es cierto que los monarcas no han sido amigos de aliarse con la aristocracia. En su lugar han preferido empresarios, banqueros y élites del poder económico y jet set en general.
Juan Carlos I llegó al trono literalmente con lo puesto. Se dice por cronistas del momento que incluso tenía que pedir el dinero a su padre, para visitar a su novia en Atenas.
Labrándose un futuro.
El comienzo de su autosuficiencia económica, se remonta a 1962 (coincidiendo con su boda con Sofía), cuando el banquero Luis Vallas Taberner comenzó a administrar una “suscripción popular” que aportaría liquidez económica a los recién casados.
En aquella `renta básica real” colaboraban además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo, según indica Patricia Sverlo (seudónimo del autor) en su libro "Un rey golpe a golpe".
Otro de los que ha declarado haber hecho transferencias importantes al monarca fue Ruiz Mateos. Tras la expropiación de Rumasa, siendo prófugo de la Justicia en Londres, para protegerse de la justicia, acusó al rey de haber aceptado “ miles de millones” de su propio bolsillo, y de otros empresarios.
El Fiscal General del Estado le acusó de un delito de injurias: lo que podría haberse convertido en un sumario comprometedor quedó reducido a nada.
En su libro El negocio de la libertad, Jesús Cacho habla de las vías de financiación personal del rey, según señala “una de las primeras formas conocidas fue el petróleo, las comisiones del crudo que importaba España para cubrir sus necesidades de energía.
Nada más ocupar Juan Carlos I el trono a la muerte del dictador, Manuel Prado [y Colón de Carvajal, el hombre de confianza del rey] se dedicó a remitir varias misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España”.
Hay constancia documental de una carta firmada por Juan Carlos I y dirigida al Sha de Persia, el 4 de julio de 1977, donde el monarca tras una descripción de la situación política dice: “me tomo la libertad, con todo respeto, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución
personal para el fortalecimiento de la monarquía española”. Dos años después el Sha de Persia, títere de EE UU en la zona, cayó tras la revolución islámica.
Sus buenas relaciones con los dictadores árabes también quedó patente en la respuesta favorable de la monarquía saudí a la petición de un crédito de 100 millones de dólares.
Exactamente la misma cantidad pagada por la empresa kuwaití KIO a Colón de Carvajal, indica Cacho.
Y prosigue: “los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada `Tormenta del Desierto”, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso `untar” a los políticos”.
El último escándalo real llegó de Francia, donde en la instrucción del caso Elf (2003) por apropiación indebida, su ex presidente Le FlochPrigent declaró sobre la compra de Ertoil “haber entregado 55 millones de francos en España a numerosos hombres políticos; en particular a los próximos a Felipe González y del entorno del rey Juan Carlos”, con el que Le Floch-Prigent aseguraba haberse visto en múltiples ocasiones