Denunciante Ultra
 |  Raspando la olla
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 | Raspando la olla  Tres tristes historias de cómo la falta de planeación, la incapacidad administrativa y la corrupción siguen campantes en el Chocó. La primera piedra de la construcción del estadio de fútbol del Chocó tiene una placa desteñida con la siguiente frase: "En reconocimiento a los impulsores del desarrollo...". Una expresión que a la luz de la historia de estancamiento de las obras y el desvío de los recursos parece toda una ironía.
Van a ser dos años desde cuando autoridades locales y nacionales, acompañadas de las celebridades del departamento, se reunieron a cortar una improvisada cinta. Fue una ceremonia pobre, a pesar de los dignatarios. Estaba la entonces ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, orgullosa de poder aportar 7.000 millones de pesos, algo concreto desde su cartera, a un departamento al que la relacionaban por el color de su piel pese a ser bogotana; también participó el entonces alto consejero presidencial para ese departamento, Juan Guillermo Ángel; el director de Coldeportes, Everth Bustamante, que ponía otros 7.000 millones; el entonces gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hoy recluido en La Picota condenado por el delito de peculado culposo y representante de uno de los clanes políticos que más han aportado a la situación del Chocó; y el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Eduardo García, quien hasta hoy es el responsable de la obra y quien aportaba otros 3.000 millones de pesos.
No faltaron las celebridades: la ex señorita Colombia Vanessa Alexandra Mendoza, los futbolistas chocoanos Carmelo Valencia, Cristofer Moreno, Bonner Mosquera y Osman López, y se mencionó que estas tierras habían producido grandes exponentes del deporte, por ejemplo Francisco 'Pacho' Maturana, César Valoyes, Alexis García y Danilson Córdoba, como lo reseñó la prensa local. La maqueta de cartón en la que se aseguraba que cabrían 15.000 espectadores corroboraba que el sueño chocoano de tener un estadio podría convertirse en realidad.
Pero dos años después, hay 100 metros de gradería a medio hacer y un lío jurídico porque las comunidades negras dicen que el estadio se construyó en terrenos con títulos colectivos que no se podían vender y porque además hay dos escrituras con precios diferentes. Según denunció La Radio de la Noche, de RCN, el lote se negoció por 10 millones de pesos y 13 días después lo compraron en 90 millones para hacer el estadio. Aun así, los voceros de la Universidad le confirmaron a este medio que para ellos todo está en orden.
Para rematar, el gobieno nacional, en los últimos días de la administración de Álvaro Uribe, tramitó ante el Ministerio de Hacienda una solicitud de 2.000 millones de pesos más porque no se sabía que el lugar donde va la grama es un lodazal y requiere un tratamiento especial.
La historia de la sede de la Gobernación del Chocó no es menos alarmante. Esta característica edificación de Quibdó fue merecedora de uno de los polémicos recursos que el Ministerio del Interior entregó a finales del año pasado para remodelar palacios de gobierno en todo el país, algo que algunos en su momento vieron como una forma de acomodar algunos votos que faltaban para la reelección. El gobierno nacional puso 1.700 millones de pesos y el departamento 200 más para cambiarle la cara a la institucionalidad del Ejecutivo. En efecto, la cambiaron. El edificio de la Gobernación hoy parece desvalijado. Por una falla en los estudios, solo después de que desmontaron las oficinas, puertas y ventanas, se dieron cuenta de que había que reforzar la estructura. Los estudios, que costaron 60 millones de pesos, dicen que para solucionar el problema hay que invertir 400 millones adicionales.
La Gobernación llegó a este edificio en los años 60 de manera temporal, pues sus anteriores instalaciones se incendiaron. Pero en el Chocó no hay nada más permanente en la administración pública que lo temporal. Y esto parece ser lo que se va a repetir: la Gobernación debe cuatro meses de sueldo a sus empleados, tres a los pensionados, y le cortaron el teléfono e Internet por falta de pago. Difícilmente tendrá cómo cubrir la diferencia que falta en la construcción del palacio, menos aún cuando tiene que poner dos millones de pesos al mes para pagar arriendo en su sede temporal. "La situación es dramática", dice Antonio Gómez, un médico bogotano que hoy se pregunta cómo aceptó la vaca loca de ser gobernador encargado. "Hubiera sido mejor haber tumbado el edificio. Ya está prácticamente desmantelado el departamento", afirma sin ocultar su angustia e impotencia.
La Procuraduría local investiga un posible desvío de fondos a campañas políticas, y con ese fin le ha solicitado al contratista una relación detallada de cómo se invirtió el anticipo. Es llamativo que hubieran entregado el 50 por ciento por adelantado en una obra de este tipo. Prácticamente toda la plata que giró el gobierno central se le dio al contratista, y hoy son muchas las dudas de que esté invertida en el edificio.
¿Por qué se acudió a tan singular forma de pago? El Gobernador encargado presume que el dinero se giró para que no cayera en alguno de los muchos embargos que tienen las finanzas públicas del departamento. La hipótesis irónicamente trae consigo una de las principales claves para entender la desgracia de la mayoría en esta rica región, y la prosperidad de unos pocos, pues en el Chocó funciona como un relojito la industria del embargo. Existen denuncias sobre carteles de abogados, varios relacionados con la clase política local, que tienen una habilidad única para que la justicia funcione a su favor.
Un episodio sucedido el pasado 11 de agosto ilustra cómo funciona esta fórmula. Ese día, el asesor jurídico del departamento le dio poder a un abogado de un negocio que le habían quitado a otro jurista por "problemas de calidad en sus defensas", según dice un comunicado de prensa que trata de explicar la bochornosa situación. En menos de 24 horas, el nuevo abogado firmó en una notaría una conciliación por más de 3.500 millones de pesos con el demandante. Un juez, 24 horas más tarde, la aprobó y ordenó el pago de 783 millones de pesos de cuentas que tenía embargadas el departamento. La Gobernación solo fue notificada de la situación el 17 de agosto. "Acá todo el mundo se une, pero para que los dineros públicos terminen en manos privadas", dice el Gobernador. "Uno le paga a un abogado un millón de pesos y la contraparte en un solo envión se lleva de 300 millones para arriba. Le caen a todo, incluso a lo que es inembargable, como los recursos de salud y de agua potable. Ya estamos en los restos y ya vienen por el raspado de la olla".
Sin duda, se requieren soluciones de fondo, y, como dice la placa que se instaló el día de la inauguración de las obras del estadio de fútbol, "el desarrollo del Chocó es una responsabilidad de todos".
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