Las bases del crecimiento económico comenzaron a mostrar síntomas de agotamiento ya en 1971. La posibilidad de crecimiento sobre la capacidad instalada fue alcanzando su límite. El aumento del consumo disparó las importaciones y los precios del cobre en los mercados internacionales, principal fuente de divisas, bajaron. A la vez, los préstamos e inversiones externas cesaron casi completamente. El ’71 cerró con reservas agotadas y un déficit de balanza de pagos superior a los 300 millones de dólares. Comenzaba a operar el estrangulamiento externo, que traería como consecuencias la inflación y el desabastecimiento. Estas dificultades económicas no sólo eran producto de los límites de la economía chilena, sino también el efecto buscado por el imperialismo para ahogar el proceso chileno. Un verdadero bloqueo no declarado cayó sobre Chile, impulsado fundamentalmente por los capitales norteamericanos afectados por las nacionalizaciones, que buscaron limitar los créditos, las exportaciones y el abastecimiento de insumos y materias primas.
Las debilidades económicas que enfrentaba Allende fueron aprovechadas por la burguesía local para lanzarse a una ofensiva contrarrevolucionaria, que se intensificó hacia fines de 1971. El primero de diciembre de este año se produjo la primera gran manifestación de la derecha, la “marcha de las cacerolas”, encabezada por los partidos de oposición (Partido Nacional -PN- y Democracia Cristiana -DC-) y por las corporaciones empresarias. La SOFOFA mantuvo una constante agitación, impulsando campañas de prensa a través de los medios bajo su control. También intentó organizar en torno suyo a pequeños y medianos empresarios a través de un Frente Nacional del Área Privada. Uno de sus hitos fue el encuentro realizado el 2 de diciembre de 1971, con la participación de decenas de empresarios. Los discursos de los presidentes de SOFOFA y CPC coincidieron en señalar que lo que estaba en juego ya no era el posicionamiento frente a las políticas económicas del gobierno, sino cómo defender los fundamentos del orden social mismo, “la propiedad privada en todas sus expresiones”, que se encontraba amenazada.
Desde fines de 1971 las movilizaciones contra Allende, encabezadas por los partidos de la oposición burguesa y los lock out parciales se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La ofensiva fue agitada desde los órganos de prensa opositores y se bloqueó todo avance de la UP dentro de los marcos de la legalidad burguesa: el Parlamento votaba sistemáticamente en contra, la Contraloría General de la República, órgano de control administrativo, señalaba la ilegalidad de las decisiones presidenciales, y buena parte de los jueces encubría abiertamente la sedición. La ofensiva fue acompañada de una ola de atentados y disturbios callejeros, que eran ejecutados por comandos paramilitares abiertamente fascistas, como Patria y Libertad (PyL) y el Comando Rolando Matus, que contaban con el apoyo de oficiales golpistas de las FFAA y eran financiados por la gran burguesía†. La ofensiva se desarrolló coordinadamente, lo que lleva a pensar en la existencia de una dirección unificada de la contrarrevolución. Algunos hechos así lo demuestran: el 4 de marzo de 1972, por ejemplo, se produjo una reunión de la que participaron los máximos dirigentes de la burguesía y de los colegios profesionales (SOFOFA, CPC y los colegios de abogados e ingenieros, entre otros), el Ministro de la Corte Suprema, junto a dirigentes de PN, DC y PyL. Algunas de las reflexiones que se sostuvieron en la reunión trascendieron a la prensa: “Nuestra democracia, nuestra libertad, los derechos humanos están seriamente amenazados [...] Ante esta situación no cabe la cobardía ni el desaliento. Es la hora de la acción”.‡
La contraofensiva de las masas
Pero la ofensiva contrarrevolucionaria encontró una respuesta y un límite en la movilización de las masas: las manifestaciones de la derecha comenzaron a ser replicadas por marchas de apoyo al Gobierno. A la “Marcha por la democracia” convocada por la derecha el 12 de abril del ‘72, le siguió la “Marcha por la Patria”, que la superó ampliamente en número. A pesar de la disposición al combate de sus partidarios, la UP comenzó a ceder posiciones: el ministro de Economía Vuscovic, que encabezó la ofensiva nacionalizadora, fue reemplazado por Orlando Millas, que planteaba la necesidad de “consolidar lo actuado” y no seguir avanzando. La línea del PC, que apuntaba a conciliar con una fracción de la burguesía, negociar con la DC, mantenerse dentro de los marcos de la legalidad burguesa y evitar el conflicto con la fracción legalista de las FFAA, hegemonizaba el gobierno. Siguiendo esta línea, Allende intentó contener la movilización de las masas.
Mientras tanto, la contrarrevolución continuaba avanzando. En julio de 1972, la DC y el PN formalizaron su unión con la presentación de un frente común, la Confederación Democrática (CODE). La muerte de un comerciante de Punta Arenas, que falleció de un paro cardíaco tras los enfrentamientos con la policía en una manifestación, abrirá un nuevo ciclo de enfrentamientos. Inmediatamente, estallaron cacerolazos de repudio en la zona. Las corporaciones de comercio declararon un lock out nacional por 24 horas para el 21 de agosto. Las corporaciones de la gran burguesía salieron a respaldar la medida de fuerza.
Paralelamente, se creó la Confederación Nacional de Trasporte Terrestre (CNTT), que reunía a los dueños de camiones, taxis y autobuses. En la primera semana de septiembre los transportistas plantearon demandas unificadas por aumento de tarifas y mejoras en el abastecimiento de repuestos y vehículos, y amenazaron con concurrir a un lock out si el gobierno no las satisfacía. Conjuntamente, la derecha lanzó una campaña propagandística destinada a magnificar la escasez y la imagen de desorden público. Los grupos terroristas hacían lo propio en las calles y las manifestaciones opositoras se multiplicaron. Todo parecía parte de un plan destinado a derrocar al Gobierno, que Allende salió a denunciar el 14 de septiembre. El eje central de lo que el presidente denominó “Plan Septiembre” sería un lock out del transporte terrestre y marítimo, destinado a cortar los abastecimientos y paralizar la economía. El complot tenía ramificaciones dentro de las Fuerzas Armadas, donde algunos núcleos de oficiales preparaban un golpe de estado. La oportuna denuncia, la respuesta de las masas y la destitución de oficiales golpistas frustraron los planes de la contrarrevolución y la obligaron a posponerlos. Sin embargo, poco tardaron en reanudar la ofensiva. A comienzos de octubre se desplegó una campaña en favor del alza de precios de la única empresa productora de papel. Apoyaron la petición, presentada como una defensa de la libertad de expresión, SOFOFA, SNA, CPC y CNTT. Por otro lado, la minera norteamericana Kennecott presentó querellas en distintos países europeos demandando el embargo de los embarques de cobre chileno, en desacuerdo con los términos de su nacionalización. La medida afectó la colocación del principal producto de exportación, acentuando las dificultades económicas. El 6 de octubre el Senado, con mayoría opositora, acusó al gobierno de ilegítimo. Un día después, León Vilarín, dirigente de la corporación de dueños de camiones de carga, anunció un lock out nacional de transportistas que comenzaría el 11 de octubre. El 10 de octubre se realizó una inmensa concentración opositora en La Alameda. Al día siguiente los titulares de los diarios de derecha anunciaban la llegada de “La hora de la acción”, recogiendo declaraciones del titular del PN, quien señaló que “Chile inició la resistencia civil contra el comunismo”.