En diciembre de 2007, ya cuando se había consumado el montaje contra Iván Velásquez, se puso en marcha un segundo complot. Hurtado y Tabares comisionaron a Leal para que se desplazara a recibir en una casa en el barrio Chapinero de Bogotá el teléfono del abogado de Don Berna, Diego Álvarez, quien supuestamente tenía información que comprometía a Velásquez. A Leal le suministraron el teléfono e intentó comunicarse, sin éxito, con Álvarez. Entonces Sergio González apareció súbitamente para hacer el enlace. Fue María del Pilar Hurtado la que sugirió su nombre como puente para tratar de ubicar a Álvarez. “Después de un momento (González) me llamó y me dijo que había hablado con él (Álvarez) y que estaba esperando mi llamada”.

Lo que sigue fue bien conocido por la opinión pública, vino la famosa reunión de emisarios de Don Berna en Palacio para entregar presuntas grabaciones de excesos de la Corte. Una vez más se consumó otro montaje. Lo increíble es que el DAS le dio grabadoras a Diego Álvarez, que a su vez éste le entregó a Don Berna, para que hiciera registros de las conversaciones que sostenía en prisión con Rafael García, ventilador de la parapolítica, y que hicieron parte del paquete de audios entregados al Gobierno en desarrollo del complot. Grabadoras que compró la propia Leal con dinero del rubro de gastos reservados. Antes el DAS le había dado un equipo de video al abogado Álvarez para que grabara al ex registrador Henry Anaya, quien se vendía como amigo de Iván Velásquez y pedía ‘mordidas’ para, al parecer, gestionar prebendas a ‘paras’ procesados.

Desde diciembre de 2007, Diego Álvarez mantuvo estrecho contacto con el DAS y, a través del funcionario Léider Tabares, le hizo llegar todas las grabaciones que hizo Don Berna. Este material lo procesaba Léider Tabares en un programa especial en el organismo de seguridad y se le hacía llegar a María del Pilar Hurtado. Del relato de Martha Leal se concluye que mucho antes de la famosa reunión de abril de 2008 entre emisarios de Don Berna y los secretarios jurídico y de prensa de Palacio, estos audios ya los tenía el DAS. Por orden de María del Pilar, estas grabaciones fueron transcritas y nuevamente enviadas a ella, con copia al abogado Álvarez. “En la medida en que iban llegando estas grabaciones a ella (Hurtado), se le estaba informando y se le entregaba el material, pues ella comentaba que en Palacio estaban pendientes de recibir esa información. Esto sucede entre enero y abril de 2008”, confesó Leal. De colofón, Léider Tabares inscribió al abogado Diego Álvarez como una fuente humana del DAS.

Por esos mismos días, María del Pilar Hurtado volvió a poner en contacto a Leal con el abogado Sergio González. Ya había estallado el escándalo de la yidispolítica, la ex congresista Yidis Medina le confesó a la Corte cómo le compraron su voto para aprobar la reelección y había una tempestad política en el país. Entonces González apareció para referir que tenía un periodista amigo que poseía fotos e información “de que Yidis Medina tenía vínculos con el Eln”. Leal contó que se pagaron $20 millones por esta información, pero en el DAS no querían que se supiera que se había destinado para la ‘vuelta’ de Medina. Por eso se legalizó ese dinero como si se hubiera desarrollado un operativo en contra de las Farc.

Como anécdota curiosa, Leal cuenta que cuando los medios se enteraron de la famosa reunión en la Casa de Nariño, le preguntaron a la directora Hurtado si sabía de grabaciones sobre el tema de la Corte Suprema. Ella les dijo que no, “que en algún momento al DAS le habían pedido hacer interceptaciones de manera irregular y que el DAS no había aceptado ese tipo de propuestas”. También contó Leal que una asesora del ex ministro Andrés Felipe Arias, llamada Eugenia, le solicitó que el DAS consiguiera la declaración que le había entregado Rafael García a la Corte Suprema sobre parapolítica. “Ella (Eugenia) me dijo que allí se había dicho algo en contra del ministro y que se habían hecho unas afirmaciones muy graves contra el DAS”. Fue así como Leal le reportó al capitán Tabares esta petición y él, a su vez, contactó a William Romero, subdirector de fuentes humanas. Romero le encargó esta misión a la ‘Mata Hari’ del DAS, Alba Luz Flórez, y la declaración de García fue conseguida.

Martha Leal contó que supo que en la Dirección de Inteligencia el detective Danny Usma y otros elaboraron un video que relacionaba a personas de izquierda con el ideario de las Farc, que en tiempos del director del DAS Andrés Peñate se dieron instrucciones para buscar fuentes en el Congreso con el fin de averiguar qué pensaban los parlamentarios sobre el referendo reeleccionista y se ordenó seguir a Álvaro Leyva en sus gestiones humanitarias y al periodista Daniel Coronell y su esposa María Cristina Uribe. De nuevo, en relación con Sergio González, Martha Leal contó que él la llamó, preocupado, para preguntarle qué le había dicho ella a la Procuraduría en relación con el escándalo del caso Tasmania. Y añadió que Sergio González envió a Palacio muchos mensajes de comandantes paramilitares recluidos en Itagüí a los que les interesaba que dicha información llegara directamente a Presidencia.

Por último, la Fiscalía le preguntó: ¿Qué relación tenía Sergio González con Santiago Uribe o Mario Uribe? Leal contó que sabía que González tenía oficina en el mismo edificio de Santiago y Mario Uribe en Medellín y que tenía también una finca aledaña a la de Mario. En síntesis, de lo dicho por Leal se desprende que Sergio González era un hombre muy bien contactado en la Casa de Nariño, con familiares del ex presidente Uribe y con abogados de paramilitares, y que apareció en momentos protagónicos que generaron escándalo. De González se dice que es uno de los penalistas más experimentados de Medellín y que, como los Uribe, es amante de los caballos. ¿Por qué el DAS le corrió tanto a González? Por el montaje al magistrado Velásquez ya le imputaron cargos y la justicia hoy ata otros cabos.

Fallido atentado a Caracol Radio

Tal como lo informó elespectador.com este miércoles, Martha Leal contó que tuvo conocimiento de que en 2008 miembros de las Farc fraguaron un plan terrorista para atentar contra Caracol Radio en Bogotá. Según las pesquisas, un recluso desde la cárcel Modelo dio órdenes a milicianos para introducir un carro bomba a Caracol Radio. Guerrilleros de la Teófilo Forero o la Red Urbana Antonio Nariño estaban detrás del ataque.

El jefe de seguridad del medio le suministró a Martha Leal los teléfonos de un vigilante de un edificio aledaño a Caracol, “quien habría sido contactado por un integrante de las Farc para que ayudara a hacer labores de vigilancia sobre los parqueaderos de Caracol y así ingresar el carro bomba”. Leal relató que se ubicó el celular del enlace de las Farc que se comunicaba con el portero. Sin embargo, dijo, no supo qué pasó con esa investigación, “porque no hubo judicialización”. Las autoridades buscan establecer si este fallido atentado se relaciona con el que se perpetró el pasado 12 de agosto en la sede de Caracol Radio.

Procuraduría indaga

Tras las revelaciones de Alba Luz Flórez, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra 12 doce funcionarios. Del DAS serán investigados Flórez, su ex jefe William Romero y otros agentes. En relación con la Policía, Ordóñez evalúa las conductas del mayor Julián Laverde, ex jefe de Seguridad del Congreso; Franklin Grijalba, quien trabajó en la Corte Suprema, y los escoltas Manuel Pinzón y David García. Las aseadoras de la Corte, Blanca Maldonado y María Torres, quienes plantaron grabadoras en sesiones de Sala Plena, también serán indagadas.

Por hostigamientos a Espinosa

Cuatro policías fueron llamados a rendir interrogatorio por la Fiscalía en desarrollo de la investigación que solicitó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo Espinosa. Se trata del mayor Húber Roberto Carvajal, el teniente Jesús Adrián García y los agentes Rodrigo Alberto Cuevas y César Chipatecua. El magistrado Espinosa denunció que hace un año, cuando se desplazaba en su vehículo de Bogotá hacia Medellín, dos carros lo siguieron y por poco lo hacen chocar en carretera. Los vehículos resultaron adscritos al Gaula de la Policía.

Redacción Judicial EL ESPECTADOR

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Que horror.