Contrario a lo que ocurre hoy, al campesino no le tocará demostrar que él es el dueño, ya que la nueva ley contempla que la carga de la prueba quede invertida de tal suerte que sean los actuales tenedores o propietarios los que tendrían que demostrar que no participaron del despojo. Si el actual tenedor no logra probar de forma convincente su derecho a la propiedad, el magistrado ordenará la restitución de la tierra al despojado y se la titulará. Y en caso de que el actual 'dueño' de la finca vaya a pleito y demuestre que no era un testaferro sino un tercero de buena fe, el magistrado ordenará indemnizarlo y el pago se hará con TES de deuda pública.
La fórmula no es nada fácil de aplicar. Es como si Colombia se devolviera en la máquina del tiempo hasta 1991, dejara tal cual la propiedad de la tierra como estaba en ese momento, y así hacer caso omiso de las consecuencias del conflicto y tratar de reparar los daños que hicieron durante este periodo los señores de la guerra, ya sean de izquierda o de derecha, en el campo. Una medida de la dificultad que enfrenta el gobierno es que en cinco años de la Ley de Justicia y Paz, del más de millón de hectáreas que se le atribuye al despojo paramilitar solo han entregado 21.000.
En el lanzamiento de este ambicioso proyecto, el viernes pasado, en un acto simbólico el presidente Santos entregó 400 hectáreas, que había devuelto Macaco, a 40 familias que hacen parte del laboratorio de paz del Magdalena Medio.
Lo anterior es, sin embargo, solo uno de los capítulos de la política de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos. Hay otros no menos importantes. El segundo es el de extinción de dominio. El Estado ha fracasado en la aplicación de esta figura a pesar de llevar tres lustros ensayándola: 789.000 hectáreas han sido decomisadas; pero por falta de pruebas la tercera parte ha tenido que ser devuelta a quienes se las habían incautado, y es tal el desorden que otra tercera parte no se sabe en manos de quién está en la actualidad. Solo se ha logrado extinguir definitivamente el dominio de 100.000 hectáreas, y de ellas solo 15.000 se han entregado a desplazados. Es decir, de casi 800.000 hectáreas, solo el 2 por ciento ha llegado a manos de los campesinos.
El tema de extinción ha estado a cargo del ministro del Interior, Germán Vargas, quien le ha pedido al ex ministro de Justicia Carlos Medellín que diseñe el proyecto. La idea inicial sobre la que están trabajando es que los trámites se agilicen o que el Estado compre -también con TES- las 330.000 hectáreas que aún hoy están atascadas en el trancón judicial, para ponerlas en la bolsa de tierras. A esa bolsa también van a ir a parar otras 650.000 hectáreas que hoy están en poder del Ministerio de Agricultura. Todas, en teoría, serán devueltas a víctimas, y también entregadas a campesinos pobres.
El tercer gran tema de la política del gobierno es formalizar 1,2 millones de predios rurales que hoy no tienen papeles de propiedad y suman más de 6 millones de hectáreas. Se trata de un ejercicio de titulación masiva, como el que se dio en la época de López Pumarejo. El esfuerzo va a ser también monumental si se tiene en cuenta que todavía hay oficinas de registro en el país que no tienen computador. Pero es una tarea urgente, porque la informalidad en el campo es tan grande que abona el terreno para que los violentos se sientan como Pedro por su casa.
El cuarto capítulo de la política va a tocar el bolsillo de los terratenientes. Se trata de la modernización que el gobierno quiere hacer del impuesto predial en el campo. Es muy diciente que del total del avalúo catastral del país, que asciende a 500 billones de pesos, el de Bogotá pesa 200 billones y el de todo el sector agrario apenas 70 billones. Hoy algunos dueños de tierras pagan una tarifa de uno por cada 1.000 pesos del valor catastral. Sin embargo, en este gobierno, en las discusiones preliminares sobre el tema, se ha mencionado una tarifa mínima de cuatro por 1.000 y hasta de 16 por 1.000 para predios improductivos. Y eso que parece sencillo es un chicharrón no menos complicado que los anteriores, dado el poder que ha tenido tradicionalmente en el país la clase terrateniente. Hay un dato interesante: la tarea de modernizar la estructura tributaria del agro fue una de las metas que le puso hace 60 años el Banco Mundial a Colombia, cuando vino su primera misión al país encabezada por Lauchlin Currie, pero ningún presidente se ha atrevido a cumplirla.
Los otros dos capítulos de esta cruzada tienen que ver con la organización del uso que se le debe dar la tierra en Colombia y cómo hacerla más productiva. En el país hay 114 millones de hectáreas, y de ellas, más de la mitad, 65 millones, fueron declaradas hace medio siglo zonas de reserva. Pero a hoy, con el paso del tiempo y de los sembrados de coca, en la práctica han dejado de ser reserva 14 millones y se van a excluir de esa calificación 6 millones más. Esto quiere decir que el país amplía su frontera agrícola, y lo que busca el gobierno Santos es dejar esos límites claros y sellar definitivamente las selvas y otras reservas, para que el país no siga perdiendo su patrimonio ambiental.
¿Y cómo hacer más productiva esta mitad del país compuesta por tierras útiles agropecuarias? Ese es, para expertos como el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, uno de los grandes desafíos de este gobierno. Hay que darle, literalmente, un revolcón al campo. La idea del ministro Juan Camilo Restrepo es que la tierras dedicadas hoy al ganado se reduzcan a la mitad. En la actualidad son 38 millones de hectáreas, y la meta sería reducirlas a 20. Por otra parte, el Ministro aspira a que las tierras dedicadas a la explotación agrícola se multipliquen por cuatro, pasando de 5 millones de hectáreas a 20 millones.
Todas estas metas tendrán como parámetro de comparación los resultados obtenidos en materia de reforma agraria en el pasado. Durante el primer gobierno de López Pumarejo, hace 75 años, cuando el país era esencialmente feudal, se alcanzaron a titularizar 60.000 hectáreas por año. Por otra parte, la Ley 160 de 1994, expedida al final del gobierno de César Gaviria, y otras reformas produjeron entre 1994 y 2002 la redistribución de alrededor de 600.000 hectáreas. En el gobierno de Uribe, se calcula que se entregaron 66.000 entre subsidios y tierras.
Los enemigos
El tamaño de la cruzada es tal que se corre un considerable riesgo de fracasar en el intento. Solo conseguir la información, que está dispersa y en algunas oficinas apenas es parcial, será una tarea de una enorme dificultad, y más si el propósito es hacerla de manera rápida. Devolverles esas tierras a campesinos injustamente despojados implicará conflictos jurídicos monumentales que requerirán, para desenredarse, una gran voluntad política.
No va a ser fácil, sin ir más lejos, su tránsito por el Congreso. Como dijo un experimentado senador, "una gran mayoría de los congresistas son representantes de ganaderos y terratenientes". El primer pulso se verá en la Comisión Quinta, a la que le corresponde discutir los temas de tierras.
Los aspectos legales pueden llegar a ser la mayor barrera. La figura que se tiene que aprobar es una especie de expropiación, que si bien se fundamenta en la utilidad social, también puede entrar en choque con otros pilares del Estado de derecho, como la presunción de buena fe, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. En lo que se refiere a títulos de propiedad, en Colombia no todo es blanco o negro. Cada situación es diferente y se encontrarán muchos casos en los que no habrá claridad, y aunque un campesino despojado demuestre que era tenedor de un predio antes de 1991, no se le va a poder incautar ese predio al actual tenedor. En esos casos, el gobierno tal vez recurra, como lo ha sugerido, a llegar a un acuerdo y buscar otras opciones para reubicar a esas familias desplazadas.
Son tan grandes todos los problemas enumerados anteriormente que el enfrentamiento con los grandes jefes paramilitares que produjeron el desalojo es importante, pero no es el mayor desafío. La mayoría de ellos están recluidos en cárceles y su poder no es el que tenían cuando le estaban ganando la guerra a la guerrilla. Esto no significa, sin embargo, que no vaya a haber violencia en el proceso. El gobierno parece tenerlo muy claro. Los asesinatos y las intimidaciones contra quienes quieren recuperar su terruño son el pan de cada día. No solo Mancuso, Macaco, Don Berna y compañía matan en Colombia. También lo hace la nueva generación de bandas emergentes que se han quedado con muchas de esas tierras.
Un ejemplo macabro de este fenómeno es el caso de 'Colombia', un hombre al que en diciembre pasado el Estado le devolvió las 38 hectáreas donde los paramilitares habían matado a su hermano y a su papá. No valió ni siquiera que el entonces vicepresidente Francisco Santos les hiciera saber a quienes lo habían despojado que el gobierno estaba muy pendiente de la suerte de 'Colombia'. En mayo pasado lo mataron, y mes y medio después el alcalde encargado de Necoclí firmó un acta de devolución de las tierras al personaje a quien se creía que el Vicepresidente había dirigido su advertencia. En ocho años han matado a 45 líderes de grupos de víctimas. El ministro Juan Camilo Restrepo ya se reunió con el cuerpo de generales para pedirles protección.
El panorama es bastante áspero. Pero también es cierto que las verdaderas revoluciones son las que todos consideran imposibles. Y es ahí donde aparecen los líderes que, contra viento y marea, las saquen adelante. El principal factor a favor de esta histórica propuesta es la voluntad férrea de hacerlo que tienen el presidente Santos y su ministro Juan Camilo Restrepo. Los dos están jugados. No están apostando al aplauso de sus contemporáneos sino a su puesto en la historia. Cuentan por ahora con la enorme popularidad que rodea al gobierno en esta etapa de luna de miel. Pero nada acaba una luna de miel más rápido que un gobierno reformador, y eso es precisamente lo que quiere ser Juan Manuel Santos.
Si lo logra, pasará a ser uno de los grandes transformadores del país. Con una verdadera reforma agraria Colombia podría cerrar heridas que tiene abiertas desde la época de la Independencia. En términos más contemporáneos, será una oportunidad para saldar la deuda moral con las víctimas del conflicto armado, y al mismo tiempo dará un salto importante en la búsqueda de la equidad. Pero sobre todo, puede hacer que se acabe esa división que ha existido en Colombia desde hace 200 años: una Colombia urbana, moderna, tolerante y productiva, y otra Colombia rural atrasada, paupérrima y olvidada, donde aún se dan comportamientos de la Edad Media.