Algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Accu.
El caballista cercano a los Ochoa, Javier Piedrahita que era amigo de ‘Vecino’, en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una reunión con Castaño. Después se reunieron muchas veces ‘Vecino’ y Castaño, hasta cuando a fines de 1998, según relata ‘Vecino’, Carlos Castaño lo invitó a ser el jefe político de las Auc en Sucre.
También a mediados de los noventa, en Córdoba-Tetón y Zambrano, Bolívar, otros finqueros y agroindustriales (entre los que estaba Pizano S.A. con sus enormes sembradíos de madera teka de su empresa Monterrey Forestal), estaban desesperados con la extorsión y la inseguridad guerrillera. Algunos de ellos, es difícil precisar quiénes porque no se conoce de una reunión específica donde esto ocurriera, buscaron la ayuda de los “exitosos” paramilitares de Urabá. El narcotraficante Miki Ramírez ya tenía en la región ribereña a su grupo armado, bastante violento con los campesinos, pero no había dado abasto con la guerrilla.
Fue Salvatore Mancuso, de Córdoba, el que vino en su auxilio. Les envió un primer grupo que entró por El Guamo. En el proceso judicial que se llevó a cabo por el asesinato del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tiedjen, en noviembre de 1997, un miembro de ese grupo originario de El Guamo, Edwin Zambrano, alias “William”, que se fugó, le contó a la justicia lo que sabía. Fue un testimonio valioso porque fue de apenas semanas después de ocurridos los hechos y como las Autodefensas eran aún eran pequeñas Zambrano pudo conocer bastante bien a los jefes. A los fiscales de derechos humanos en Bogotá les sirvió para dictar la primera orden de captura contra Mancuso.
Edwin Zambrano le contó a la justicia entonces, que había trabajado con ‘Chepe’ Barrera en el Difícil, Magdalena y con Neftalí Ramírez, y que después de fue a El Guamo, Bolívar a la Convivir de alias ‘Leopardo’. Contó como el primer hombre que envió Mancuso a “romper zona” a El Guamo fue ‘Darío’, esposo de ‘La Chave’, quien manejaba la radio y la prensa de Castaño, después vino ‘Lino’, y por último ‘Leopardo’ o ‘Chuzo’, este último hoy en el proceso de Justicia y Paz. Dijo que en El Guamo había varias fincas a nombre de ‘Leopardo’, pero que “en realidad eran del Mono Mancuso”, como Las Pampas, Chimborazo, Totumo, La Marqueza y que allí “trabajaba el grupo rural que eran como 30 personas y se hacía entrenamiento”. También dijo que entrenaban en la finca El Chimborazo en El Guamo que era de Miki Ramírez.
Zambrano también reveló que “los jefes de mayor jerarquía están ubicados en el Urabá antioqueño y son los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Un subcomandante de esa misma organización es el señor Salvador Macuso, alias ‘El Mono’, un señor ‘Doble Cero’ y el señor Víctor Carranza. Conocí que estos eran los máximos militares de esa organización”.
Otro de los compañeros de Zambrano, Alfredo José Rúas de San Juan Nepomuceno, quién dijo que fue forzado a unirse a los ‘paras’. Éstos habían asesinado a su padre y le mandaron decir que para poder preservar la finca que le heredó, tenía que ayudarles con información. Terminó metido de lleno en ese grupo de El Guamo que cometió varios asesinatos. Dijo además cosas sorprendentes, que detrás de los Castaño estaba el narcotráfico y que ese era su verdadero interés: “Hay un primo de Carlos Castaño, que le dicen ‘Jota’ o ‘Carrancho’ o ‘El Alemán’, ellos tienen muchas cocinas por los lados de Caucasia y Chocó, el tapón del Darién y eso es lo que estaban peleando, no tanto la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga. Hay otro señor que tiene propiedades por Caucasia, le dicen ‘Javier’, pero el nombre propio es Carlos y la señora Margarita. ‘El Mono’ Mancuso es como un lugarteniente”.
Las confesiones de Rúas y de Zambrano también dieron lugar a que la Fiscalía esclareciera varios homicidios en San Juan Nepomuceno y en San Jacinto y le abriera investigaciones a varios miembros de Armada y Policía que le daban vía libre a los ‘paras’ para que mataran.
La justicia sabía todo esto desde fines de 1997. Y el entonces fiscal de derechos humanos Virgilio Hernández en Bogotá dictó varias órdenes de captura contra los jefes de esa organización incipiente. Recibió amenazas, tuvo que cambiar de puesto, y después fue despedido de su cargo. Quizás si hubiera podido continuar su tarea, el paramilitarismo en el Caribe se hubiera detenido cuando apenas empezaba.
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