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Sanabria · 31-08-2010 , 11:04:01

Analizan intervención de CICR para humanizar conflicto en Medellín

Este martes el Presidente, el Ministro de Defensa y los altos mandos militares analizan nuevas medidas de seguridad para la comuna 13.

En la Base Aérea de Rionegro se realizará un consejo de seguridad que busca nuevas medidas para frenar la guerra entre pandillas que se disputan el territorio y operan bajo el mando de narcotraficantes y paramilitares en la comuna 13 y las otras zonas de Medellín.

En el encuentro el presidente Juan Manuel Santos Calderón, el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el alcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo, y los altos mandos militares y de Policía analizarán la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja de intervenir en la zona con el fin de humanizar el conflicto.

Así mismo, se planteará una vez más la necesidad de fortalecer el sistema judicial, ya que la delincuencia le ha tomado el pulso al Sistema Contravencional y Penal, así como a la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

Mientras las autoridades evalúan el regreso de la unidad anti Bacrim a la capital antioqueña, la Personería para los Derechos Humanos insiste en que se debe realizar una intervención integral en estos barrios.

Si bien la violencia se venía registrando meses atrás, en las últimas semanas se ha agudizado en las comunas, los barrios más deprimidos ubicados en las laderas que rodean el centro de Medellín, en el noroeste de Colombia.

A 31 de julio, 2.266 personas habían abandonado sus hogares acosados por la violencia, mientras que los asesinatos ascendían a 1.250, sin contar los registrados en agosto, según el personero de Medellín, Jairo Herrán, cuya misión es velar por los derechos humanos en esta ciudad.

La propuesta del Alcalde Salazar
Este es el texto completo de las peticiones y la reflexión sobre la seguridad en Medellín que expondrá el alcalde Alonso Salazar Jaramillo en el consejo de seguridad de este martes.

"1. Apoyo en logística y personal de justicia. Hace unos meses fue asesinado un juez. Tanto jueces como fiscales han requerido mayores medidas de protección que incluyan personal policial en salas de audiencia y transporte para movilizarse en condiciones de seguridad.

2. La Fiscalía de Medellín, además de que requiere más personal porque sus funciones se han multiplicado, también necesita que se provean más de 200 cargos que están vacantes.

3. Recursos para tecnología: se cuenta con las instalaciones para instalar el laboratorio desde hace tres años, un edificio que fue comprado por el Municipio de Medellín. Sin embargo el Gobierno Nacional no ha cumplido con su parte. Los organismos de justicia carecen de equipos o son obsoletos.

4. Solicitamos que la Unidad Especial Bacrim, que se había creado en Medellín para atender el Valle de Aburrá y que fue nacionalizada, ampliando el radio de acción a los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, vuelva a ser coordinada por la Seccional de Fiscalías de Medellín. Además que se refuerce con mayor número de fiscales para acelerar múltiples trabajos iniciados contra bandas criminales de la ciudad.

5. Se requiere además que se le den facultades discrecionales al Consejo de Seguridad del Valle de Aburrá para ordenar el traslado de delincuentes que siguen multiplicando el conflicto desde las penitenciarías locales.

6. Solicitamos que el Gobierno Nacional evalúe y de respuesta a la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja de intervenir con fines humanitarios en el conflicto de la ciudad de Medellín.

7. Fortalecer alternativas de resocialización. Llamar a la modalidad de servicio militar obligatorio a jóvenes que se han identificado como pertenecientes a grupos criminales y repetir con ellos la experiencia de los primeros ochocientos que fueron llevados a un centro de formación del Sena y luego regresarlos para que realicen trabajo comunitario en la ciudad. Este caso es pionero en Medellín y su aplicación ha tenido buenos resultados

8. Fortalecer el programa de protección de testigos. Evaluar algunas alternativas menos costosas que no desarraigan los informantes y sus familias.

9. Crear un sistema de apoyo legal a las víctimas.