Por Rudolf Hommes
La figura de las regalías, tal como opera en Colombia, en lugar de favorecer a las poblaciones que las reciben les ha hecho bastante daño. Hay municipios que tienen piscinas con olas, pero no cuentan con acueducto y alcantarillado; otros tienen fuentes de colores, pero no cuentan con escuelas. Emprenden obras suntuarias, pero no ofrecen los servicios de salud básica elementales, ni atienden las necesidades nutricionales de la población infantil del municipio. El DNP ha encontrado que en algunos de los departamentos que más se benefician de las regalías, los municipios que las reciben muestran resultados de bienestar social y calidad de vida que son inferiores, y en algunos casos muy inferiores, a los que reciben menos regalías o no las reciben.
Cuando se confronta a los políticos tradicionales con esta evidencia, ellos responden haciendo inventario de los contratos que celebraron. Los congresistas también son dados a responder a quienes se quejan del mal uso de las regalías con listas de contratos concedidos con su patrocinio. Este tipo de evidencia, en lugar de exonerarlos de responsabilidad, como ellos pretenden, debería servir para condenarlos por otorgar contratos a contratistas de su misma cuerda política o porque en muchas oportunidades hay incumplimiento de su objeto o mala utilización de los recursos.
Los problemas con las regalías se pueden derivar de que no se utilizan para responder a las urgencias más apremiantes, como puede ser la satisfacción de necesidades básicas de la población (agua potable, alcantarillado, salubridad rural, educación, salud y nutrición). Y, aun cuando se destinan a fines prioritarios, los sistemas de contratación y el clientelismo que los domina no seleccionan a los contratistas por sus cualidades para ejecutar eficientemente los proyectos, sino por su afinidad política con los grupos que están en el Gobierno y en los órganos legislativos, lo que da pie para que parte de los recursos se dirija a financiar campañas políticas, a pagar favores o a otros usos, que implican corrupción o desperdicio. De esa manera, se pierde efectividad social en el gasto porque el dinero se invierte mal o se lo roban. La injusticia consiste en que el beneficio que debería dirigirse a las familias más pobres se queda en la mitad, en el mejor de los casos, o arriba.
Pero este no es el peor defecto de las regalías. El peor defecto es que subordinan las necesidades de la nación a los caprichos de las regiones y que estas se benefician desproporcionadamente por un accidente geográfico o geológico: porque hay depósitos de minerales en su territorio que son propiedad de todos los colombianos, pero que usufructúan solamente los que tienen los yacimientos cerca.
No sé quién concibió esta regla de asignación, pero es incorrecta. Los recursos son de todos los colombianos, no de los de la región de donde salen los minerales, y si hay lugar a una jerarquía, esta debe establecerse en relación con las necesidades de los habitantes de todo el país. Si ese es el criterio, una porción importante de los recursos de las regalías debería financiar proyectos de infraestructura física y social en las dos costas -posiblemente más en la Pacífica que en la Atlántica por razones de equidad- y en las zonas de frontera, y destinarse a que los más pobres tengan acceso a los servicios públicos básicos y a educación y salud.
Si sobran recursos, podrían destinarse a los grandes proyectos de infraestructura y a educación superior, que van a beneficiar a todas las regiones. Las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras. La forma como se asignan las regalías es injusta, fomenta la corrupción y facilita o induce prácticas políticas que riñen con el desarrollo económico y político del país. Ojalá el Gobierno no deje que los políticos le dicten la reforma de regalías que se necesita.