La alerta que extendieron a las autoridades también contempla que a sus familias las quieren matar.
Más de 400 denuncias se han presentado ante autoridades y organismos de vigilancia por parte de desmovilizados paramilitares, en relación con un plan de exterminio en contra de ellos y sus familias.
Fernando Soto, vocero de los desmovilizados y presidente del Movimiento de Reconciliación Nacional, dijo que grupos ilegales los amenazan si no se integran a sus filas, pero cuando abandonan las regiones asesinan a sus familias y se ven obligados a regresar e integrarse a las bandas emergentes y a las Farc.
Las denuncias de los desmovilizados, dadas a conocer por RCN La Radio, indican que al ingresar a los grupos ilegales les pagan más de un millón de pesos cuando están en zonas rurales, pero que en las ciudades les dan un salario de 800 mil pesos, todo libre de vestuario y alimentación.
Soto aseguró que varias de estas amenazas también están dirigidas a obligarlos a declarar en contra de algunos sectores políticos, incluyendo a las familias de los comandantes paramilitares extraditados a Estados Unidos, quienes incluso ya han sido víctimas de asesinatos.
Las zonas más afectadas, según Soto, se presentan en Medellín, Córdoba, Cali, Pereira y hasta Bogotá, "donde en la zona de Ciudad Bolívar se está presentando un reclutamiento muy fuerte".
Los desmovilizados hicieron un llamado al gobierno de Juan Manuel Santos, para que se nombre a un director del Programa de Reintegración y se implementen políticas de acción para evitar los asesinatos y el reclutamiento de los desmovilizados.