“Tampoco es cierto que hubiera llamado a alguno de los particulares que están vinculados a este proceso para sugerirles o indicarles el modus operandi bajo el cual concentraron más recursos de lo permitido en el programa de riego de AIS. No existe llamada alguna o contacto con estas personas para sugerirles o indicarles método alguno, regular o irregular, para acceder a las convocatorias. Nunca, ni como ministro ni como ex ministro, me reuní con algún particular o lo llamé para orientarlo en la formulación de su proyecto de riego. Mi capacidad técnica no hubiera alcanzado para ello (...) Mi participación como ministro se limitaba a animar a los gobernadores, alcaldes, gremios y asociaciones de toda Colombia a que participaran de los módulos de AIS”, dijo.

Lo contradijo parcialmente el beneficiario Juan Manuel Dávila Jimeno —suegro de la ex reina de belleza Valerie Domínguez, quien también se hizo acreedora a dineros de AIS—, quien en interrogatorio en la Fiscalía relató que, una vez estalló el escándalo, Arias lo llamó a él y a otros beneficiarios de AIS para que “no fuéramos a contestar ninguna llamada de periodistas hasta tanto tuviéramos una respuesta unificada”. El Espectador, en su edición del pasado 20 de enero, reveló que el palmicultor, que forma parte de uno de los clanes familiares más influyentes y poderosos del Magdalena, contó que Arias había hablado con él y con Jaime Gregorio Vives, Alfonso Dávila Abondano y Nelson Vives, también beneficiarios. La conversación duró 7 u 8 minutos, refirió el testigo.

Y añadió que vía telefónica “le pregunté si veía que en la forma en que presentamos los proyectos incurrimos en algún error, y él me dijo que todo era legal. (Pero) luego de 15 días su pensamiento cambió y estuvo de acuerdo con que nosotros habíamos hecho engaños (...) Yo le dije al ex ministro (Arias) que estaríamos pendientes de cómo íbamos a contestar conjuntamente, con su colaboración, pero esto nunca llegó y todos los días fueron más fuertes las agresiones”, concluyó Dávila. Su versión fue refutada por Andrés Felipe Arias, al resaltar que las cifras son demoledoras para defender las bondades de AIS, como que 1,2 millones de colombianos se beneficiaron, que un 98% eran pequeños y medianos agricultores y que 376 mil empleos se generaron o protegieron.

En el expediente de la Procuraduría por ahora, sin embargo, se detectaron más de 33 proyectos en los
que se fraccionaron tierras, donde se evidenciaron falencias en los estudios previos que dieron origen a los multimillonarios convenios con el IICA. Según el proceso, no hay datos precisos que justifiquen el valor de los cuestionados convenios con el IICA o un análisis riguroso para contratar sin licitación a este organismo adscrito a la OEA. Peor aún, advierte el procurador Alejandro Ordóñez, no se entiende por qué estas funciones no las podía asumir el Ministerio de Agricultura o por qué al revisar los recursos otorgados por el Estado al IICA para atender gastos de administración de los convenios supere “ampliamente el porcentaje fijado por la ley”.

Los investigadores tampoco comprenden por qué proyectos como Campogrande I, II, III, IV y V fueron declarados no viables en un principio, por parte de un panel de evaluadores, y luego, súbitamente, un comité de expertos, sin argumentaciones de fondo, corrigieron de un plumazo las inconsistencias advertidas y fueron aprobados subsidios por el Ministerio de Agricultura. Aún más, en lo que se ha documentado, la justicia critica que si bien la ley no prohíbe el fraccionamiento de predios, esta práctica no podía ser pasada por alto por el Estado, y no es una cosa menor si se tiene en cuenta que oportunamente fue enterado, a través de informes de interventoría de estas irregularidades y no se hizo nada para evitarlo. “Sin tener en cuenta que algunos presentaron varios proyectos sobre un mismo predio, siendo asesorados por técnicos del IICA”, según estableció el Procurador.

Por estos hechos, el ex ministro Arias, su sucesor Andrés Fernández, el ex director del Incoder Rodolfo Campo y otros 15 funcionarios del Minagricultura tienen una investigación abierta en el Ministerio Público. En la Fiscalía el caso apenas toma vuelo, y en manos del fiscal anticorrupción Alfredo Parada Ayala se concretan evidencias. Un rumor insistente, sin embargo, tiene alarmados a muchos en la última semana: que el proceso le será quitado al fiscal Parada, el investigador que más conoce los intríngulis denunciados y al que han tratado de sugerirle la tesis de que la responsabilidad por este caso recaería en beneficiarios avivatos y no en los funcionarios de alto rango que debieron atravesárseles.
El expediente de Agro Ingreso Seguro no ha estado exento de polémicas ni rumores. Todavía se desconocen los motivos por los cuales el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gustavo Roa, quien adelantaba las pesquisas en contra de los ex ministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, salió del ente acusador. Lejos de las conjeturas, Arias se presentará esta semana ante la Fiscalía para explicar sus decisiones al frente de la cartera. ¿Refrendará en el ente acusador lo que dijo en la Procuraduría de que ninguna responsabilidad le asiste en el escándalo de Agro Ingreso?

Fuente:http://www.elespectador.com/impreso/...nsabilidad-mia